El proceso de marginación que vive el cristianismo en la sociedad europea pretende impactar a la República Dominicana. El senador por Barahona presentó un proyecto de ley que pretende eliminar la libertad de expresión, de conciencia, de asociación y de culto de las entidades religiosas.
Dicha pieza impone multas y hasta el cierre de los templos religiosos cuyos púlpitos prediquen contra disposiciones constitucionales y legales. Es decir, que si en República Dominicana se aprueba constitucional o legalmente la unión entre personas del mismo sexo, los ministros religiosos que condenen esa práctica desde sus púlpitos se verán seriamente afectados. Sencillamente inaceptable.
No podemos negar que vivimos tiempos complicados. No sólo no se pretende permitir que la legislación tenga rastro alguno de influencia cristiana o religiosa: la situación va más allá. Las iglesias y las comunidades religiosas y, por extensión, toda persona que pertenezca a ellas, no tienen derecho a intentar influir en las leyes de los países donde viven, porque por algún motivo ese intento sería ilegítimo y caería fuera de las reglas del juego democrático.
Los ejemplos sobran. La iniciativa del senador de Barahona no es el primero. Cada vez que se debate públicamente temas vinculados al aborto, matrimonio entre personas de un mismo sexo o educación sexual, las voces liberales pretenden silenciar a las cristianas con el argumento descrito más arriba.
Sin embargo, no existen grupos en la sociedad que se vean obligados a actuar bajo tales restricciones. Por ejemplo, se permite que las feministas hagan campaña a favor de una mayor igualdad entre hombres y mujeres (tal como entienden ellas la igualdad) hasta el punto de impulsar políticas que hacen muy difícil que una mujer se quede en casa cuidando a sus hijos. Los “fundamentalistas ambientales” lograron aprobar una ley en el Congreso que convirtió a Loma Miranda en parque nacional mientras los “capitalistas salvajes” celebraron el veto presidencial a dicha ley. A ninguno de estos grupos se le acusa de “interferir en la vida pública y política del Estado”, aunque haya quien encuentre sus iniciativas sumamente discutibles.
Sin embargo, quienes defendemos los valores religiosos no estamos recibiendo el mismo trato. Se nos dice que podemos defender nuestros valores en el ámbito privado, pero que esos valores no incumben a la esfera pública. Esta actitud de secularismo radical y agresivo se está propagando de la vida política a los foros públicos en general, llegando hasta el nivel individual de las personas con convicciones religiosas.
En Europa, no sólo no se admite que esos valores influyan en la legislación sino que, además, los símbolos de esos valores no pueden ser visibles en los espacios públicos, especialmente en los controlados por el Estado. En algunos casos, los individuos no pueden llevar símbolos de su religión ni expresar sus valores en su lugar de trabajo.
Un ejemplo especialmente extremo de esta campaña para desnudar la plaza pública fue la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de ordenar que Italia eliminara los crucifijos de las paredes de las escuelas estatales.
En Gran Bretaña, los ciudadanos cristianos se enfrentan a menudo a denuncias basadas en la legislación antidiscriminatoria o contra el odio. A principios de 2010, por ejemplo, el predicador callejero cristiano Dale McAlpine fue detenido en virtud de la sección 5 de la ley de Orden Público tras describir la conducta homosexual como un “pecado” durante una conversación privada con dos agentes de policía.
Asimismo, la abuela cristiana Pauline Howe fue investigada por la policía por “odio homofóbico” tras oponerse a la celebración de un desfile de orgullo gay en su ciudad natal de Norwich. La señora Howe había escrito una carta al Ayuntamiento afirmando que la aceptación abierta de la homosexualidad siempre ha estado ligada a la degeneración de las civilizaciones y que, por lo tanto, no debería apoyarse la celebración de desfiles del orgullo gay.
Esto tiene, inevitablemente, un efecto disuasorio sobre los británicos. Los casos se van acumulando. Una enfermera fue suspendida de su empleo por ofrecerse a orar por un paciente. Un empleado de un aeropuerto recibió la orden de no llevar un crucifijo cuando trabajaba. La secretaria de una escuela fue amonestada por enviar un correo electrónico a sus amigos pidiendo que oraran por su hija de corta edad que sufría acoso en el mismo colegio donde ella trabajaba, a causa de sus creencias cristianas. Todas las agencias cristianas de adopción han sido cerradas porque el Gobierno británico exige actualmente que incluyan entre las familias adoptantes a parejas de personas del mismo sexo. Estos y otros ejemplos recientes están documentados en una reciente publicación titulada A New Inquisition: Religious Persecution in Britain Today (Una nueva inquisición: la persecución religiosa en Gran Bretaña hoy).
Si permitimos en República Dominicana que el discurso liberal triunfe, viviremos situaciones similares o peores a las que están viviendo los cristianos europeos. El hecho de atreverse a presentar un proyecto de ley que procure eliminar libertades fundamentales de la vida de las confesiones religiosas y de sus ministros es altamente preocupante. Apelamos a la sensibilidad que en otras ocasiones ha mostrado con las iglesias y sus ministros la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, para que esta pieza sea rechazada de plano.