El artículo 72 de la Ley 176-07 reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades, para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia; la misma ley explica que esta forma asociativa intermunicipal, y por lo tanto supramunicipal tendrá órganos de gestión definidos en función de los intereses de los ayuntamientos a mancomunarse.
Seis años después de la formulación de esta ley una serie de municipios han unido esfuerzos asociándose en mancomunidades en torno a objetivos comunes; al resaltar algunos ejemplos podemos identificar la Mancomunidad Municipio Madre de las Aguas, la del Gran Santo Domingo y la de los Municipios de Elías Piña, entre otros. A pesar de estas iniciativas persisten problemas de alto impacto para la población que trascienden los límites municipales establecidos de una gran cantidad de gobiernos locales ubicados a lo largo del territorio nacional.
Como muestra basta observar la situación en la cual se encuentra la capital de la nación y su entorno metropolitano inmediato imbuida en una gran cantidad de basura producto de una situación sin resolver que involucra varios municipios; consecuencias similares se presentan ante la ausencia de gestión para temas como la movilidad, el manejo sostenible de los recursos naturales o el componente del riesgo de cualquier territorio compuesto por varias demarcaciones locales. Estas y otras patologías han intentado ser enfrentadas por las mancomunidades constituidas, sin embargo no ha sido posible encontrar las soluciones definitivas a esta y otras situaciones neurálgicas que inciden en la dinámica territorial; recurriendo en la mayoría de los casos al auxilio del gobierno central para la solución de los problemas que se presenten.
Sin embargo la visión y estructura del gobierno central no está orientada a enfrentar particularidades vinculadas a los gobiernos locales, ya que la estructura nacional de administración, planificación y gestión está concentrada en los temas nacionales; a menos que las gestiones particulares de los gestores municipales puedan atraer la mirada del ejecutivo hacia otra escala de intervención.
La dificultad de las municipalidades ante este tipo de problemas que impactan varias administraciones se encuentra en las limitaciones de recursos económicos por parte de las alcaldías, la debilidad actual de la gestión supramunicipal, la indefinición de una jerarquía ante la vinculación de diversos gobiernos locales, la existencia de intereses no resueltos y en la ausencia de una instancia técnica con recursos que trascienda los límites político-administrativos de las entidades locales.
En ese sentido la apuesta del país debe estar orientada a la construcción del nivel sub-nacional para la planificación y la gestión del territorio; una instancia regional que pueda ser un ente moderador entre las necesidades de los gobiernos locales y las posibilidades del gobierno nacional, con la capacidad de dar respuestas definitivas a los problemas que afectan cada región a través de un proceso de coordinación inter-institucional y articulación con los distintos niveles de la administración pública y los sectores productivos.