Los datos recientemente publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) como resultado del Censo realizado en el año 2010, señalan que la población total de la República Dominicana es de 9,445,281 habitantes. El mismo informe resalta que solo el 25.64% del total de la población a nivel nacional reside en zonas rurales, lo cual evidencia una disminución porcentual de 10.75% con relación a los datos publicados en el Censo 2002.
Esta reducción se ha vinculado al proceso de concentración urbana que se ha producido en la República Dominicana desde principios de siglo, sin embargo es a partir de los datos registrados a principios de la década de los ochenta, cuando las zonas urbanas se consolidan como los territorios mas habitados de todo el país, con un 51.98% de ocupación frente a un 48.02% de las zonas rurales (según Censo 1981). A pesar del incremento poblacional en las zonas urbanas, la población rural inicio su proceso de reducción a partir de los datos levantados en el año 2002, registrando una disminución de -2.6% (Censo 2002), y acentuando esta disminución en -22.3% (Censo 2010) para una reducción de 694,505 habitantes en menos de ocho años.
Estos desplazamientos poblaciones han sido el resultado de la desigualdad entre los distintos territorios del país, expresado en la concentración de recursos en los principales centros urbanos de la nación. Como consecuencia de estos desequilibrios territoriales las zonas rurales se encuentran sumidas en la precariedad, sin oportunidades para sus habitantes y aumentando los niveles de pobreza.
Por otro lado, los territorios urbanos tampoco pueden satisfacer las necesidades de sus habitantes, ya que una gran cantidad de la población reside en tugurios, con un alto grado de hacinamiento, condiciones sanitarias precarias y con una deficiente cartera de servicios públicos, impactando de manera directa a toda la población urbana que reside o trabaja en las principales ciudades del país.
Ante este escenario de concentración y desigualdad, los esfuerzos para planificar el desarrollo a nivel nacional no han producido resultados contundentes para revertir esta situación. Las primeras iniciativas orientadas a la planificación del desarrollo en la República Dominicana se presentan a principios de la década de los sesenta bajo la dirección de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación (1962), posteriormente esta institución fue transformada en el Secretariado Técnico de la Presidencia (1965) el cual a través de la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN) elaboró una serie de herramientas para la planificación del desarrollo, entre los que se destacan los Planes de Desarrollo (PLANDES); el principal objetivo de estos planes fue la reivindicación social del hombre marginal, bajo una concepción de los mismos como instrumentos de redención. Estos instrumentos fueron precedidos por el Plan Nacional de Desarrollo Social (PNDS 1996), el Plan Estratégico de Desarrollo para República Dominicana – PARSONS 2000, entre otros.
Como parte del proceso de modernización administrativa el Secretariado Técnico de la Presidencia fue remplazado por la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (2006), hoy Ministerio (MEPyD), la cual tiene entre sus principales funciones la formulación de la Estrategia de Desarrollo.
Este resumen histórico de las principales instituciones públicas y herramientas para la planificación del desarrollo coinciden entre sus principales objetivos, la necesidad de incidir en la calidad de vida del hombre, reivindicando su situación, combatiendo la pobreza y propiciando la cohesión tanto regional como de su gente.
Para que estos objetivos puedan cumplirse la dimensión territorial debe ser incorporada al conjunto de herramientas para planificar del desarrollo, de manera que las políticas puedan formularse tomando en cuenta tanto las necesidades, como las capacidades de las comunidades; con la finalidad de fortalecer directamente sus debilidades y generar mayores oportunidades para sus habitantes.
La integración del territorio en la planificación de las políticas permitiría abordar la relación población, territorio y desarrollo conduciendo la nación por un nuevo modelo de competitividad y equilibrio entre las distintas regiones del país.