Tras más de un siglo y medio de presencia laboral haitiana en República Dominicana, a la administración Medina le tocó ejecutar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) previsto en la ley 285-04. Los esfuerzos desplegados por el gobierno deben ser reconocidos. Sin embargo, los resultados a la vista revelan escollos que comprometen el éxito de tan importante iniciativa.
Los dos gobiernos de la isla, apresurados en coordinar las repatriaciones, fallaron en no hacer lo mismo para la ejecución óptima del Plan. El dialogo de ahora debió realizarse al principio en razón de la deuda social que tienen frente a los trabajadores haitianos.
Para muestra un botón: ni siquiera los pensionados del Estado dominicano recibieron la atención debida, llegando a realizar varias protestas tanto frente a la Embajada de Haití como frente al Ministerio del Interior y Policía en Santo Domingo.
Esa falta de coordinación se refleja en la disparidad numérica entre los dos programas gubernamentales. En el PIDIH (Programa de Identificación y Documentación para los Inmigrantes Haitianos en República Dominicana) fueron registradas tan solo alrededor de 45,000 personas, mientras el dominicano lleva hasta la fecha 240,000. Por tal motivo hay críticas frente a ambos gobiernos.
Por un lado, los inscritos en el PNRE representan menos del 54% del estimado de 453,000 inmigrantes haitianos en República Dominicana, según la encuesta ENI-2012 citada por el Tribunal Constitucional, que pidió al gobierno iniciar el Plan. Por lo tanto, el número tan elevado de personas no registradas y los pocos calificados dan la impresión que se está frente a un fracaso.
Dicha situación no se debe únicamente a la falta de documentos del Estado haitiano, ya que para la inscripción, según el decreto 327-13 que regula el PNRE, no era imprescindible, al momento de la captura de los datos biométricos, presentar algún documento en caso de que la persona no lo tuviera. Hay un lapso de tiempo para completar el expediente.
Entre otros escollos se citan: los criterios socio económicos, así como el costo legal de tramitación de los documentos, que resultan inalcanzables para la mayoría de los solicitantes. También, la falta de una intensa campaña de información en creole.
Por otro lado, a diferencia de la parte dominicana, que trabajó su Plan con una plataforma de 24 oficinas, la haitiana mantuvo tan solo un centro en la capital, con graves dificultades, logrando abrir ya en la etapa final del proceso uno en Barahona, igualmente con varios problemas. Además, ha habido muchas denuncias respecto a las “mafias” que afectan su buen desenvolvimiento.
Hay que tomar la palabra al gobierno dominicano al anunciar por la voz de su canciller que no habrá deportaciones masivas. Es un alivio saberlo. Expresa así la voluntad del Poder Ejecutivo de frenar las ilegales deportaciones masivas del Ejército desde principio de año, las cuales alcanzaron los 40,000 haitianos para el primer trimestre.
Sin embargo, en lo inmediato, más de 210,000 personas no inscritas al Plan, incluyendo dominicanos de ascendencia haitiana, son pasibles de ser expulsadas. De hecho, el transporte, la seguridad militar y demás previsiones, han sido tomadas para iniciar los operativos el 18 de junio.
Además, pese a convenir bilateralmente el uso de un documento de identidad emitida por la misión diplomática haitiana, no hay seguridad de que se logre en 45 días cubrir unas 195,000 personas para alcanzar en el PIDIH el número de inscritos del PNRE.
Por ende, el número de expulsados le daría automáticamente el carácter de “repatriaciones masivas”, lo cual es prohibido por la Convención Interamericana de los Derechos Humanos citada en los considerandos legales del decreto regulatorio.
Pero más que jurídica, la cuestión es altamente política. Soluciones o salidas con el menor costo político en el plano local deben buscarse sin perder la equidad ni provocar las condenas internacionales.
Las siguientes medidas pudieran ser exploradas: la implementación de una forma de amnistía para todos los inscritos al PNRE; un programa de documentación y regularización en Haití para los repatriados con arraigo; asumir la realidad de la apatridia en el caso de los dominicanos de ascendencia haitiana para resolver su situación en base al derecho internacional.
El sentido de responsabilidad indica que el proceso puede y debe ser salvado.