Una vez más el mundo se enfrenta a situaciones que ponen en peligro la estabilidad económica de los pueblos, afectando con mayor impacto las naciones desprovistas de mecanismos para hacer frente a las demandas de una población en constante crecimiento.

La crisis suscitada en el medio oriente repercute en las dinámicas locales del resto del mundo ya que el incremento en el precio del barril de petróleo incide en el precio de los combustibles, deteriorando el poder adquisitivo de sus habitantes.

La República Dominicana se encuentra en el grupo de países altamente dependiente de los derivados del petróleo ya que los mismos son utilizados por sectores importantes de la economía nacional, los cuales controlan áreas sensibles de la dinámica nacional, las cuales no han sido blindadas ante las amenazas internacionales. Esta situación requiere de estrategias que minimicen los efectos negativos que ponen en juego la estabilidad económica, social y política de la nación.

El impacto del sector transporte en la economía de los dominicanos repercute considerablemente en la canasta familiar alcanzando un 17.95% de los gastos estipulados, según los datos Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares [ENIGH 2007 (ONE)], a esto debemos agregar que el incremento en el precio de los combustibles impacta inmediatamente en el precio de los bienes y servicios que demanda la población.

Estas razones confirman la necesidad de transformar el modelo de movilidad urbana que ha imperado en nuestra nación durante los últimos cincuenta años, reorientando el tipo de inversión, dando prioridad a las grandes mayorías y organizando el sector con miras a potenciar su efectividad.

El tiempo ha certificado que la inversión en carreteras urbanas no garantiza la solución de los problemas, más bien se convierten en un elemento para desplazar las dificultades de un punto a otro de la ciudad; la solución está en la inversión en el transporte público, mejorando el sistema de autobuses urbanos, diseñando un sistema que permita la conexión entre diferentes modalidades de transporte, desarrollando un nuevo esquema institucional alrededor del sector transporte, unificando criterios para el cobro de tarifas a los usuarios, adecuando la ciudad ante las necesidades de sus habitantes y fomentando políticas que beneficien al peatón por encima del transporte privado.

Potenciar el uso del transporte público permitiría una reducción significativa en la factura petrolera del país protegiendo la población ante situaciones externas que escapan de nuestro control.

El momento internacional en el cual nos encontramos debe alertar a los tomadores de decisiones para promover un nuevo modelo que garantice la efectividad de los desplazamientos urbanos, contribuyendo con la estabilidad de la nación y de sus ciudadanos.