La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) ha vuelto a llamar la atención sobre el abismo a que llevan al país el endeudamiento desorbitado de la deuda pública, y la incapacidad del país para equilibrar sus volúmenes de exportaciones e importaciones.
Se trata de dos factores que evidencian la incapacidad del gobierno del PLD para gestionar con eficiencia y sanidad las finanzas públicas, y liderar al país hacia grandes propósitos que relancen a República Dominicana a un modelo de desarrollo integral.
Son harto justificadas las alarmas rojas que enciende la AIRD por vía de su principal vocera, la señora Circe Almanzar, sobre altos niveles de endeudamiento público que conforme indican los datos de la realidad tienen a los dominicanos y dominicanas trabajando fundamentalmente para pagar deuda, solventar un excesivo gasto corriente, mientras el despilfarro y la corrupción hacen estragos en el erario.
En el balance histórico de los manejos económicos que deja el PLD, quedará el saldo negativo de un modelo de gobierno que brilló por la inequidad y la exclusión social, mientras se ufanaba manejando unas secas estadísticas de crecimiento apoyado en niveles de endeudamiento público que nos llevaban al despeñadero.
Veamos algunos datos de la realidad, absteniéndonos de hacer juicios de valor.
Entre los años 2000 y 2018 la deuda pública consolidada aumentó en un 850%, pasando de US$4,460 millones a US$42,378 millones, hasta febrero 2018, período en que el Partido de la Liberación Dominicana ha gobernado en 14 de esos 18 años, vale decir, que de ese total a los gobiernos del PLD correspondió la mayor parte de ese endeudamiento, sin contar los 4 años del primer gobierno de Leonel Fernández.
Esos datos son citados por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) -y los cito porque es una entidad no partidista, independiente- Hasta febrero de este año la deuda del sector público consolidado representaba el 54.97% del PIB y el Gobierno tuvo que dedicar el 23% de los ingresos fiscales sólo para el pago de intereses, agrega el informe.
Las cifras, que según el vicepresidente ejecutivo del CREES, Ernesto Selman, están registradas en el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, representan “una senda de insostenibilidad de la deuda pública”.
No menos grave es la revelación del sobrio economista Miguel Ceara Hatton, quien citando un reciente informe del FMI afirmó que “el Estado no está generando suficientes recursos para pagar los intereses de la deuda total consolidada, y se encamina a un estado de insolvencia para enfrentar la deuda”.
Si continuara en el poder el gobierno del PLD, “ese estado de insolvencia” ocurrirá en un futuro tan próximo como 2023, es decir, a los 3 años de la administración que surja de las elecciones de mayo 2020.
Ese extremo de vulnerabilidad a que el gobierno del PLD ha llevado la economía se ha producido como una imposición sobre toda la sociedad, cuyos representantes empresariales, como AIRD y otras, economistas independientes, como el CREES, universidades como la UASD e INTEC, entidades de la sociedad civil y autoridades eclesiásticas han reclamado una y otra vez que el PLD y sus congresistas contuvieran el afán desmedido por tomar prestado, y hacer fiesta de lo que nada nos cuesta.