Recientemente se produjo un hecho que consterna nuestra sociedad en un centro comercial sacaron a una señora porque andaba “mal vestida” y no cumplía con el código de vestimenta del lugar, este hecho fue publicado en el periódico el Nacional y en las redes sociales. La señora aparenta más de 65 años, y andaba con un pañuelo en la cabeza, falda y calizos. Ella fue a pasear.
Hace unos meses ocurrió lo mismo en otro centro comercial, donde sacaron a un señor que iba a realizar una transacción en un banco comercial porque andaba “mal vestido” el señor es pintor y de su trabajo fue al banco.
Estas situaciones se reproducen cotidianamente en nuestro país en distintos espacios privados y públicos como son: Bancos Comerciales, Centros Comerciales, Oficinas Públicas, Clínicas, Centros Educativos, entre otros.
En todas las restricciones de entrada hacia los lugares públicos y privados se habla de un supuesto “código de vestimenta” que nadie conoce, que no se ha publicado en ningún lugar y que no debe existir porque se convierte en una herramienta violatoria de derechos ciudadanos y de discriminación. “Vestir bien” o “vestir mal” son calificaciones o juicios de valor basados en parámetros muy relativos que no pueden ser aplicados en forma homogénea porque se convierten en imposiciones verticales y autoritarias y dejan siempre un espacio a la valoración subjetiva del que observa o supervisa.
¿Resulta la vestimenta un atentado hacia la seguridad?
¿Que sustratos culturales sustentan estas continuas discriminaciones hacia las personas de diferentes generaciones y sexo por la vestimenta?
La visión de que la vestimenta refleja el estatus social de las personas. Esta visión mezcla en nuestra sociedad desde nuestras matrices culturales dos elementos:
- La lógica cultural de la sociedad de consumo que vende “estatus social” y marcas, ropa, zapato, accesorio y estilos de vestir asociados a actitudes y condiciones socio-económicas
- La herencia cultural de la Dictadura trujillista que estableció códigos de vestimentas diferenciados y autoritarios que imponían formas de vestir para espacios públicos, actos sociales, lugares de trabajo y educativos en los que se mezcló la discriminación social hacia los más pobres con la discriminación racial. Todo uso de combinaciones de colores, vestidos y peinados que tuvieran origen afrocaribeño es discriminado.
- El crecimiento de la desigualdad y la estratificación social en nuestra sociedad fortalecida con el modelo de la “apariencia” presente en las últimas décadas que genera la presión social por la búsqueda de “dinero fácil”, corrupción y endeudamiento. Los salarios que se obtienen no son suficientes para responder a esta presión social que supone “aparentar” y “vestir bien” para no ser excluido.
Estas situaciones de discriminación social y racial (porque los casos de discriminación por “mal vestido” siempre son hacia personas con rasgos físicos afrocaribeños) deben erradicarse tanto en el sector privado como público. Se está violando los derechos de las personas a: libre tránsito, acceso a servicios y al trabajo.
Esta sociedad está definida constitucionalmente como una Democracia por tanto las personas tienen derecho al libre tránsito y al manejo de su vestimenta e interacción social desde la libertad.
¿LE prohibirán la entrada a centros comerciales, bancos a las personas que tienen grandes expedientes de corrupción, robo, fraude y lavado de activos en nuestra sociedad?
Las personas que cometen actos delictivos y corrupción son personas muy “bien vestidas” porque tienen suficiente dinero que proviene de nuestros bolsillos. Seguir fortaleciendo la discriminación y exclusión de los “pobres” para favorecer “la apariencia” como modelo social, puede tener repercusiones socio-culturales en las nuevas generaciones y deteriorar aún más la cohesión social y la seguridad ciudadana.
Este artículo fue publicado originalmente en el periódico HOY