La pandemia de la COVID-19 –con sobrada razón– ha volcado la opinión pública en general y las prioridades de inversión pública hacia los sistemas de atención en salud. Dejando de lado al otro componente de la seguridad social: los sistemas de pensiones; cuya principal función es asegurar ingresos suficientes y sostenibles a las personas una vez agotado su ciclo de vida laboral, especialmente ante los crecientes avances en longevidad.
Más allá de los embates presentes y del impacto futuro de la situación actual, resulta impostergable retomar temas cruciales de largo alcance. Al final del día, la visión y la determinación de tales decisiones marcarán la diferencia en la calidad de vida de las personas.
En materia de pensiones es necesario trascender la inmediatez. La atención mediática se ha visto acaparada por la opción del retiro de una proporción de los fondos en las cuentas de capitalización individual, demanda que si bien puede responder al clamor de expectativas individuales amplificadas por las redes sociales, es enarbolada por sectores con mirada de corto alcance y escasa legitimidad y representatividad.
Por esa y muchas otras razones, saludamos con entusiasmo el trabajo que nos ha hecho llegar el Dr. Carmelo Mesa-Lago, profesor emérito de Economía de la Universidad de Pittsburgh, con la solicitud de difundirlo. Enhorabuena que esta publicación hace un llamado a ampliar la mirada en lo que atañe al debate entre actores calificados y la toma de decisiones políticas e institucionales con respecto a los sistemas de pensiones. Con independencia de la postura o posición ideológica y de los intereses estratégicos o contingentes que se defiendan, se trata de un trabajo que merece ser leído y estudiado en todas sus dimensiones y alcances.
Con el reconocimiento que le asiste y la argucia que le caracteriza, el Prof. Mesa-Lago utilizando estadísticas y documentación respecto a los principios de seguridad social emanados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), nos ofrece una valoración del desempeño de los 9 sistemas privados de pensiones latinoamericanos durante las últimas cuatro décadas. De acuerdo con su grado de desarrollo social, los clasifica en tres grupos, ordenados de mayor a menor: los más desarrollados (Uruguay, Chile y Costa Rica), los de desarrollo intermedio (Panamá y México) y los de menor desarrollo (Colombia, El Salvador, Perú y República Dominicana).
“Evaluación de cuatro décadas de privatización de pensiones en América Latina (1980-2020). Promesas y realidades” (Mesa-Lago, 2020) es el título de la publicación del Prof. Mesa-Lago, autoridad mundial en el tema. Un amplia reseña hemos compartido en nuestra columna “Cuando leo…” (Pichardo, 2021).
A partir de los cinco indicadores claves consideramos por el Dr. Mesa Lago, pasamos balance al estado de situación de las pensiones en el país.
Los datos y el análisis son tomados de la investigación que realizamos en conjunto con Joan Guerrero, para el Observatorio de la Seguridad Social (OSES), del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), cuya versión completa estará publicada en formato físico próximamente y ya está disponible en versión digital en Amazon (Pichardo y Guerrero, 2021).
En esta oportunidad nos referimos a los dos primeros indicadores: cobertura en relación con la Población Económicamente Activa (PEA) y Solidaridad Social.
Cobertura de la PEA
La cobertura es un concepto utilizado para designar los alcances de cualquier sistema de prestaciones. En términos normativos se vincula con los derechos legales instituidos; mientras que, la efectividad de la misma alude a la aplicación del marco jurídico-institucional vigente. En los sistemas de pensiones se refiere a la cantidad de personas cubiertas según regímenes de financiamiento. Para este caso, tal como están previstos en la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), con entrada en vigencia hace ya 20 años.
No obstante, a la fecha el régimen contributivo es el único prácticamente vigente, que cubre a trabajadores con dependencia laboral, es decir, asalariados del sector formal de la economía. Antes de la pandemia la cobertura de dicho régimen estaba prácticamente llegando a su “techo”; destacando la ampliación de la brecha entre cobertura nominal (afiliación) y cobertura efectiva (cotización). El llamado régimen subsidiado, inicia en el 2019 con un plan piloto, llegando a cubrir una cifra cercana a 7 mil personas justo antes de la pandemia. El régimen contributivo-subsidiado, dirigido a profesionales independientes y trabajadores por cuenta propia (sin dependencia laboral), a la fecha no ha entrado en vigencia.
Frente a este panorama, a noviembre de 2019, los cálculos dan cuenta de una cobertura del 38% de la PEA; cifra que, efectivamente, ha disminuido en tiempos de Coronavirus, por efecto de la desaceleración del mercado de trabajo formal, en particular el turismo y los servicios personales.
De modo que, para efectos de política pública y gestión institucional, la ampliación de cobertura del sistema de pensiones sigue siendo un desafío de primer orden. Cuestión, por lo demás, prácticamente ausente en el debate entre actores que conforman dicho sistema y de la atención mediática en general.
Los países de la región que han logrado mejoras sustanciales en la cobertura de los sistemas de pensiones, tanto en términos históricos como recientes, ha sido por medio de la instauración de regímenes no contributivos o pensiones solidarias a cargo del Estado cubiertas con fondos del presupuesto nacional.
Solidaridad Social
Como indicado antes, dado que a la fecha el régimen contributivo es el único prácticamente vigente, el mecanismo por excelencia es el Fondo de Solidaridad Social, establecido por la Ley 87-01, en relación con el monto de la pensión mínima equivalente al 100% del salario mínimo legal más bajo (Art. 53) a ser cubierto por dicho fondo para aquellas personas cuya cuenta personal no acumule lo suficiente (Art. 60). No obstante, la reforma introducida con la Ley 13-20, de entrada en vigencia el 7 de febrero de 2020 (un poco más de un mes antes de la declaratoria de emergencia por la pandemia), si bien prevé una mejora en los períodos de cotización efectiva, debido a los bajos niveles de acumulación previsibles, se podrían generar presiones financieras sobre la sostenibilidad de dicho fondo.
Por otro lado, ya se ha indicado la escasa cobertura de las pensiones solidarias a cargo del Estado y la falta de mecanismos que favorezcan el aseguramiento de trabajadores por cuenta propia, es decir, sin dependencia laboral. Principales mecanismos éstos a favor de la solidaridad social, incluida la equidad de género. De modo que huelga repetir lo dicho en el punto anterior.
En una próxima oportunidad haremos referencia a los otros tres indicadores, a saber: suficiencia de las prestaciones, administración eficiente y costo razonable y sostenibilidad financiera y actuarial.
Referencias:
Mesa-Lago, C. (2020). Evaluación de cuatro décadas de privatización de pensiones en América Latina (1980-2020): Promesas y realidades. Fundación Friedrich Ebert. Ciudad de México: Alianza Impresos y Sellos S.A. de C.V.
Pichardo, A. (2021). Cuando leo “Evaluación de cuatro décadas de privatización de pensiones en América Latina (1980-2020). Promesas y realidades”. Disponible en https://arlettepichardo.medium.com/cuando-leo-evaluaci%C3%B3n-de-cuatro-d%C3%A9cadas-de-privatizaci%C3%B3n-de-pensiones-en-am%C3%A9rica-latina-f9ed564055c3.
Pichardo, A. y Guerrero, J. (2020). Suficiencia y sostenibilidad de las pensiones en República Dominicana. Observatorio de la Seguridad Social (OSES). Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec). Vol. 1. Edición Kindle. Disponible en https://www.amazon.com/-/es/Arlette-Pichardo-ebook/dp/B08PHDPXBX