Durante los años 2017 y 2018, a raíz de la explosión del escándalo Odebrecht que embarró hasta el tuétano los gobiernos de los últimos 16 años del Partido de la Liberación Dominicana, se desarrolló en el país la mayor manifestación social de nuestra historia. La Marcha Verde fue un primer grito multitudinario contra la corrupción y la impunidad, que no fue escuchado en las alturas del poder.
Consideraron que era cuestión de tiempo para que los ciudadanos y ciudadanas se cansaran de marchar, y así ocurrió en efecto, aunque algunos advertimos que la coyuntura electoral del 2020 iba a propiciar el resurgimiento de esas protestas, y de ahí que surgieran iniciativas buscando capitalizar ese descontento, por ejemplo la Coalición Democrática para la Regeneración Nacional, emprendida por profesionales y activistas sociales, que ha promovido la integración de una coalición de siete partidos políticos y grupos cívicos en base a una veintena de objetivos para el rescate de la institucionalidad democrática, el combate a la corrupción, el fin de la impunidad y las reformas económicas sociales que demanda la nación.
Gran parte de los jóvenes que en las últimas semanas han protagonizado las protestas por el asalto electoral del 16 de febrero, fueron protagonistas de la Marcha Verde. Y están dando el segundo aviso, ya no sólo a los actuales gobernantes, sino que, conscientes de que es un inminente un cambio de gobierno, están adelantando una advertencia a los que pueden llegar en agosto próximo, que ya no habrá indiferencia ni adormecimiento de la juventud dominicana, que ellos van a tomar en sus manos el destino de la nación y van a imponer orden sobre una clase política demasiada enfocada en el aprovechamiento del poder para el enriquecimiento personal, envileciendo a diestra y siniestra para justificarse y prolongarse.
La corrupción y la impunidad ya aparecen entre las mayores preocupación de la sociedad dominicana. En la encuesta Greenberg-Diario Libre de la semana pasada alcanzó 45 por ciento, casi duplicando al desempleo y la inseguridad ciudadana. Es que la corrupción de arriba y la impunidad repercuten en la delincuencia abajo y por tanto no sólo sustraen los recursos de toda la sociedad, sino que además incentivan la inseguridad ciudadana.
En el Indice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial 2017-18, cuando estaba en su apogeo la Marcha Verde, el país quedó sub-campeón en los indicadores de corrupción, sólo superado por Brasil entre 137 evaluados. Nos dejaron en el escalón 136 en favoritismo de los funcionarios públicos, 135 en desvío de los fondos públicos, 133 en políticas antimonopólicas, 132 en ética empresarial, y 131 en eficiencia del gasto público.
Cualquiera tiene la tentación de creer que nos lo hicieron de maldad. Y otros que eso quedó atrás. Pero el retroceso se manifiesta también en el Indice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional publicado en enero pasado. Sacamos 28 de 100 puntos, quedando en el escalón 137, entre 182 evaluados, peor que el 78 por ciento de los países del continente, y en América Latina sólo mejor que Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela, todos sumidos en la pobreza, que para muchos se relaciona con la corrupción.
En esta evaluación, en el 2006 el país ocupaba la posición 99, y para el 2012, al concluir el gobierno de Leonel Fernández, había descendido 19 escalones, a la 118, pero en los dos periodos de Danilo Medina prosiguió cayendo justo en otras 19 posiciones, para completar 38 en 14 años.
La corrupción y la impunidad tienen un peso grande en el descalabro político que se advierte para el partido gobernante. Es que si la malversación, el robo y el despilfarro representan el 3.5% del PIB como estimó un estudio del BID, fueron unos 165 mil millones de pesos el año pasado, 20 veces los 7 mil millones de pesos invertidos por año en las publicitadas “visitas sorpresas” del presidente Medina. Con esa suma se hubiesen hecho en un año 40 proyectos de viviendas como el de la Nueva Barquita.
La prioridad número uno del próximo gobierno será reducir drásticamente la malversación y rescatar la independencia y credibilidad de la justicia, del ministerio público y la policía, así como de la Cámara de Cuentas y la Contraloría General para poner un dique a la impunidad. Y que el Congreso asuma su responsabilidad de fiscalizar en vez del reparto clientelista. En pocas palabras, rescatar la institucionalidad democrática.-