La dominicanidad se encuentra en cuestión con la nueva resolución dictaminada por el Tribunal Constitucional en la que personas de origen migrante nacidas desde 1929 a la fecha no califican para ser “dominicanas”.

En este momento vivimos un proceso de invisibilización de este sentido de la dominicanidad con el ejercicio continuo de la negación de la misma a personas que han construido su identidad desde su nacimiento en nuestro territorio por varias décadas.

Una gran parte de la población se debate entre el ser “dominicanos de pura cepa” o no. Se denominan  “dominicanos de pura cepa” aquellas personas nacidas en el país con padres y madres dominicanos. Si aplicamos este concepto literalmente a muchos de nuestros personajes históricos encontramos que no eran dominicanos de pura cepa, porque su padre o su madre eran extranjeros (Juan Pablo Duarte, Gregorio Luperón, Antonio Duvergé, Máximo Gómez, Ulises Heuraux, entre otros…).

La dominicanidad de pura cepa, no existe. Somos una nación formada de mezclas de diversas etnias desde 1492. Una isla con una historia de migraciones permanentes de grupos humanos diversos como: árabes, libaneses, sirios, chinos, ingleses, franceses, italianos, libaneses, españoles, judíos, cubanos, puertorriqueños, afroamericanos, cocolos y haitianos.

La dominicanidad se encuentra en estos momentos en un estado de confusión y de trasiego en miles de personas que han vivido durante años como dominicanas, ahora sufren el despojo de su nacionalidad. Miles de personas que en intentos de renovación de su acta de nacimiento se le niega porque son “extranjeros”, denominación que solo se utiliza para quienes tienen padres/madres o abuelos/as haitianos/as no así para otros/as hijos/as de migrantes (chinos, cubanos, puertorriqueños, españoles, italianos…). ¿Cuántos senadores, diputados, síndicos y funcionarios/as no son de origen migrante? ¿Dentro del Tribunal Constitucional cuántos de sus miembros/as no tienen origen cocolo, afroamericano, árabe y otros…?

Es el caso de un hombre que nació hace 70 años en Higüey, desde 1945 ha ofrecido su voto en todos los procesos electorales del país, duró 45 años trabajando como técnico electricista del CEA, tiene hijos y nietos en el país, se pregunta “de donde soy ahora, me dicen que ya no soy dominicano”. “Fui dominicano cuando represente al país como jugador de béisbol en Puerto Rico y Panamá, y di muchos jonrones para la Republica Dominicana, fui dominicano cuando le deje al estado millones de pesos de mi trabajo ininterrumpido en el CEA y fui dominicano cuando procree una familia de hijos y nietos profesionales, ahora no lo soy, me niegan mis papeles y me dicen que ahora después de 70 años de ser dominicano, soy extranjero”.

Una mujer de San Juan cuenta: “Yo me siento dominicana, todo lo que hago, mis costumbres, la comida, juré por este país y juré por la bandera,  sin embargo, no me tratan como dominicana, porque no tengo papeles, me dicen que soy haitiana porque soy morena, pero no lo soy, no se hablar haitiano, no tengo familia haitiana, nunca he ido a Haití”.

Esta lógica de exclusión de las personas de piel negra por ser “sospechosos” de no ser dominicanos es una negación de nuestros orígenes y de nuestra negritud. Una negritud que se convierte en una “vergüenza” una “humillación” y motivo de represión, como en la dictadura de Trujillo.

La situación actual de discriminación a la población dominicana de origen haitiano se parece a la que ocurrió con “El Corte” en la era de Trujillo en vez del “Perejil” se utiliza la cancelación de actas de nacimiento, cedulas, pasaportes a personas que no conocen otro contexto que no sea el dominicano.

En una sociedad donde se persigue y se le niega el derecho a la documentación y la nacionalidad a un gran número de personas no puede considerarse democrática.

Es totalmente incongruente y contradictorio lo que está haciendo el Tribunal Constitucional y la Junta Central Electoral frente a los programas “especiales” que tiene el gobierno y sus políticas sociales. ¿Cómo se pueden hacer campañas de documentación de niños y niñas para que no queden excluidos/as del sistema educativo, cuando por otro lado la Junta y el Tribunal Constitucional despojan a miles de personas de esos documentos y a sus hijos e hijas?

Las consecuencias de estas medidas son de un impacto altamente negativo para la preservación de la democracia, la cohesión social y la seguridad ciudadana.

Una gran parte de la población está amenazada de convertirse en extranjero en su propio país, excluyéndola de oportunidades para su desarrollo y condenándola a la vulnerabilidad y a “buscársela en la calle como sea”.