Ahora que el Wall Street Journal informa sobre la fraudulenta compra de los aviones brasileños Tucano durante uno de los gobiernos de Leonel Fernández, viene irresistiblemente a la memoria otro caso de corrupción gubernamental que permaneció escondido detrás de la más absoluta hipocresía.
El general Augusto Pinochet Ugarte, cruel tirano de Chile durante casi dos décadas, nunca se inmutó porque lo acusaran de la muerte o desaparición de decenas de miles de chilenos. Sus estandartes defensivos estuvieron basados en la lucha contra “el comunismo” y las grandes obras materiales que se construyeron durante su régimen. El modelo económico implantado por la dictadura fue elogiado siempre por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y todo centro financiero que veía la pérdida de las libertades del pueblo chileno como un paso de avance hacia el crecimiento económico.
Derrotados el dictador y su dictadura por el NO del referendo nacional, adecuaron entonces los tribunales, los jueces, las leyes y la Constitución para que la impunidad estuviera garantizada a cuanto ladrón y criminal colaboró con el régimen. Ninguno de los secuaces de Pinochet debía ser siquiera rozado por acusación alguna. Pero esa banda de criminales olvidó que el gangster Al Capone no fue encarcelado por sus crímenes, sino por una simpleza de evasión fiscal. Y murió en la cárcel.
En octubre de 1998, el juez español Baltazar Garzón aprovechó una visita de Pinochet a Gran Bretaña para exigir y lograr de los tribunales británicos que el verdugo de muchos fuera arrestado bajo la acusación de fomentar el terrorismo internacional a través de la tenebrosa Operación Cóndor que éste auspició. Y aquel hecho fue el detonante que inició diversas investigaciones sobre el ex dictador chileno por varios países del mundo. Por supuesto, en Chile nada se hizo en ese momento. En el país víctima, la mayoría de los jueces respondía todavía a Pinochet y a la legislación que este había dejado implantada.
Fue entonces cuando un subcomité de investigaciones del Senado de Estados Unidos, encabezado por el senador Carl Levin, expuso públicamente la inmensa red oculta de 125 cuentas bancarias mantenidas por Pinochet en la banca estadounidense. La investigación senatorial comprobó que el ex dictador había abierto y ampliado cuentas fraudulentamente usando tanto pasaportes falsos como corrompidas identidades en muchos bancos, particularmente el preferido fue el Riggs National Bank. En las entidades financieras aparecían nombres como Daniel López, José Ramón Ugarte, Augusto Ugarte, José Pinochet y otros más encubriendo el producto de tanta sangre derramada. Aquella investigación se conoció como el escándalo del banco Riggs porque esa entidad financiera se confabuló con Pinochet para que pudiera seguir usando las cuentas fraudulentas, congeladas por las leyes de Estados Unidos.
El escándalo Riggs arruinó la imagen que la dictadura había fabricado para presentarse como honesta e incorruptible. Incluso muchos pinochetistas sintieron repugnancia al descubrir que aquel tirano los había engañado reiteradamente con datos perversamente construidos. La arrogancia era tal que, aún habiendo sido descubierto en sus fraudes, cuando el juez Sergio Muñoz preguntó a Pinochet cómo había obtenido esa fortuna multimillonaria, este respondió que había sido acumulada en base a donaciones de sus amigos a la Fundación que presidía.
Tomó tiempo la espera pero valió la pena. Fue así como el general Augusto Pinochet tuvo que presenciar el allanamiento de su hogar en Santiago de Chile y la detención por la policía de su esposa Lucía Hiriart y su hijo Marco Antonio, acusados de fraude, engaño y evasión fiscal. Igualmente se descubriría que durante la dictadura el ejército chileno creó una red de comercio de “cocaína negra” y de armamentos de guerra a través de Monzer Al Kassar, un árabe vinculado al escándalo Irán-Contra durante el gobierno de Ronald Reagan en Estados Unidos.
Finalmente, el 24 de enero de 2006, la esposa de Pinochet, uno de sus hijos y cuatro hijas fueron condenados por los tribunales a sufrir un largo período de cárcel, que luego se ajustaría a un arresto domiciliario gracias a las influencias remanentes.
Gracias a este ejemplo, no se puede perder la esperanza de que los corruptos dominicanos sean alguna vez condenados. Mientras, debemos seguir llamándolos ladrones, como realmente merecen ser conocidos.