Independientemente de que algunas firmas encuestadoras de “prestigio”, a mucho tiempo de un certamen electoral, jueguen con ciertos números con la finalidad de crear percepciones e ir condicionando a los electores para inclinarles hacia la estrategia comicial del financista, hay algunos que llaman la atención, sin que esto implique que tomemos una pinza para extraer datos favorables a nuestro análisis o un bisturís para diseccionar el cuerpo estadístico con el interés de quedarnos con algunas piezas.
Es que hay cifras que se cuelan crudas, prístinas y sin maquillaje, porque no alteran de forma significativa la estrategia de contaminar a la opinión pública para que ésta, desde la percepción, construya realidades políticas que desemboquen en los resultados electorales perseguidos desde el diseño de “mediciones” que no buscan medir sino producir resultados, que serían el producto de este sutil laboratorio propagandístico.
Entre los hallazgos inalterados de la firma encuestadora Greemberg que publicara recientemente un diario de circulación nacional, se encuentra el dato de que casi el 70 % de los dominicanos cree que las primarias del PLD celebradas el 6 de octubre no fueron libres ni justas. Esto quiere decir que una abrumadora mayoría sabe que hubo un fraude que despojó de la candidatura presidencial a Leonel Fernández, lo que derivó en la división de la formación política más grande y poderosa del país en el último cuarto de siglo, una fortaleza que la perfilaba como ganadora en primera vuelta de los comicios de mayo próximo con cerca del 60% del favor popular.
Sabemos que el pueblo dominicano señala al Gobierno como el responsable de la alteración de los resultados de las elecciones internas del PLD, lo que sin lugar a dudas mina la confianza de los ciudadanos hacia la actual administración, una confianza que se venía erosionando desde que se arribaron a pactos de gobernabilidad a lo interno del partido de gobierno en el que dos fuerzas de estilos y formas distintas (una que respondía, y responde, a esquemas del pragmatismo instrumentalista, y otra marcada por un talante de las ideas centradas en programas estructurales y de corte colectivos) trataban de converger en un ambiente que debió estar signado por la confianza, pero que por el irrespeto de una “mayoría” coyuntural que asumió su condición con arrogancia, no se logró.
El esfuerzo fracasado que comenzó a minar la credibilidad de presidente Medina, dio inicio con la violación de los puntos 2, 4 y 7 del pacto de 15 que firmaron los miembros del Comité Político peledeísta el 28 de mayo de 2015. En el orden de los números que señalo como violados, se planteaba blindar la Constitución de la República modificando los artículos 270, 271 y 272 “para fortalecer y hacer más calificados los porcentajes de la misma en el futuro”. Se hizo obvio que no se cumplió porque el mandatario, que firmó ese pacto para reelegirse después de haber dicho que solo quería un período, tenía la intención de buscar una segunda repostulación.
El también burlado punto 4 tuvo que ver con la alternabilidad en la presidencia de la Cámara de Diputados. A estos dos hechos que pusieron en evidencia la falta de seriedad política asociada al pragmatismo instrumentalista, se sumó la burla al 7 que pretendía la toma de decisiones por consenso o por “las tres cuartas partes de la matricula” del CP. El argumento para ignorar estos dos últimos compromisos fue el control de una mayoría que debía hacerse valer. A esta crónica de desconfianza se suma el intento de fraude del 16F y el discurso de fábula del 27F .