"El poder es fuerza, el poder es violencia, el poder es coacción, pero ¡hay del poder que descanse solo en la fuerza! Estará inexorablemente condenado a perecer”

-Guglielmo Ferrero.

Los últimos 16 años de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana que encabezaron sus líderes políticos, tanto el doctor Leonel Fernández como el licenciado Danilo Medina, podemos caracterizarlos como una muestra más en nuestra historia republicana de un ejercicio del poder fundamentado en lo político.

Se considera al “segundo Carl Schmitt” como el principal exponente del concepto político del Estado, y esto, por la sencilla razón de que – él afirma que – la mera existencia de una autoridad va implícita una decisión, y la decisión tiene valor en sí misma, en función de que, en las cosas de mayor cuantía, importa más decidir que el modo en cómo se deciden.

Schmitt recupera la ficción de la soberanía De Maistre, que en él significa esencialmente decisión. Partiendo de la decisión, él busca la forma, y partiendo de la forma jurídica, él busca el derecho. Para afirmar que la idea del derecho no puede realizarse a si misma, por lo que refiriéndose a Hobbes nos dice: “La forma que él busca reside en la decisión concreta que parte de una instancia determinada” para sostener que: “En la realidad de la vida jurídica importa quien decide”.

Sin embargo, el campeón de la primacía de la política en el ejercicio del poder, a mi entender es Julien Freund, quien en su obra “La esencia de lo político”, plantea que las leyes son hechas para dominar, no importa que sean justas o injustas.  Preconiza que la eficacia de la ley está en lo político, que es lo que la sostiene. En ese sentido asume que la identificación del derecho y de la ley está en la base de ciertas ilusiones de aquellos que creen en la posibilidad de instaurar un orden público, caracterizado por la subordinación de la actividad política a la ley.

Dentro de este contexto teórico, el PLD y sus otroras gobernantes, haciendo honor a su génesis política, implantaron una garantía para monopolizar el poder, una especie de mecanismo que genera constantemente “nuevo poder”, con la única forma de seguir detentando el poder y mantenerlo, no obstante, intacto, es mediante el poder, siendo capaz de expandirse y crecer desmesuradamente en detrimento de los restantes centros o fuentes de poder. Empero estas posiciones no se encontraban sostenidas en un principio de derecho: No era más que un hecho, un hecho político creado por un concurso de la circunstancia.

Lo primero que decidieron fue: “Pagar, para no matar”. Compraron la mayoría de los dirigentes del partido reformista y otros de la oposición. Para tales fines crearon mecanismos de compra de periodistas mediante anuncios del gobierno, inclusión de nóminas, designación de cargos diplomáticos, que terminaron llamándole “bocinas”. Esta opinión pública era ligera, impulsiva, superficial, mediática, versátil, prudente hasta la sumisión con los poderosos; y dura y despiadada con los débiles, veleidosa y nunca veían los verdaderos intereses públicos, verbigracia el intento de destrucción de los Haitises. Los que no se dejaron comprar fueron sacados y otros voluntariamente de los medios de comunicación formales; gracias a las redes sociales pudieron continuar su labor.

Siguiendo el ejemplo de Luis Napoleón, convirtieron el gobierno en una maquina de corrupción y de intimidación encargada de transformar el sufragio universal, el pretendido soberano, en un siervo del poder; como tampoco dudaron de hacer de las elecciones una comedia y de las asambleas legislativas una ficción.

“Mi congreso”. El partido de gobierno aplicó un método que le permitió controlar el congreso. El apoyo del gobierno era el factor decisivo del éxito, a los que vinculaba a su suerte por medio de una cadena invisible de prebendas, casi clandestina y misteriosa, de la que solo se atrevían a hablar en susurros y de la que no creían poder liberarse nunca. Había un común denominador, todos corrían el riesgo de perder el escaño si no seguían las líneas del poder político que ejercía el presidente de la República. De esta manera obtuvieron cámaras dóciles y manejables, por consiguiente, lograron ejercer el control absoluto de los órganos del Estado y la justicia. Los partidos de oposición no contaban para nada; todo era decidido, puesto en marcha o detenido por la omnipotencia de la voluntad del presidente de la República, a la cual se sometían, hasta el poderoso comité político del partido del poder.

Aglutinaron las mayorías de los partidos políticos, entorno al de ellos y crearon un denominado “bloque progresista”, que les permitió crear un poder bastante fuerte, como para controlar los órganos de la soberanía nacional: parlamento y cuerpo electoral. Para mayor control dividieron todos los partidos que le hicieron oposición, máxima si tenían vocación de poder, y los que se quisieron salir del bloque “progresista” también fueron divididos; lo grande de todo esto es que utilizaron los órganos del Estado como: el TSE y la JCE para concretizar su voluntad política.

El ser miembro o aliado del partido en el poder se convirtió en un privilegio, ya fuere en los negocios o en la justicia. La ciudadanía devino en una suerte de maldición que no contaba para nada. “Quinientos pesos y una pica pollo”, bastaba para que el más capaz y devoto de los ciudadanos pasara de la categoría de ciudadano a la de “súbdito” del partido en el poder ¿todo esto era justo y razonable?

Su poder político, poco a poco, se había consolidado en una “dictadura de partido”, porque remplazaba y sustituía a cualquier otro poder, de tal manera que no pocos fueron permeados por este poder político.

Lo más importante de este análisis, es saber si la nación está dispuesta a seguir que la gobiernen con esta forma del ejercicio del poder o si exigimos un nuevo ejercicio del poder, que garantice la anhelada institucionalidad.