Los partidos políticos son instrumentos de la sociedad en los que se juega una constante lucha por el poder concentrada hacia el Estado. Son articulaciones en las que los individuos en función de los intereses de clases o sectores se organizan para incidir en la definición de políticas públicas, y en ese sentido se conforman con estructuras internas que constituyen centros de pensamiento para la elaboración de propuestas encaminadas a diseñar el tipo de sociedad que se ajuste al perfil de la organización.

Así, las organizaciones políticas son un laboratorio permanente en el que las ideas fluyen al ritmo de la dinámica de la sociedad, marcada por el movimiento de un complejo tejido que embute en un esqueleto a órganos con funciones específicas y bien definidas en la superestructura de la sociedad para garantizar la cohesión, integridad y bienestar de todos si es un país con modelo democrático.

Los partidos se estructuran por departamentos para responder a la amplia gama de actividades claves que le dan vida a la sociedad y que son reguladas o dirigidas desde el Estado; por ello, esas estructuras partidarias por lo general, y para que el partido sea eficiente, se corresponden con los poderes y órganos establecidos en el organigrama del aparato estatal, con lo que se constituyen en espacies de réplicas del Estado, por lo menos en lo que concierna a las instituciones de mayor peso.

Bajo esa lógica, el colectivo que reúne a los actores para la acción política, debe especializarlos, pues esa acción política tiene como objetivo la toma del poder político para la administración de las instituciones del Estado, un propósito que debe tener una base ideológica que lleva implícito un interés de orden colectivo, por lo que estas instituciones tienen carácter público aunque para la membresía se establezcan derechos y deberes, y se definan, además, reglas de juego internas con categoría de ley, siempre de acuerdo a las normativas nacionales.

Pero cuando una organización política deja de ser un instrumento al servicio de la colectividad y se convierte empresa para la acumulación originaria de capital, su valor social e intrínseco se pierden, porque el objetivo deja de corresponderse con la naturaleza de ese tipo de entidad, pues resulta que aunque su carácter no es propiamente estatal, sus fines son de Estado y, en ese sentido, no importa que la decisión de conformar el partido político sea una acción individual y por lo tanto de orden privada en razón de que sus decisiones impactan en la colectividad.

La desviación de los propósitos colectivos de un partido para ponerlos al servicio de individuos o de grupos específicos, ya sea con fines de lucro o la obtención del poder como fin en sí mismo debido a los privilegios que se desprenden de ostentarlo, conducen indefectiblemente hacia la pérdida de la autoridad moral; no importa el tamaño de la organización, su progresiva erosión la irá conduciendo hacia la inevitable destrucción, acontecimiento que podría precipitarse con un hecho que conmocione a la sociedad y provoque su implosión.

La autoridad moral, que es un valor cualitativo,  se la da a un partido el apego a su naturaleza, a los principios que le ponen en sintonía con la sociedad, sin importar que las coyunturas contaminadas por el abuso del poder y sus recursos materiales, manipulen y descarrilen los procesos que, siempre, y respondiendo a las fuerzas sociales que marcan los avances históricos de los pueblos, vuelven sobre sus rieles por la terquedad axiomática de que el río tarde o temprano, a pesar del hombre, vuelve a su cauce.