El almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio tuvo este miércoles como oradora invitada a la licenciada Laura Guerrero, titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (PEPCA). Fue la suya una presentación que ofreció algunos aspectos de gran interés sobre la misión propia de su despacho.
La licenciada Guerrero coincidió con un criterio que ha sido expresado en diversas ocasiones y que, en el caso de las distintas instituciones empresariales ha resultado concluyente y consistente en el sentido de que la corrupción resulta, la que en su exposición calificó de “grave retranca” para el desarrollo estable y equitativo de la sociedad, contribuyendo a desincentivar tanto la inversión extranjera como nacional.
Vale recordar que el finado Miguel Cocco, ex Director General de Aduanas y figura relevante dentro del partido de gobierno, reconocido por su acrisolada honestidad, expuso en más de una ocasión que la corrupción era la principal causa de la pobreza en el país.
La funcionaria fiscal reveló que para la lucha contra el flagelo del dolo administrativo, su oficina ha gestionado la colaboración de organismos internacionales y recabado el concurso de distintas instituciones de la sociedad civil. Al respecto dijo que al presente, la rama del Ministerio Público que encabeza ha sometido a los tribunales unos veinte expedientes que presentan indicios de corrupción administrativa y tiene bajo estudio el doble de esa cantidad.
No faltan, según expuso, instrumentos legales para enfrentar el problema. Por el contrario, parece disponerse de suficientes leyes que sirvan de marco a la acción de la fiscal. Entre estas mencionó la que ampara la protección de denunciantes, testigos y peritos de actos de corrupción y la llamada “Ley de Extinción de Dominio” que faculta el decomiso civil de los de bienes de procedencia ilícita.
También externó una queja: que la lucha anticorrupción enfrenta como principal escollo la escasa colaboración que se recibe del público para la efectiva instrumentación de las acciones que lleva a cabo su despacho, colaborando en aportar pruebas con suficiente validez legal para obtener fallos condenatorios en los tribunales.
En este sentido se lamentó de que mientras en la prensa aparecen frecuentes denuncias y se reclama el castigo de los presuntos culpables, a su conocimiento no llegan huérfanas de algún interés, en una implícita referencia a las que están impulsadas motivaciones políticas o de naturaleza ajena al real propósito de erradicar la corrupción en la gestión del Estado. Esta falta de cooperación en unos casos o de interés subyacente en otros, hace a su juicio mucho más difícil el trabajo de investigación que permita determinar la comisión del hecho doloso y la presunta culpabilidad de los implicados.
Esta especie de apatía en acudir a la instancia correspondiente en este caso la oficina a su cargo, la atribuye a que la gente siente temor de enfrentar el poder. No le falta razón. ¿La causa? Aunque no lo dijo es el miedo a las consecuencias de lo que más que un gesto cívico, muchos consideran sería un acto temerario que pudiera convertirlo en víctima de alguna forma de retaliación u hostigamiento.
Es el sentirse impotente e indefenso frente a un posible abuso de quien disfruta de suficiente poder e impunidad para ocasionarle algún perjuicio y la imposibilidad de disponer de medios efectivos de defensa a los cuales recurrir frente a una acción arbitraria.
Cuenta otra circunstancia de mayor peso y es la falta de confianza en la Administración de Justicia. El grueso de la ciudadanía no cree en la imparcialidad y la transparencia de los tribunales. Es una desconfianza que ha ido creciendo hasta alcanzar los más altos niveles de rechazo. Las encuestas donde se ha auscultado la opinión del público así lo demuestran, confirmando lo que es opinión extendida y casi absoluta de la calle.
El hecho cierto de que pese a la cantidad de expedientes por corrupción sometida a los tribunales, las condenas dictadas hasta el presente han resultado relativamente débiles y pueden ser contadas con los dedos de una mano, es una razón de peso en este sentido. Cuentan asimismo, los otros muchos escándalos que envuelven fallos y actuaciones cuestionables de la Administración de Justicia, tales como en casos de narcotráfico a gran escala y ahora mismo, la forma vergonzosamente complaciente en que manejó el caso de los dos pilotos franceses condenados a veinte años de prisión por ese mismo tipo de delito, que permitió su fuga.
La gente se siente por consiguiente, mucho más motivada a acudir a los medios de comunicación que, por el contrario, disfrutan de un grado elevado de confiabilidad que a una Justicia en la que no creen y que consideran parcial, ineficiente y corrupta. Es, además, una forma de consolación y desahogo a su indignación e impotencia.
Lo que plantea la licenciada Guerrero es lo que el asesinado Presidente Kennedy llamó “perderle el miedo al miedo”. En este caso, el miedo a las consecuencias del exceso de poder de quienes, por el contrario, parecen disfrutar de licencia para no sufrir consecuencias en un país donde todavía la ley no corre pareja porque debiendo ser igual para todos en la realidad hay quienes resultan ser mucho más iguales que el resto, al punto de quedar al margen cuando no situarse inclusive por encima de ella.
Corregir esa situación injusta y perniciosa no es tarea fácil, sino un peregrinaje escabroso, largo y riesgoso. Un reto que no obstante es necesario asumir tanto por parte del gobierno como de la sociedad, si queremos echar el país adelante, conformar una sociedad basada en el cumplimiento de la ley sin excepciones ni privilegios y poder algún día vestir nuestra democracia con pantalones largos.