“No planificar es planear fallar”- Allen Lakein.
Uno de los principales retos vigentes del sector energético está vinculado con los problemas del subsector eléctrico, los cuales resumen un discurso recurrente sobre déficit financiero causado, entre otras razones, por las pérdidas técnicas y no técnicas que tienen su origen, principalmente, en una tarifa que no refleja los costos reales de la industria, así como inaceptables deficiencias en la gestión comercial de las distribuidoras. Este problema, que se reitera en todos los estudios, demanda un muy costoso subsidio que afecta las finanzas públicas, restando cuantiosos recursos al financiamiento de obras y acciones de alta prioridad nacional.
Pero no se trata solo de un problema financiero.
Las debilidades institucionales y reguladoras, las graves deficiencias en la administración de las empresas estatales que cohabita con la falta de transparencia en los negocios y decisiones, y la ausencia de planificación sistémica y de controles rigurosos, junto a la dificultad de concretar una verdadera alianza estratégica entre los actores actuantes, colocan a las nuevas autoridades ante un gran dilema:
Seguir poniendo parches a los costosos hoyos del subsector, haciendo reverencia a las voluntades dominantes de la industria, o definir y hacer cumplir con determinación histórica soluciones de conjunto, pertinentes y realistas, enfocadas en la reducción de las pérdidas en el mediano plazo (aunque se debe resaltar el enorme esfuerzo que realizado con los planes de rehabilitación de redes), incremento de la eficiencia y eficacia en la gestión, una tarifa que exprese los costes reales (desde junio de 2011 no ha sido modificada), priorización de las inversiones e implantación de una nueva gobernanza con un desempeño institucional de calidad.
En los abordajes gubernamentales pasados, como el último (2012-2020) que hizo énfasis en el incremento de la capacidad del subsistema (más generación) y su diversificación en cuanto a las fuentes utilizadas, lográndolo ampliamente, advertíamos un gran ausente: la planificación energética integral. Pero para que esta poderosa herramienta de encauzamiento estratégico y desarrollo deliberado cumpla eficientemente su rol, es necesario que exista una gobernanza e institucionalidad eficiente, transparente y comprometida, que inspire efectivamente confianza legítima: un ambiente de negocios en que los actores van al juego con la convicción de que en cualquier situación habrá de prevalecer la regulación y la aplicación rigurosa, transparente y competente del ordenamiento jurídico.
Por gobernanza entendemos el conjunto de instituciones formales -marcos constitucionales, leyes, reglamentos, contexto fiscal y regulación sectorial, entre otras-, así como las decisiones políticas soberanas, cuya acción conjunta e interacción rige el funcionamiento de cualquier sector o subsector en las condiciones de un sistema democrático.
Sin duda, si la gobernanza es defectuosa, si las cosas ocurren según el poder relativo de cada actor y no se acepta ningún direccionamiento estratégico de política, entonces la planificación energética no sería más que un conjunto de planes y sabias directrices inútiles.
Un buen ejemplo son los planes energéticos nacionales (2004-2015 y 2010-2025), que resultan de un mandato de la Ley General de Electricidad 125-01; también la otra herramienta llamada “Plan para Modernizar el Sector Eléctrico en la República Dominicana” (BID y BM, 2009). La realidad es que estos valiosos documentos no cumplieron su rol como referentes a la hora de tomar las decisiones de política cruciales en el período 2004-2020, si bien podríamos advertir avances respecto a muchos de sus lineamientos.
Lo mismo podríamos decir sobre los buenos ejercicios técnicos (planes) para justificar la expansión de los diferentes eslabones de la cadena (generación, transmisión y distribución). La cultura clientelar, en la mayoría de los casos, termina aplastando la racionalidad de las políticas de Estado.
Los planes no cuentan cuando ciertos caciques disfrutan de la soberanía de las decisiones en sus islotes de mando o de poder económico. Ocurre así porque hay serios problemas con la gobernanza y la institucionalidad, en condiciones en que el poder de ciertas cúpulas políticas no conoce límites razonables.
En todo caso lo cierto es que, luego de los urgentes arreglos institucionales, la definición de roles y la mejora posible de la normatividad, resulta inevitable preguntarse qué rol asignaremos a la planificación energética en un ambiente en el que parece aflorar la esperada voluntad de cambios sustantivos.
Lo primero es que ella debe tener autonomía delegada por el órgano rector del sistema, cumpliendo su importante rol de argumentar los puntos de llegada en función de la política energética nacional, en un horizonte de mediano y largo plazo. Por tanto, parece hacer mucha falta una unidad de alta especialización cuya única función sea la planificación energética.
Hemos dicho en función de la política energética nacional, lo cual significa que, antes de planificar, necesitamos construir esa política matriz, ese faro orientador del que todavía, en 2020, carecemos. Los objetivos de esta política no solo resumen el punto de arranque cardinal y el mayor compromiso de la planificación, sino también los requisitos ineludibles para alcanzar el desarrollo sustentable del Estado.
La política energética no es más que el marco dentro del cual deben situarse los análisis de la planificación energética. La planificación es su herramienta principal, su garantía de éxito. No hay un orden jerárquico estricto entre ellas, son complementarias y orgánicamente vinculadas. Es difícil imaginarse una planificación exitosa que no inicie con la visión y los objetivos -con sus respectivos lineamientos- de la política energética nacional.
Por tanto, “el rol de la planificación consiste en concretar y dar operatividad de modo coherente a los lineamientos establecidos dentro de la política energética. Por supuesto, el análisis del sistema energético que se requiere para la planificación tendrá que ser mucho más abarcador y detallado, tanto a nivel global como en el plano subsectorial” (OLADE, 2016).
Veamos en las próximas entregas aspectos importantes de esta formidable herramienta de desarrollo que, como unidad institucional organizada y reconocida, ha brillado por su ausencia. Esto, sin desmérito alguno de los enjundiosos y valiosos aportes en este ámbito hechos por el personal técnico de la Comisión Nacional de Energía (CNE).