Lo primero es resaltar que cuando hablamos de pensiones, estamos hablando de un derecho fundamental. En la Constitución dominicana queda establecido así mediante el artículo 60: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social. El Estado estimulará el desarrollo progresivo de la seguridad social para asegurar el acceso universal a una adecuada protección en la enfermedad, discapacidad, desocupación y la vejez”. Que queden resaltadas dos palabras: “universal” y “adecuada”.
Más allá de la Constitución, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 22: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
Pero el derecho a la seguridad social y, como parte de este, a las pensiones dignas, se ve limitado por razones varias: una de ellas son los bajos salarios del país; otra muy importarte son las perversiones que el Sistema Dominicano de Seguridad Social tiene estructuralmente, entre ellas una esencial: la llamada “capitalización individual”.
Los salarios extremadamente bajos hacen que las cotizaciones sean bajas. Eso se podría resolver de manera directa elevando los salarios, que es un tema de política económica, y por vía indirecta aumentando las cotizaciones, lo que no deja de afectar a empleadores y trabajadores y sería tema de conflicto ineludible. Pero a ello sumemos que, como dijimos en la columna anterior, los recursos acumulados en los fondos de pensiones prácticamente no se usan en inversiones productivas y que, de la rentabilidad alcanzada, 519 millones de dólares se han ido simplemente a engordar los bolsillos de dueños de bancos y empresas accionistas que ya tienen suficiente como para querer tanto.
Pero, insistimos, la trampa clave está en el sistema de cotización y “capitalización individual”. En un sistema así, con la promesa de que "cada quien es dueño de sus ahorros", considerando salarios bajos y cotizaciones no altas, se impide que funcione el motor que haría posible (y lo hace en otros países) pensiones dignas, al menos al nivel promedio de los salarios del país: la solidaridad intergeneracional.
La solidaridad intergeneracional es todo lo distinto a la “ley de sálvese quien pueda” de la “capitalización individual”, donde en realidad la mayoría capitaliza miserias para sí y privatiza en pocas manos la gran parte del bizcocho. Cuando hay solidaridad intergeneracional, esto es en “sistemas de reparto”, los trabajadores jóvenes y activos aportan con sus cotizaciones los recursos que se invierten productivamente y ayudan a los que se retiran a tener pensiones decentes, y así sucesivamente, cada generación apoya a la mayor, ayudado también por un aporte fiscal (que existe en nuestro país, pero sólo en rol subsidiario, para evitar la catástrofe del régimen de AFP o la “falla de mercado”). La “capitalización individual” es individualismo contra solidaridad, mercancía contra derecho.
Los salarios bajos y cotizaciones no altas explican que las pensiones no sean suculentas, pero es la “capitalización individual” lo que explica, en gran medida, que los trabajadores dominicanos van a recibir como pensión cuando se retiren un 22.8% de su salario promedio, una bajísima tasa de reemplazo. Una alta autoridad de la Superintendencia de Pensiones hace un tiempo nos comentaba que los trabajadores dominicanos pensionados bajo las AFP, en el mejor de los casos, podrían esperar, en promedio, unos 8000 pesos mensuales por el resto de su vida. Esto es el peor rendimiento entre los países con sistema de AFP y el peor de todos los países latinoamericanos, según las proyecciones de la OECD. El promedio de América Latina es un 63% de tasa de reemplazo.
Atiéndase bien: la forma de invertir es ineficiente; las ganancias parasitarias e improductivas para grandes grupos económicos agregan una doble ineficiencia; pero aun cuando la comisión de ganancia se las AFP fuera ninguna, igual a 0, bajo la “capitalización individual” no habrá pensiones decentes. Cada quién tendrá que rascarse con sus propias uñas, mientras entre todos alimentamos una maquinaria financiera gigantesca, que es de todo menos un sistema de pensiones.
El país tiene -gracias a casi un milagro- una alternativa que existe y funciona, y permite ver cómo sería el caso si las pensiones se manejaran con un sistema de reparto con solidaridad intergeneracional: nos referimos a INABIMA. Es el fondo de pensiones de los maestros y maestras, que no está privatizado ni se maneja con “capitalización individual” (como tampoco es privado ni de “capitalización individual” el fondo de pensiones de diputados y senadores dominicanos), sino que los nuevos cotizantes ayudan a los viejos. En INABIMA la tasa se reemplazo es 66%, tres veces mejor que la 22.8% del sistema de AFP dominicano.
Si alguien pregunta si un sistema de reparto y solidario sería sostenible (ya que en Europa estos sistemas la tienen difícil porque hay mucha población envejeciente y hay menos jóvenes) usted contéstele: eso es en Europa, porque en República Dominicana tenemos más de 5 trabajadores activos por cada trabajador que se retira o inactivo. Un sistema de reparto solidario y que asegure derechos es totalmente financiable, sostenible y más eficiente y justo que el actual.
Subrayemos: no basta con mejorar un poquito las cotizaciones o con disminuir las comisiones que cobran las AFP. Esos son aspectos marginales, no sustantivos. Las maneras de cambiar el actual sistema van desde una modificación radical, terminando con la vigencia de las AFP para los nuevos afiliados a partir de ahora y que devuelvan a los cotizantes sus ahorros proponiéndoles una nueva institucionalidad de reparto y social, hasta una modalidad intermedia como la tomada en Perú, donde un sistema de AFP seguirá existiendo pero también habrá un sistema de reparto gerenciado públicamente, solidario y sin capitalización individual, y los trabajadores podrán optar por cual modelo es preferible. Una tercera opción es posible: Un sistema cuyo pilar sea el reparto solidario y de gobierno público, más la posibilidad del ahorro individual complementario de tipo privado.
Una cosa esta clara, el sistema de AFP cayó en desgracia, no por prejuicios, sino porque es un fracaso social y económico en los países en que existe, y no es lo que se supone que deba ser: es seguridad de grandes negocios y no seguridad social.
Quien lo acaba de ratificar no ha sido un luchador "antisistema", sino nada menos y nada más que Ricardo Lagos, ex presidente y hoy precandidato presidencial en Chile, reconocido líder del país-modelo de las AFP y del “éxito económico” latinoamericano. Lagos es quien acaba de declarar hace pocas semanas lo siguiente:
“Las AFP se preocupan más de las utilidades de sus propietarios que de las pensiones de sus afiliados. Es un sistema injusto y hay cambiarlo.
Los trabajadores y trabajadoras chilenos merecen un sistema de pensiones solidario y justo que reconozca el trabajo de toda una vida
Ni un peso más para las AFP. Participemos del debate y alcancemos amplios acuerdos para cambiar este sistema injusto”.