Uno de los aspectos más dañinos de los pronunciamientos de altas autoridades del gobierno dominicano contra la concesión del Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña a Mario Vargas Llosa es el peligroso mensaje de que en nuestra sociedad no hay instancia de la nación que no deba responder a los intereses del grupo politico gobernante.
Si un jurado tiene que tomar en consideración la “pertinencia política” de determinado galardón y no los criterios de calidad que el mismo ha establecido, ese premio deja de ser un reconocimiento al mérito para convertirse en una vulgar lisonja politiquera.
Cuando una sociedad no es capaz de tener espacios que escapen al control gubernamental, entonces dicha comunidad se encarrila hacia el totalitarismo.
Desde una función gubernamental, ninguna figura pública debe emitir juicios sobre si es pertinente o no desde el punto de vista politico, la decición de un jurado nombrado por el gobierno mismo, pues se puede interpretar que el gobierno escribió un libreto del cual se desvió el jurado.
El desafortunado pronunciamiento gubernamental no es una simple falta de tacto hacia los integrantes de un jurado independiente. Lo peor es que crea el precedente para que en lo sucesivo, futuros jurados se sientan condicionados a la hora de conceder el reconocimiento a una figura si entienden que puede no ser del agrado del gobierno de turno.
O lo que es peor, puede servir de “lección” para que en el futuro, los integrantes del jurado sean personas seleccionadas con un perfil “políticamente correctos”.
¿Necesitamos este tipo de acciones en una sociedad con aspiraciones democráticas?