El Mayor General Jefe de la Policía Nacional, Nelson R. Peguero Paredes, actuando por instrucción de la autoridad suprema de la institución, el Presidente Danilo Medina, dispuso e inicio un operativo de detención de los motoristas con “perfil sospechoso” retrocediendo en la prevención del delito aplicando en la práctica de la teoría de César Lombroso, que define a posibles delincuentes por algunos rasgos físicos y biológicos.
En ese sentido, cuando la Policía Nacional desarrolla dichos operativos y el Ministerio Público no actúa para identificar que es y no es un perfil sospechoso, cuando se desconoce los criterios que están utilizando para detenciones arbitrarias de ciudadanos/as motorizados, entonces cabe la pregunta, ¿Tendremos en el Congreso Nacional, Palacio Nacional y en el Poder Judicial perfiles políticos y fortunas sospechosas?
Las políticas de prevención del delito que se fundamentan en esa construcción de perfiles sospechosos, generalmente, atacan las ramas y van dirigida a los estratos más bajo de la sociedad, sobre todo, porque en el país cuando se habla de la delincuencia, es para referirse a la delincuencia menor, a la delincuencia juvenil, delincuencia en el barrio, pero en pocas ocasiones investigan o persiguen la delincuencia en la política, aquella que involucra a grupos que se organizan, asocian y planean para afectar el erario público.
La construcción de perfiles sospechosos regularmente buscan perseguir y reprimir la delincuencia común, aquella que es generada por múltiples factores, entre ellos, la desigualdad social, la pobreza, el desempleo, las desigualdades y la exclusión social, por cuanto, dichos métodos de persecución del delito poco aportan en el seguimiento y sanción a la delincuencia política.
Para la persecución de la delincuencia política, también podemos construir perfiles de políticos sospechosos de enriquecimiento ilícito y de esa forma también enfrentar con vigor “los delitos realizados por políticos, funcionarios públicos electos o designados”.
En ese sentido, un perfil de un político sospecho de robo público, puede iniciar por el reconocimiento de que la delincuencia en la política intervienen más de un sujeto u individuo, con el objetivo de la comisión de un delito, trasgredir las normas y se organizan para dichos fines, planifican los hechos delictivos, tratando de operar de manera sistemática, permanente y continua, para apropiarse del Estado, capturando sus instituciones para garantizarse impunidad.
En el proceso de construcción de perfiles sospechoso de la delincuencia política tenemos que tener presente su modo de operar, porque actúan con premeditación, alevosía, tiene alianzas y generan vínculos en las instituciones públicas o privadas y entre los distintos poderes del Estado.
La delincuencia política opera u actúa con mucha precisión técnica y estrategia para ejecutar el ilícito con rapidez, astucia, abusando del poder para el enriquecimiento personal o favorecimiento ilegal e ilegítimo de sus allegados, amigos o relacionados políticos, en contra de los intereses de la población.
El sospechoso de enriquecimiento ilícito actúa para adueñarse de la administración pública, controlar las actividades económicas, gestionar contratos leoninos con las instituciones públicas, entregar concesiones, conseguir construcciones de obras para obtener beneficios ilegales, entre otras modalidades y manifestaciones.
Una característica fundamental de delincuencia política y que tenemos que tener en el perfil de sospechosos políticos, es que desarrollan estrategias mediáticas, para lo cual cuentan con medios de comunicación, con manipuladores de la opinión pública, con estructuras de redes de lealtades para garantizar el funcionamiento del sistema y para perpetuarse en el poder, para lo cual tratan de concentrar todo el poder posible, con lo cual garantizan facilidades para el hurto de los recursos públicos.
También para garantizar sus actividades y beneficios recurren a préstamos e incrementan la deuda pública para tener más posibilidad de maniobra, a la vez diseñan un sistema impositivo que le permita mayor acceso a recursos para su beneficio particular, sobre la base del empobrecimiento de la mayoría de la población, la cual no tiene acceso a servicios públicos de calidad, sus derechos son vulnerados de manera reiterada y el Estado Social Democrático de Derecho, es sólo un enunciado en la Constitución Política.