La fiscalidad ambiental es un instrumento económico de política ambiental. Puede definirse como la utilización del sistema fiscal para incentivar el cambio de actitud en los agentes económicos a fin de reducir el impacto negativo, que determinadas prácticas industriales y productivas, generan en el medio ambiente.
La generación y consumo de bienes y servicios implica costos ecológicos a través de la extracción de recursos naturales, la generación de residuos o la emisión de sustancias contaminantes.
Estos costos se conocen como externalidades; usualmente, no se contemplan y en el mejor de los casos, se infravaloran porque en el análisis económico convencional, los residuos no son propiedad de nadie. Por otro lado, la teoría económica clásica no considera la naturaleza y los recursos naturales como factores de producción. Sin embargo, la naturaleza es quien nos suministra los recursos y materias primas, al tiempo que es la receptora final de todo el proceso productivo en forma de residuos.
Incorporar las externalidades significa tener en cuenta los impactos ambientales así como el eventual agotamiento de algunos de los recursos naturales. Las empresas y los consumidores deberían incluir los costos ambientales dentro de su contabilidad para mantener la viabilidad, no sólo del sistema económico sino también de la vida humana.
La forma de abordar este desafío es la fiscalidad ambiental, que puede ser utilizada para promover el desarrollo, adoptar nuevas tecnologías o desestimular el consumo de un determinado producto a través de impuestos que lo encarezcan.
Estas medidas tienen por finalidad, mejorar el medio ambiente y luchar contra su degradación al incidir de manera directa en las decisiones económicas de las personas. Su aplicación sin embargo, debe ser bien analizada, tanto por los sectores afectados como por las autoridades ambientales, económicas y legislativas a fin de no penalizar a la industria nacional frente a otros países.
La Ley 64-00 en su artículo 70, establece que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales deberá coordinar con el Ministerio de Hacienda una metodología y procedimientos para el pago de tasas por usos, emisiones de vertidos y contaminantes en cuerpos receptores. Sin embargo, al día de hoy, esto sigue siendo una asignatura pendiente. También se podrían considerar tasas por depósito de residuos peligrosos así como, por la emisión de gases a la atmósfera.
Por otro lado, el incentivo fiscal es una herramienta utilizada como parte de una política de desarrollo destinada a la protección del medio ambiente, al promover un determinado sector o actividad económica, el cual se beneficia de una exoneración total o parcial de impuestos y tasas de importación por inversiones realizadas.
El capítulo IX de la citada ley 64-00 recoge estos aspectos que lamentablemente no han podido ser aplicados por falta de reglamento. Por otro lado, la ley 57-07 sobre Incentivo al Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía también contempla deducciones fiscales y aunque cuenta con reglamento aprobado, no ha sido bien aprovechada.
Existen además los incentivos económicos, que son un mecanismo que busca crear un puente entre los costos privados y los sociales, a través de la internalización de todos los costos externos. Comúnmente, son instrumentos financieros en forma de subsidios, créditos blandos, donaciones o fondos sectoriales.
Otras posibles áreas de aplicación de las deducciones fiscales podrían ser:
– proyectos que plantean una mejora o disminución del impacto ambiental en el proceso productivo (gestión eficiente de residuos y de aguas residuales, racionalización en el consumo de energía y agua)
– gestión de todo tipo de residuos (sólidos urbanos, agropecuarios)
– adquirir unidades de transporte (vehículos industriales y comerciales) que contribuyan de manera efectiva a la reducción de la contaminación atmosférica
En un escenario en el que se habla de una reforma fiscal integral, la perspectiva ambiental nos ofrece una batería de instrumentos económicos. Algunos de ellos, ya son parte de nuestra legislación, solo se requiere de voluntad política para aplicarlos. Faltaría que las autoridades competentes elaboren las normas que se requieran para definir parámetros técnicos y aprobar procedimientos administrativos.
La incorporación y correcta aplicación de estas herramientas, podría ayudarnos a gestionar nuestro medio ambiente de modo más prudente y a fomentar la innovación tecnológica e impulsar procesos productivos a menor costo y con mayor eficiencia. Esta nueva realidad, nos da un marco legal moderno que incluso podría atraer la inversión extranjera.