Nadie discute que Chile es la “meca” del sistema de pensiones impuesto en República Dominicana. Cuando en 1980 la tiranía de Pinochet implantó el régimen de AFP y capitalización individual, bajo la dirección de José Piñera, hermano del actual presidente chileno, las administradoras no podían invertir los fondos en la bolsa de valores, ni en bolsas o empresas extranjeras. Paso a paso, la élite empresarial, financiera y burocrática fue logrando cambios en esa materia, con la promesa de lograr mayores rentabilidades para los trabajadores.
¿Cuáles han sido los resultados? A marzo de 2018, los Fondos de Pensiones chilenos llegaron a 215,542 millones de dólares, esto es cerca de tres veces el PIB de República Dominicana. Pero de esos fondos, apenas un 10% se invierte en empresas nacionales (solo 113 de estas se están beneficiando) y los más capitalizados son grupos económicos asociados a los clanes de las AFP (dos poderosos grupos habían recibido en 2015 para sí solos 3 millones de millones de pesos chilenos). Y prácticamente la mitad de los fondos se encuentra invertidos en el extranjero, pero de esa suma casi un 70% está invertido en fondos de renta variable, incluyendo bolsas y acciones, mientras solo el 1.4% está colocado en empresas.
La conclusión es que, en 38 años, esos cientos de miles de millones de dólares no han servido para capitalizar las empresas chilenas ni tampoco para hacer fuerte la presencia de Chile en la producción internacional. Al contrario, un experto dijo que “los trabajadores chilenos están financiando una delincuencia empresarial, lo cual les perjudica en sus ahorros y futuras pensiones”.
Desde la crisis financiera internacional iniciada en julio de 2007, las AFP chilenas han dilapidado en inversiones y bolsas extranjeras 37 mil millones de dólares de los fondos administrados, es decir un 50% del PIB dominicano, mientras el fisco ha tenido que endeudarse en más de 6 mil millones de dólares para pagar pensiones civiles, subsidios al sistema, así como pensiones solidarias a la población sumida en la pobreza que las AFP no pagan, además de las pensiones públicas. Sin embargo, las 6 AFP chilenas solo en 2017 se ganaron “limpios” 1.5 millones de dólares al día. ¿Y las pensiones de la gente? Solo un dato: la mitad de las mujeres chilenas bajo la capitalización individual no han podido autofinanciar una pensión superior a los 40 dólares mensuales.
En definitiva, todas las promesas han sido falsas.
Por eso nadie se asombre con que el Gobierno dominicano propusiera el año pasado una reforma a la Seguridad Social que permitiese a las AFP invertir en bolsas de valores y en el extranjero los más de 500 mil millones de pesos que se han sustraído a los trabajadores y empleadores dominicanos, en este sistema de saqueo financiero obligatorio y compulsivo.
Nadie se extrañe tampoco que la AIRD esté proponiendo usar los fondos de pensiones en la bolsa de valores, supuestamente para “hacer posible la conquista de mercados internacionales y lograr el incremento deseado de las exportaciones” y que “busca junto a expertos del mercado de valores impulsar acciones para mejorar el acceso financiero a los sectores productivos.” La promesa suena bien, pero la realidad dominicana es dantesca y la experiencia internacional es catastrófica. A otro con ese cuento.