El aparato estatal está compuesto por leyes, reglamentos, decretos y resoluciones que regulan y hacen posible su misión y razón de ser institucional, sin embargo detrás de este andamiaje legal subyace una labor interesante y desafiante a la vez y que constituye un ejercicio continuo de profundo diseño, análisis, implementación seguimiento y evaluación y que constituye la esencia del accionar estatal, nos referimos a las políticas públicas.
Entender a cabalidad el ciclo de las políticas públicas, desde su concepción hasta su evaluación requiere sentarse en los hombros de un gigante llamado Estado, es contemplar analíticamente en palco de sombra los engranajes que dinamizan la gran maquinaria del ámbito público a nivel interno desde sus diferentes instituciones y a nivel externo desde los beneficiarios y actores involucrados en todo el proceso de desarrollo de una política pública.
Según expresa Oscar Oslak las políticas públicas Son un conjunto de acciones u omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de la sociedad civil. En este concepto son destacables dos aspectos, primero la principalidad del Estado en el surgimiento y desarrollo de las políticas públicas y segundo el hecho de que su articulación impactan directa o indirectamente a toda la sociedad expresada en la ciudadanía.
Resulta indiscutible la transversalidad de las políticas públicas en cualquier terreno de decisión estatal, las mismas deben ser concebidas como instrumentos de transformación y cambio a nivel interno (Instituciones) y externo (Ciudadanía) y tienen como objetivo resolver un problema general o específico que generan impactos positivos para toda la sociedad en su conjunto.
La dinámica inherente al accionar estatal durante toda la vida de una política pública esta estrechamente ligada a la participación cercana y estrecha de la sociedad en su conjunto expresada a través de la ciudadanía, la sociedad civil y el sector privado cada uno desde su ámbito de influencia, estos actores resultan imprescindibles en el entramado conceptual y práctico de toda política pública en cuanto a los efectos e impactos que generan, al tiempo que legitiman el ejercicio democrático y el fin del Estado (Habermas)
No es posible formular políticas públicas socialmente adecuadas y oportunas si no contamos en primer orden con una participación activa y directa de los actores sociales vinculados, en teoría son ellos los que deben empujar la labor de monitoreo y evaluación de las ejecutorias, el cumplimiento y los resultados de las mismas, ya sea en su fase inicial o en pleno desarrollo.
En ese ámbito la participación de múltiples actores sociales resulta fundamental impregnando mayor transparencia y dinamismo a todo el proceso, el simple hecho de la existencia de personas u organismos externos al Estado que monitoreen y evalúen el avance de una obra o programa público elimina las asimetrías de información propias de sistemas poco institucionalizados y proclives a la discrecionalidad y la opacidad en la esfera de decisión.
La base que sustenta las veedurías y monitoreos de la ciudadanía y que persiguen el involucramiento de la sociedad en las acciones del Estado lo constituye la inquebrantable complementariedad que debiera existir entre el Estado y los distintos actores sociales en procura de traducir en funciones concretas las demandas y necesidades de los ciudadanos, esto alude directamente a la búsqueda del bien común de la sociedad consagrado en la gran mayoría de los textos constitucionales.
Un gran obstáculo al empoderamiento de la ciudadanía y la sociedad civil de las políticas públicas expresadas en los proyectos y programas que se formulan y se ejecutan desde el Estado lo es el intrincado tinglado institucional, caracterizado por un marcado manejo discrecional de dichos proyectos por grupos de interés y en contraposición las escasas redes de información de los grupos de ciudadanos quienes en la mayoría de los casos son los beneficiarios directos de dichas iniciativas.
La cruda realidad nos indica que existe una brecha importante entre la agenda pública y las demandas y necesidades ciudadanas, alinear y hacerlas coherentes con el interés común de las grandes mayorías constituye un gran desafío. El Estado posee recursos limitados frente a demandas sociales prácticamente ilimitadas y resulta imposible dar a respuesta a todas aun siendo prioritarias, es por eso que el Estado debe transformar de forma significativa la calidad del gasto público reduciendo a su mínima expresión los despilfarros y sobretodo y lo más importante debe transparentar y auditar de forma prolija y meridiana el uso de los recursos del Estado haciendo accountability de forma permanente a la ciudadanía.
Sin embargo no podemos negar que se avanza y ha habido un leve fortalecimiento en la construcción de ciudadanía la cual es más consciente y exigente de sus derechos, la aprobación del 4% para la educación es el caso más emblemático y marcó un precedente luminoso en la conquista de derechos, puede considerarse como un gran triunfo de la ciudadanía y de la sociedad civil, quienes supieron cohesionarse y empoderarse en torno a un tema tan vital para el desarrollo nacional, el cual estaba previsto en la Ley y debía ser cumplido desde el Estado.