El politólogo y jurista Servio Tulio Castaños, en un artículo titulado “Políticas Públicas y Seguridad Ciudadana” del año 2011, apela a la doctrina española para definir el concepto de Seguridad Ciudadana expresada como una situación social en la que no existe riesgos o peligros para los ciudadanos, o sea, que estos pueden ejercitar libremente sus derechos y libertades sin que existan obstáculos para ello.
Asumiendo como válido el concepto anterior, juzgo que semejante estado de cosas dista mucho de la realidad dominicana. En las últimas décadas por ejemplo, la sociedad ha experimentado un incremento alarmante de homicidios que hacen cuestionar la efectividad de la política criminal del Estado. Para el 1984, se tiene registro de 582 homicidios ocurridos durante todo el año; pero tan solo diez años después (1994) la cifra de homicidios había sobrepasado los 1,200 casos y ya para el año 2009 dicha cifra se había duplicado. En la actualidad, la tendencia no ha variado.
Ciertamente, en principio resulta difícil impedir que el delito se genere en la forma que lo percibimos, pues el fenómeno se trata de una conducta que más allá de ser típica o antijurídica; es una acción descompuesta producida por distorsiones sociales que suelen tomar forma en el tiempo. Por el momento, el Estado dominicano responde a ello de manera reactiva, pero no se plantea enfoques que tiendan a combatir la criminalidad desde una óptica preventiva.
Un ser humano como ente social no nace ni bueno ni malo, no puede ser criminal como tampoco policía, pues el “Ser” al momento de su nacimiento carece de consciencia o razón y su sola existencia pasa desapercibida a sus nulos pensamientos. Las cualidades humanas, propósitos o despropósitos, irán a desarrollarse conforme a las condiciones de su entorno y el criterio que éste se forme de las cosas no serán más que el reflejo adquirido en su ambiente social.
Según un estudio reciente revelado por representantes del proyecto Alerta Joven auspiciado por la USAID, hay en la actualidad 600 mil jóvenes en riesgos de delinquir. Para el estudio se tomó como referencia otro análisis que concluye con la tesis de que la mayoría de adolescentes que han delinquido muestran inicios de una conducta de riesgo en edades tempranas y que no recibieron la asistencia necesaria. Por lo que, evidentemente, se trata de un tema de prevención.
Frente a este problema, el Estado dominicano parece depositar todo el esfuerzo que requiere el combate a la criminalidad en el Ministerio Público, procurando que éste actúe preventivamente cuando dicha institución por naturaleza es reactiva, y contribuye a que se ejecute un régimen de consecuencia aplicable a cada caso.
Por otro lado, debe considerarse la tensión generada con relación al Control de la Criminalidad y el respeto a los Derechos Humanos, y esto último se debe básicamente a una cuestión de populismo penal. En este respecto, el ciudadano común entiende que la persona desviada y que se dedica al crimen debe acaecerle una pena dura y desproporcional, e inobservable a toda razón de derechos. Sin embargo, dicho criterio es por igual totalmente errado, y obedece a la simplicidad en la que yace muchas veces el pensamiento común de la población.
Controlar la criminalidad no será cuestión de aplicar penas violatorias de derechos fundamentales, sino más bien de políticas estructurales que se orienten al desarrollo de cada ciudadano y de cada área de la sociedad. Los efectos de señalado comportamiento estatal no serán identificables al corto plazo, pero sí será efectivo al largo plazo; debido a que si la criminalidad de hoy ha sido el producto de una degradación paulatina de largo plazo, no podemos pretender que su solución será cuestión de medidas de corto plazo, ni mucho menos de “manos duras” como única alternativa a la cual recurrir para palear el flagelo.