“La planificación lo es todo”-Dwight D. Eisenhower.
La política energética (PE) es un instrumento de Estado de largo plazo, enmarcado en la política global de desarrollo, que en nuestro caso es la Estrategia Nacional de Desarrollo (END). Ella encarna, correctamente concebida, la visión y la agenda energética correspondiente. La planificación energética (PEN), como se ha dicho, es su herramienta de ejecución y perfeccionamiento por excelencia.
La PE es una estrategia global, una mirada multidimensional que discierne correctamente los elementos económicos, tecnológicos, ambientales, culturales, éticos y sociales relacionados con el sector energético nacional. Su idoneidad técnica y práctica queda asegurada con la garantía de participación de todos los actores relevantes del propio sector y otros relacionados a lo largo de toda la cadena de valor de la industria.
El eslabón técnico asegura la aplicación del correcto curso metodológico y hace el análisis de la información pertinente. Antes, es necesario partir de un diagnóstico para PE, tanto global como sectorial, que abarque las características físicas, económicas e institucionales de la cadena energética, desde los recursos hasta los consumos finales (OLADE, 2017).
En todas partes el proceso de formulación de la PE contiene los siguientes elementos: primero, la realización de un diagnóstico; segundo, la formulación de la visión y definición de los ejes estratégicos (también llamados pilares) o grandes espacios de actuación institucional, técnica, social y ambiental, y, tercero, la definición de los objetivos estratégicos y derivación de ellos de las líneas de acción, productos, medidas de política y metas de mediano y largo plazo.
En Chile y otros países, a estos componentes metodológicos se suma la exposición del mecanismo de seguimiento y revisión de la política. En sentido general, los anexos de las PE nacionales incluyen los lineamientos, los planes de acción y las metas y actores.
Repetimos, con la PE comienza la planificación. Cuando ella ya se ha formulado (la política), comienza la prospectiva socioeconómica y energética que incluye el diseño del modelo conceptual, el análisis de las tendencias y eventos futuros, la identificación de las variables estratégicas y su diagnóstico evolutivo, la construcción de escenarios y, finalmente, la identificación de oportunidades y amenazas.
En nuestro país hace falta hacer todo esto de una manera sistemática y recurrente. Justo es destacar que el Ministerio de Energía y Minas (Memrd) tiene, en relación con todos estos aspectos del proceso de planificación, un interesante camino recorrido. En efecto, se dispone de los lineamientos de política, modelo conceptual, escenarios socioeconómicos y energéticos, borrador de diagnóstico energético al 2020, inicio de la prospectiva, balance energético nacional actualizado, plan de inversiones para la expansión del sistema al 2040, innumerables diagnósticos y análisis, y una encuesta recién concluida a los sectores de consumo final de energía.
Ahora bien, las actuales autoridades deben no solo formular y dar a conocer la política energética. También otorgarle el rango de política de Estado, estableciendo los compromisos y consecuencias (no punitivas) para los actores. No menos importante es procurar concretar o dar operatividad a la política energética con ayuda de un proceso de planificación sistémico. A nuestro humilde entender, este último proceso debe estar bajo la responsabilidad de una unidad institucional de alta especialización, integrada por profesionales y expertos.
Antes de formular la política y poner a funcionar la planificación de manera rigurosa y eficiente, debemos primero hacer algunos arreglos en el corto y mediano plazo.
Es urgente una revisión exhaustiva y seria de la normatividad vigente (leyes, reglamentos, decretos). Esta evidencia innumerables inconsistencias, irrealidades, desactualizaciones y falta de abordaje de situaciones nuevas. Lo segundo es que el producto de este diagnóstico normativo (ya realizado por el Memrd) debe contener el modelo de una nueva institucionalidad como parte importante de la nueva gobernanza del sector energético a la que se aspira.
A nuestro modo de ver, tenemos dos alternativas, entre otras posibles: a) inclinarnos por una revisión completa de las leyes del sector energético nacional, particularmente las del subsector eléctrico, a los fines de proponer una única norma integral-armonizada del sistema, con el carácter de ley marco y la indicación de los reglamentos necesarios que precisen y detallen los contenidos clave; o b) centrarnos, partiendo del mismo diagnóstico, en un conjunto de modificaciones, enmiendas y adiciones a las leyes vigentes (fundamentalmente la núm. 125-01). La dirección de la reforma debería expresarse entonces en los anteproyectos de leyes que sean necesarios.
La primera alternativa requiere más tiempo, parte del cual ya se ha ganado con los buenos antecedentes existentes en el ministerio y en la CNE; la segunda es más rápida, pero jamás debe partir de rumores o del ánimo reformador enardecido, sino del conocimiento de la realidad y sus antecedentes, y de su análisis profundo y detallado.
Por tanto, el tema de mejora y actualización del marco normativo, y de la reorganización institucional resultante del subsector eléctrico, con miras a allanar el camino a la planificación y al desarrollo energético nacional, no debe ser asunto de sentencias de muerte de instituciones. Cada decisión debe estar precedida de una evaluación seria y técnicamente competente de la normatividad vigente, así como de un menú de alternativas de fusión, integración o eliminación de los organismos actuantes.