En dos artículos anteriores, presenté evidencia de cómo el Poder Judicial de la República Dominicana experimentó una “década presupuestaria perdida”, entre los años 2006-2015. (Ver: Precisiones sobre las Asignaciones Presupuestarias del Poder Judicial

Y  ¿A Cuánto Ascienden los Recortes al Poder Judicial?)

Este artículo presenta datos adicionales para explicar cómo la creación y posterior integración de las llamadas Altas Cortes impactó las asignaciones presupuestarias del Poder Judicial. El artículo intenta demostrar cómo el Poder Judicial – y en cierta medida, también el Ministerio Público, se vio afectados financieramente con la integración de las Altas Cortes.

Dicen que una foto vale más que mil palabras. La Gráfica 1 trata de cumplir con esta expectativa.

Muestra los presupuestos reales asignados – es decir, ajustados por inflación – del: Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (“PGR-MP”), la Oficina Nacional de la Defensa Pública (“ONDP”), el Tribunal Constitucional (TCRD) y el Tribunal Superior Electora (“TSE”). Los presupuestos graficados comprenden los años 2006-2018.

La Gráfica 1 también presenta dos niveles presupuestarios, que se mantienen constantes con un fin ilustrativo. Uno es el presupuesto real del Poder Judicial asignado en 2006, representado por una línea negra continua. El otro es la sumatoria de los presupuestos reales del Poder Judicial y la PGR-MP, también correspondiente al año 2006, representados por la línea negra discontinua

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Antes de analizar la Gráfica 1, corresponde clarificar algunos puntos. La ONDP estuvo adscrita presupuestariamente al Poder Judicial hasta 2009. La Gráfica 1 presenta los presupuestos de la ONDP segregados de las asignaciones del Poder Judicial. A partir del presupuesto general del Estado (“PGE”) del año 2010, la ONDP obtuvo su independencia financiera.

El TCRD y el TSE fueron creados por la Constitución del 26 de enero de 2010. No fue hasta diciembre de 2011 que ambos órganos fueron integrados. Participaron por vez primera en el PGE del año 2012.

Habiendo clarificado estos detalles, vamos al análisis.

Lo primero que llama la atención de la Gráfica 1– que ya había señalado en un artículo anterior – es que el Poder Judicial experimentó una década presupuestaria perdida a partir del año 2006. Estos son los presupuestos reales, no los nominales. A pesar de que los presupuestos nominales asignados aumentaran anualmente, su valor real es distinto. De la Gráfica 1 se aprecia cómo el área azul (correspondiente al presupuesto del Poder Judicial) se mantiene debajo o muy cerca de la línea negra continua, entre 2006 y 2015.

Esto representa la década perdida. Sin tomar en cuenta el crecimiento de la población (como hice aquí). Revela que los niveles reales de inversión o gasto público en el Poder Judicial se mantuvieron por debajo o muy cerca del nivel que existía en el año 2006.

Todo esto sin tomar en cuenta que los indicadores de demanda del sistema judicial fueron en aumento entre 2006-2012. No es hasta los PGE de 2016-2018 que aumentan las asignaciones reales del Poder Judicial.

Pero tres años de aumento no son suficientes para borrar una década de escasez. ¿Cómo afectó está década perdida al Poder Judicial? Y más importante, ¿a todo el sistema de justicia dominicano?

Si se analizan los presupuestos combinados del Poder Judicial y de la PGR-MP, la perspectiva es aún más desalentadora. Se puede apreciar cómo a partir de los años 2009 y 2010, los presupuestos reales asignados al Poder Judicial y a la PGR-MP fueron en declive (suma de las áreas azul y naranja). Esto a pesar de que, en 2010, se reformó la Constitución Dominicana, creando tres nuevas instituciones: el TCRD, el TSE, y el Defensor del Pueblo (fuera del presente análisis).

Las referidas Altas Cortes se integraron en diciembre de 2011. Comenzaron a figurar en el PGE del año 2012. ¡Pero fue en dicho año que las asignaciones del Poder Judicial y de la PGR-MP alcanzaron su nadir – o punto más bajo, en comparación con el año 2006!

Un hecho contraintuitivo, porque se tenía que financiar el quehacer de las nuevas instituciones que desempeñarían funciones jurisdiccionales. Pero lo que se hizo fue desvestir financieramente al Poder Judicial y a la PGR-MP, para guarnecer otros santos. En vez de tratar de vestir a todos los santos por igual.

¿Cómo esta redistribución afectó al Poder Judicial (mora, congestión, motivación, construcciones, etc.)? ¿al Ministerio Público? ¿Al sistema penitenciario? ¿a la ONDP?

No es hasta el PGE del año 2016, cuando el Poder Judicial comienza a superar significativamente los niveles reales presupuestarios que tenía en 2006.

Mientras tanto, la PGR-MP ha ido aumentando su participación. Al igual que el TCRD y el TSE – que, al PGE de 2018, sobrepasaban las asignaciones presupuestarias de la ONDP.

Ciertamente, la narrativa cambia cuando se analizan los presupuestos reales.

Los presupuestos del Poder Judicial de 2016-18, son como el “parcho o remiendo nuevo en el vestido viejo” contra el cual nos advirtió Cristo. Tal remiendo tira de la rotura – ese déficit histórico, que nunca ha cumplido con la Ley – y se hace peor el roto.

Los aumentos presupuestarios que el Poder Judicial ha recibido en los últimos tres años son positivos. Pero no son una panacea. La década presupuestaria perdida y sus consecuencias necesitan encararse. Se requiere una discusión presupuestaria honesta. Sobre todo, un Pacto por la Justicia que queremos para el 2030.