“De vuestras amantes penas,
a sus libertades alas
y después de hacerlas malas
las queréis hallar muy buenas”.
Sor Juana Inés de la Cruz (Redondillas)
El abordaje político sobre un tema sensible para el establecimiento de la paz social por parte de las autoridades que directa o indirecta describe su función, resulta vinculante con la protección y preservación de los derechos de la persona humana y en el caso específico de la mujer. Debería, por lo que significa para el desarrollo de la familia, núcleo por excelencia del espectro social, ser parte de la agenda del gobierno actual. Y, enviar una señal positiva a favor de las miles de mujeres que por falta de un sistema de prevención efectivo, pudieran, como otras tantas, perder la vida en manos de sus parejas o exparejas.
El Estado Dominicano y el gobierno de turno han sido cómplices de las desgracias que tienen que atravesar cientos de familias por la pérdida de uno de sus miembros. Desprotegiendo a las víctimas y colocándolas en situaciones de riesgo y vulnerabilidad frente a su agresor. Las empuja al vació con sus mecanismos de revictimización que nos dejan una estela de disconformidades producto de la incorrecta aplicación de normas y dispositivos de control en materia de violencia de género e intrafamiliar y prefiere acumular, como es costumbre del PLD, en un receptáculo numérico los sentimientos zaheridos de la gente convertidos en estadísticas.
Las cifras, en su mayoría maquilladas por los organismos cuya misión radica en la absoluta aplicación de la ley, deberían ponernos a pensar y revaluar las fórmulas utilizadas hasta ahora, para lograr una disminución significativa de los feminicidios como producto final de la violencia machista en contra de la mujer.
No ha habido forma de que las autoridades entiendan que mientras no se elaboren y ejecuten planes derivados de la concreción de políticas públicas diseñadas para revertir el proceso de degradación de la familia, y se invierta en una educación preventiva, dirigida en todas sus partes a la detección temprana de los abusos a que son sometidas a diario las féminas por parte de sus cónyuges o relacionados. Tampoco será posible disminuir en forma gradual las muertes lamentables y evitables en la mayoría de los casos, de una cantidad de seres humanos cuyo único pecado es no contar con el amparo del Estado.
La misión del gobierno como administrador del Estado, va más allá de una publicación en los medios de comunicación y traspasa las fronteras de una simple opinión emitida por el presidente o el procurador, haciendo llamados vanos en vez de informar que se están creando las medidas para corregir ese mal que de una u otra manera nos afecta a todos y todas.
La misión de esas instituciones, radica en la búsqueda de una solución definitiva a la creciente ola de vulgarización, discriminación, desprotección y falta de orientación de la mujer, desde el seno del hogar, las entidades educativas, los lugares de trabajo y el sistema social integral en sus diferentes extensiones. Se debe regular un mercado misógino que produce riquezas, venciendo la imagen de que la mujer es una mercancía a la que se puede comprar y usar, como si fuera un objeto cualquiera.
El esfuerzo para reducir los actos de violencia que terminan en feminicidios, podría estar en manos de todos, pero la responsabilidad de la regulación del sistema que las hace víctimas y las eleva a cifras, reside en manos de las autoridades designadas por ley para ello. Pretender cambiar el curso de esa lamentable situación por medio de mensajes periodísticos o de redes sociales, es no entender que lo que hace falta es la correcta aplicación de políticas públicas, no de publicaciones políticas.