Pinta García Lorca en su “Romance de la guardia civil española” (1928) una columna de policías que, “con el alma de charol”, enfilan hacia un barrio gitano. A su paso se tejen “silencios de goma oscura / y miedos de fina arena”. Pronto entran a saco en el barrio, sembrando con sus “tercos fusiles” agonías y “rosas de pólvora negra”. El poeta se lamenta: “¡Oh ciudad de los gitanos! / ¿Quién te vio y no te recuerda? / Ciudad de dolor y almizcle / con las torres de canela”.
Casi cien años después, la escena brutal se repite en Capotillo, en Los Tres Brazos y en tantos otros barrios dominicanos. La Policía Nacional efectúa allí redadas, realizando numerosas detenciones arbitrarias. En junio de 2010 el procurador general de la República se refería a esas acciones como algo “totalmente irregular e ilegal”, que “viola lo que es todo el procedimiento que establece nuestro Código de Normativa Procesal Penal”. Dichas redadas, por supuesto, permiten la detención de delincuentes, pero son también una fuente de extorsión y de soborno de algunos policías sobre ciudadanos inocentes y atemorizados.
En 2012, según estadísticas de la Procuraduría General, murieron a manos de la policía 236 personas. Muertes que se presentan casi siempre como “intercambio de disparos”, pero que, en algunas ocasiones, son auténticos homicidios ilegítimos, ejecuciones extrajudiciales camufladas. En este sentido, el informe de Amnistía Internacional “‘Cállate si no quieres que te matemos’. Violaciones de los derechos humanos cometidas por la policía en República Dominicana” (2011) resulta estremecedor. Denuncia, a través de decenas de páginas repletas de nombres y datos, desapariciones forzadas, torturas (amenazas de muerte, golpes, asfixia con bolsas de plástico…), uso desmedido de la fuerza, desprotección de testigos, obstaculización de la justicia y otros desmanes que atentan contra los derechos y la dignidad de toda persona humana.
Danilo acaba de presentar el Plan Integral de Seguridad Ciudadana. Es un proyecto ambicioso y loable, pero insuficiente. Urge incrementar el salario de los agentes de Policía (casi la mitad de ellos ganan unos 5.300 pesos al mes), que no se corresponde con la peligrosidad de su trabajo y que, de hecho, les obliga a buscar otras fuentes –legítimas o ilegítimas– de dinero. Urge dotar a la Policía Nacional de mayor formación técnica y humana, de mayores medios materiales, de mayor autoridad. Urge juzgar a esos policías corruptos o brutales (que gozan, a menudo, de impunidad); y recompensar a los policías honestos y abnegados, que actúan según las leyes del Estado de Derecho y, de esta manera, prestigian y protegen a la gran nación que es, que debe ser República Dominicana.