Gracias a la reforzada presencia militar, Pedernales ha retornado a la calma después de la turbulencia provocada por el asesinato de una pareja de agricultores dominicanos, supuestamente a manos de tres hermanos haitianos, que trabajaban para las víctimas, uno de los cuales fue detenido, hecho que desató las iras de un grupo extremista de sus habitantes que utilizando un carro con bocina alto-parlante dio un amenazante plazo de veinticuatro horas a los haitianos residentes para que abandonaran la ciudad. El anuncio provocó una estampida en masa hacia el otro lado de la frontera, ante el temor de ser víctimas de violentas represalias.
Fue prudente, inmediata y acertada la decisión del Poder Ejecutivo al ordenar el inmediato envío de refuerzos militares a Pedernales, ante temor de que el contingente que custodia la zona fuera insuficiente para controlar las pasiones desbordadas de la población, pretendiendo tomar revancha del crimen por propia mano, a falta de los presuntos autores del hecho, con los nacionales haitianos que en gran número estaban residiendo en Pedernales. De haber ocurrido, es posible que a estas horas estuviéramos lamentando un penoso baño de sangre, lo que en modo alguno sería un acto de justicia, si no por el contrario, una acción criminal sin sentido ni justificación, que hubiera complicado más aún las relaciones entre ambos gobiernos y atraído sobre el país las más fuertes críticas y condenas en el campo internacional.
El suceso, afortunadamente controlado, pone de nuevo sobre el tapete el tema de la desordenada inmigración haitiana, situación que se irá agravando en el tiempo en la medida en que su población siga creciendo, su pobreza aumentando, su economía estancada y se le cierren las puertas de otros países, como ya está ocurriendo, para acoger a su crecido número de emigrantes.
Se trata de un problema permanente. El de mayor gravedad y prioridad que confronta el país, en tanto estamos impuestos a compartir el territorio de la Hispaniola sin otra opción más que la de tratar de mantener unas relaciones de razonable respeto y convivencia pacífica, y hasta donde sea posible, de cooperación en áreas de común interés, encabezadas por establecer reglas claras para normalizar el intercambio comercial, necesario a ambas partes.
No basta con reforzar la presencia militar en la frontera. Ni tan siquiera aposentar a los guardias que estén en disposición de hacerlo en la región fronteriza, ni tan siquiera de ofrecer estímulos a los dominicanos que habitan en ella para evitar que emigren. O la idea de levantar un muro de contención como han planteado algunos sectores.
Es preciso establecer toda una sostenida, coherente, justa y firme política migratoria, para lo cual bien pudiera comenzarse por regular la entrada organizada de mano de obra haitiana al país. Si hacemos tantas investigaciones y encuestas en muchos otros campos, ¿qué tan difícil puede resultar establecer la cantidad aproximada de mano de obra que requiere el sector agrícola para evitar que se pierdan cosechas y la producción de alimentos resulte afectada? Y asimismo, en el sector de la construcción tanto pública como privada, para que la industria pueda seguir operando con normalidad.
Una vez establecido un aproximado de ambas cifras, cuantificar qué cantidad de dominicanos estarían en disposición de pasar a ocupar los puestos de trabajo disponibles, luego de lo cual se autorizaría la contratación de manera ordenada de braceros haitianos para cubrir el faltante, con permisos de trabajo y residencia temporal, en una negociación de gobierno a gobierno, al tiempo de olvidarnos de la ley del hipotético 80-20, que es totalmente in-funcional e incumplida en la práctica comenzando por el propio Estado. Desmontar, someter y sancionar en forma ejemplar las mafias haitianas y sus cómplices y tentáculos dominicanos, militares y civiles, dedicadas al trasiego de ilegales, para que sirva de escarmiento y advertencia. En cuanto a los ilegales, por primera vez, deportarlos, y en caso de reincidencia, condenarlos a prisión.
Porque lo que en definitiva no ayudará a resolver el problema es mantener este interminable rejuego de la repatriación y el regreso de los indocumentados, que según la amplia experiencia del padre Regino Martínez, con largos años de residencia y servicio pastoral en la frontera, no pasa de ser una farsa en tanto quienes los empujan al otro lado, luego son los mismos que le permiten volver una vez que pagan el consabido peaje.