a la conveniencia o no de que se reduzca el gasto público en la coyuntura actual. Muchos colegas, principalmente vinculados al área oficial, entienden que el gobierno no puede bajar el gasto público, sino que debe disminuir el gasto privado.
Siendo así, no queda más remedio que la gente pague más impuestos. Por eso el actual paquete impositivo y la elevación de las tasas de interés, los cuales deben encargarse de procurar que baje el consumo y la inversión privada para cuadrar las cuentas. Pero en este caso no se trata de que el gobierno gaste para impulsar la economía, puesto que al mismo tiempo se está restringiendo gasto privado, sino de sustituir un tipo de gasto por otro.
Ideológicamente yo me siento a gusto con una concepción que prefiere optar por más gasto público en vez de privado, pero cuando esto es parte del contrato social, entendido así por los integrantes de la sociedad. Ese fue, por ejemplo, el contrato social adoptado por los países de Europa del Norte, y les ha ido muy bien: tanto en la estructura de producción como de consumo de la sociedad se ha optado por mas bienes públicos y menos bienes privados. Esto siempre me ha parecido más justo y racional.
Claro está, eso sería una opción de sociedad, no la reacción a una coyuntura. Por tanto, aquí entra en juego la calidad del gasto, la racionalidad con que se gastan los fondos públicos. Ahora no se trata de tirar dinero desde un helicóptero; ni de contratar obreros para abrir hoyos, con tal de contratar otros para que los tapen.
La sociedad aspira a ver la racionalidad del uso que da el Estado a los impuestos que paga. De modo que una política así no aplica para un contexto en que el Estado por sí mismo se ha dedicado a proveer bienes privados (corrupción, clientelismo) en vez de públicos. La misión del Estado es proveer bienes públicos al país (para beneficios de la sociedad) en vez de bienes privados (para provecho de determinadas personas o grupos).
Un argumento muy usado en el país es que el gobierno tiene una serie de compromisos que confieren mucha rigidez al gasto. Por ejemplo, se dice que el gasto social es inflexible a la baja, lo cual luce muy bonito decirlo. Pero todo gasto bueno debería ser inflexible, independientemente de que sea social o no. Un gasto social puede ser una fuente de derroche y corrupción como cualquier otro.
Veamos: la denominación y contabilización de un gasto como social o no, es un simple convencionalismo. La construcción del famoso parqueo de la UASD es un gasto social (va a la función educación), mientras que la rehabilitación de un camino vecinal tras un derrumbe de tierra no es contabilizada como social (función transporte, que no es social). Tampoco es social el gasto en la policía o en la justicia, por muy loables que sean sus propósitos.
En cada caso se presume que el Estado interviene para proveer un bien público, pero en el caso del parqueo es casi seguro que la motivación fue satisfacer un apetito privado (corrupción). Los conceptos de eficiencia, racionalidad y transparencia deben ser el elemento de análisis para ver hasta donde es flexible o no el gasto publico.
Este gobierno ha derrochado mucho dinero, aún del llamado gasto social (para lo cual se dice que no hay recursos). Ejemplos de gastos sociales mal hechos fueron el parqueo del Palacio de Bellas Artes (cultura), el Centro Regional de la UASD en Barahona y del propio parqueo de que se habla ahora en el campus (educación) y todavía sigue la fiesta, porque la remodelación que anuncia el Ministro de Obras Públicas para el Estadio Quisqueya también es clasificado como gasto social (deportes).
Ahora bien, la inflexibilidad del gasto que muestra este gobierno, en momentos de tanta "austeridad" no es privativa de los servicios sociales. Para este gobierno son inflexibles a la baja otros gastos no catalogados como sociales, como los servicios económicos (guaguas y gasoil para los sindicalistas y empresarios del transporte urbano), sus obras favoritas de infraestructura urbana (o mejor dicho, capitalina) y los llamados servicios generales, como las relaciones internacionales (caso del excesivo y costoso personal en legaciones diplomáticas y, más dolorosamente, el avión y lujoso hotel fletados para cientos de personas con motivo del reciente viaje del Presidente a Brasil)