El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado un estudio que señala que “el Estado del Bienestar español perpetúa las desigualdades y tiende a favorecer más, paradójicamente, a aquéllos que menos lo necesitan, en detrimento de los ciudadanos que bordean el nivel de la pobreza y de los jóvenes”.
Más específicamente considera que su sistema de previsional “es insostenible debido a la generosidad de las pensiones, combinado con el envejecimiento de la población”. Los mayores han "navegado" la crisis mejor que los jóvenes, que han quedado "particularmente en desventaja".
España gasta un 23,4% de su PIB en protección social, por debajo de la media de la Unión Europea que es del 27,9%. Sin embargo, la mitad del gasto público español se va a las pensiones, "cuya sostenibilidad está en peligro, salvo que se tomen medidas adicionales" para preservar el sistema.
El informe recalca la concentración del gasto social en las pensiones, y señala que España tiene el mayor índice de pobreza infantil de Europa Occidental, por encima de países de ingresos considerablemente más bajos, como Portugal y Grecia, y que en 2017 una de cada cuatro familias españolas estaba en peligro de caer por debajo del umbral de la pobreza.
Desde hace una década el modelo español viene dando muestras inequívocas de agotamiento. Recordemos que hace apenas unos meses el Tribunal de Cuentas de España declaró en quiebra técnica al sistema de pensiones, señalando que con el pago de las pensiones se agotó la hucha al gastar “casi cien mil millones de euros desde 2010”.
Se discuten nuevos ajustes para reducir las pensiones y jubilaciones. La insostenibilidad crea grandes incertidumbres en los pensionados y jubilados españoles conscientes de que, será inevitable introducir ajustes paramétricos, para contener los costes, que en la práctica significa reducir su nivel de vida.
Estos resultados serán más críticos ya que en apenas 15 años, uno de cada cuatro españoles tendrá más de 65 años y será necesario incrementar los ingresos, introduciendo más impuestos para financiar las pensiones, reproduciendo el circulo vicioso de mayor concentración de los subsidios y desigualdad social.
Factores culturales e históricos nos obligan a considerar la experiencia de España en el campo previsional ya que mantiene una tasa de retorno de alrededor del 80%, bastante parecida a la que tienen muchos planes de retiro de nuestro país, y un tanto por debajo del 100% que aspiran algunos grupos, sin definir su costo, ni mucho menos su financiamiento.
Mayor índice de pobreza y creciente gasto público en pensiones
Estos resultados refuerzan nuestra tesis de que los desequilibrios del actual sistema de reparto, demandan subsidios fiscales que acentúa la desigualdad social y reducen el gasto social destinado a cubrir las necesidades esenciales de los más pobres y vulnerables, incluyendo las pensiones no contributivas.
Además, confirman los resultados de Brasil donde el 20% con las pensiones más bajas apenas recibe el 4%, mientras el 20% con las mayores pensiones captura el 35% de los subsidios previsionales, pagados con impuestos regresivos que penalizan a los grupos de menores ingresos.
Desde luego, los españoles tienen derecho a disfrutar de una vejez digna, libre de incertidumbres y estreses, tanto los contributivos como los envejecientes más débiles y vulnerables. La única forma de garantizar pensiones dignas y sostenibles para todos es rediseñando el sistema público de reparto.
Persistir en el mantenimiento de un modelo viejo y agotado, condena a las actuales y futuras generaciones de pensionados y jubilados a una inevitable reducción de sus niveles de vida en constante zozobra e inseguridad social. Desde luego, no estamos hablando de paliativos coyunturales, sino de una reforma integral que garantice la necesaria suficiencia y sostenibilidad del sistema.