La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) abrió el proceso de licitación de dos unidades termoeléctricas a carbón mineral con capacidad de generación de aproximadamente 300 megavatios cada una como parte del gran objetivo de superar la crítica situación del sistema eléctrico nacional.
El sector privado también impulsa otras importantes iniciativas a partir de gas natural y energías alternativas que prometen contribuir a incrementar la capacidad de generación del Sistema Nacional Interconectado.
Nadie duda que la complejidad de la crisis eléctrica va más allá de un significativo déficit de generación que le impide satisfacer la demanda normal y ni hablar de disponer de reservas para garantizar el suministro cuando una unidad sale del sistema por mantenimiento programado o por avería.
Quien acepta que el problema es más complejo, sabe que hay graves dificultades en las redes de suministro, en la facturación, el cobro, el hurto, el desperdicio por ignorancia, falta de mantenimiento e irracionalidad…
Construir nuevas plantas a partir de combustibles de mucho menor costo como el carbón y el gas natural constituye un paso correcto siempre que esté concebido como parte de un plan integral que impulse simultáneamente los otros factores contribuyentes a que la crisis de energía que se registra desde los años sesenta del siglo pasado, pueda ser superada.
Si el gobierno y el sector privado se limitan a incrementar la oferta de energía –aun con un costo de producción más bajo- no se podrá solucionar la crisis financiera del sector porque el desperdicio, las pérdidas técnicas, el hurto y la facturación a la mitad de los usuarios, será proporcional a la cota de generación.
Con mayor generación habrá más disponibilidad para pérdidas de energía en línea, más energía para quienes se la roban, más electricidad para desperdiciar en oficinas y hogares, en las calles por equipos defectuosos y conexiones ilegales.
Con un cuadro como ese las tarifas para quienes pagamos no podrán bajar, las generadoras seguirán acumulando deudas que se pagan con subsidios estatales y las distribuidoras nunca serán rentables.
A mayor cantidad de energía disponible tiene que unirse con todo vigor un esfuerzo grande para cambiar las líneas obsoletas, sustituir los millones de metros de alambre de púa que se utilizan en barrios y zonas suburbanas como conductores de electricidad, educar cara a cara a la población sobre la necesidad y las formas de ahorrar energía, explicando los beneficios que representan para cada familia o empresa.
Superar la histórica situación del sector eléctrico no puede ser un esfuerzo lateral, sino esencialmente multilateral para que pueda surtir efectos.
Poco se hace con mayor disponibilidad de energía si se ha de perder en las líneas, de la misma manera que de poco sirve si no se convierte en un servicio estable que evite hacer inversiones individuales en plantas de emergencia e inversores.
Y lo más importante de todo: la crisis de la energía nunca será superada si quienes pagamos no disponemos permanentemente de ella y tenemos que pagar tarifas tan altas porque no se ha logrado que quienes la usan y no la pagan, la tengan que pagar.
Tanto valor (en el sentido de la importancia y también del costo-beneficio) tiene construir una planta de 300 megavatios como disponer de cientos de profesionales y técnicos certificados para enfrentarse a la tarea de superar pérdidas por pésimos diseños públicos y privados, por conexiones irregulares, bombillas y equipos de alto consumo.
Igualmente, tanto la CDEEE como las empresas privadas envueltas en el negocio tienen que entender que sus niveles de inversión en labores de Responsabilidad Social Empresarial van de nulos a insignificantes, por lo tanto mantienen una relación de ventaja-odio con sus usuarios cuando eso puede transformarse en una proporción de mutuo beneficio y de entendimiento progresivo.
Para esto también se necesitan técnicos con experiencia que puedan acompañar a los barrios y comunidades rurales en la superación de conflictos y problemas colectivos recurrentes que ahora motivan miles de reclamos individuales que muestran una pésima imagen de las empresas generadoras y distribuidoras de energía.
Un sistema de comercialización que admite que no puede cobrar la energía que derrocha cerca de un millón de usuarios que no son abonados, pero que acepta públicamente que cobró RD$1,341.8 millones demás por sobrefacturación a clientes que pagan (y que reclamaron ante la Superintendencia de Electricidad) desde abril de 2004 hasta abril de 2013, tiene que ser sacudido para dotarlo de racionalidad.
La superación de la actual situación del sector eléctrico no tiene nada de fácil, por tanto ningún esfuerzo parcial –por sí solo- garantiza mejoría.