En 1945, la República Dominicana estableció mediante Decreto-Ley No. 24-45, que todo extranjero que quisiera invertir aquí (RD), tenía que traer dos certificaciones: una personal, es decir, de no antecedentes penales del inversionista (o de no delincuencia) y otra que estableciera el origen de los fondos a invertir.
Ese Decreto-Ley, duró 73 años en vigencia, es decir, sin que ningún presidente lo tocara ni con el pétalo de una rosa. Hasta que llegaron Leonel Fernández y el PLD al poder. En enero de 1997, ese Decreto-Ley fue derogado con un Decreto puro y simple, lo que equivale a decir de manera ilegal.
Los resultados, todos los conocemos. El PLD, a partir de 1997, convirtió el país en un santuario y refugio para todos los delincuentes extranjeros que quisieran venir a guarecerse aquí, sin ningún tipo de dificultad.
Ahora, la última perla, el gobierno dominicano hace un trato con el de los Estados Unidos para recibir un capo que acaba de cumplir condena por haber inundado a ese país de cocaína. Ese delincuente decide refugiarse en República Dominicana y el Gobierno nuestro lo acepta, sin dar ninguna explicación.
¿Qué sabe ese hombre? ¿Qué cosa habrá dicho a los EEUU o qué importancia tiene para que el gobierno dominicano acepte semejante ignominia, sin que el Pueblo conozca porqué le acepta?
¿Se beneficiará también este señor del Proyecto de Ley de Sinceramiento Fiscal que reposa en el Congreso, mediante el cual se intentará lavar los capitales procedentes de todo tipo de crímenes y delitos?
Que Dios nos coja confesados.