Si algo distinguió el discurso del Presidente Medina el 27 de febrero, respecto a la anterior experiencia del pasado 2013, fueron sus silencios. Que el Presidente rindiera meticulosa cuenta de sus ejecutorias no es motivo de encandilamiento y aplausos, pues con ello simplemente rendía cuenta de lo que al fin y al cabo es su deber como primer mandatario de la nación. Que asuntos importantes quedaran guardados y sobre ello hablara el silencio debe ser motivo de preocupación y reflexión.

Se pueden discutir olvidos y cifras parciales, enfoques y puntos de vista, pero lo central no está en ese punto. Por ejemplo, su razonamiento respecto a los logros en educación puede discutirse. Nadie podría negar su principal logro: la aplicación del 4% del PIB al sector educación. Se debe reconocer su labor en la construcción masiva de aulas, el “experimento” de la tanda extendida, así como el necesario plan encaminado a eliminar, de una vez por todas, la coyunda del analfabetismo. Pero podríamos leer de otra manera sus planteamientos, entendiendo que se trataba de un discurso al fin y al cabo político, dirigido al conjunto de la nación y obligado al manejo austero del tiempo.

Por lo pronto, no me quedó claro, ni me convenció su argumentación sobre la tanda extendida a nivel de la educación básica, pues si el déficits de maestros es de una magnitud tal como los propios documentos oficiales señalan, a lo que se une el déficits de aulas, la pregunta sería: cómo en menos de dos años que en la práctica le quedan de gobierno, la Administración Medina podrá producir las aulas y los recursos humanos calificados que multipliquen por tres la demanda de trabajo docente en las escuelas y la propia infraestructura, si la tanda extendida se generaliza. Si a esto añadimos los déficits en materia de formación profesional de los maestros, el panorama se dificulta más. Es admirable el entusiasmo del Presidente, pero la viabilidad de su argumento y propósito lo es mucho menos.

Es buena noticia el programa de becas que el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) ha puesto en marcha, pero hubiera sido útil mayor claridad: a cuáles sectores ha beneficiado, qué relación guardan esas becas con prioridades del desarrollo, cuál es la relación que este programa mantiene con el sistema universitario, para sólo indicar algunos puntos. La argumentación del Presidente obvia lo que me parece es lo central: cuál es relación que guarda ese programa de becas con los esfuerzos que se realizan en el nivel básico, intermedio y secundario, y sobre todo cómo ayuda este programa a una mejor y funcional articulación entre los niveles secundario y universitario, secundario y técnico/vocacional, a partir de prioridades del desarrollo que se supone están señaladas precisamente en el Plan Nacional de Desarrollo.

Todo esto plantea un problema de gran envergadura: el de la necesaria articulación que deben tener las políticas educativas con las prioridades del desarrollo. No se le puede pedir al Presidente que debata estos asuntos en un discurso, pero no es desdeñable recordar que en el país normalmente se discuten las relaciones entre el sector educativo y la economía destacando los ajustes que la oferta educativa debe tener respecto a las demandas del sector productivo privado, que es el que –se supone-  produce las condiciones de la oferta de empleos. Si bien este ajuste en muchos sentidos es deseable, no lo es menos que la oferta universitaria no debe someterse acríticamente a las demandas del sector privado (que es lo que ocurre en la práctica), debe también ajustar la oferta a tareas del desarrollo que no tienen forzosamente  un vínculo directo con los requerimientos empresariales, pero que sí son imprescindibles para el desarrollo, como es el caso de la formación de personal médico y paramédico, o de ingenieros y especialistas en materia ambiental, diseño y planeamiento urbano, etc., pero también especialistas en temas de seguridad ciudadana, políticas sociales, entre otros. Esas demandas, que no determinan los requerimientos de la empresa privada, sólo pueden cubrirse con el apoyo estatal, pero son esas demandas las que más se vinculan a los requerimientos globales del desarrollo.

No hay que exagerar, pero es saludable que recordemos que los requerimientos del sector educativo no los debe determinar simplemente lo que demanden los empresarios, sino sobre todo lo que requiere el país en materia de bienestar, ciudadanía y mejora en general del nivel de vida de la comunidad. En relación a todo esto, es loable que el Presidente se haya referido al pacto educativo como un objetivo central de su gestión. Pero no debemos olvidar que en este asunto no se trata simplemente de formación de maestros, construcción de aulas, y una mejoría abstracta de la calidad del gasto educativo. Se trata de fortalecer un modelo participativo y pluralista del ejercicio educativo en todos sus sectores, teniendo como objetivo el desarrollo, el bienestar de la gente y la ciudadanía democrática, asuntos que deben por ello fortalecer la calidad de la formación educativa, la competitividad del trabajo y un mejor modelo de educación ciudadana y cultura cívica.

Un asunto central de nuestra sociedad es el de la inseguridad ciudadana, que por su generalización ya no sólo aqueja a las clases altas y media, sino al propio pueblo en sus estratos populares. El Presidente Medina en este asunto fue más parco en el señalamiento de los logros de su administración que en el caso de la educación.  Parecía en su discurso que casi se excusaba al no poder hacer más de lo hecho en materia de políticas de seguridad ciudadana. Lo digo porque incluso afirmó que en esta materia había que tener paciencia y razones no le faltan. Sin embargo, es lamentable que el Presidente llegara a plantear que con las iniciativas que en esta materia ha tenido el gobierno se esté encaminando el país en un plazo mediato a solucionar tan difícil y agobiante problema. Un poco más de franqueza al atacar el problema de la inseguridad hubiese sido mejor, sincerando la magnitud de las dificultades.

Como de hecho el propio Presidente afirmó en su discurso, la cuestión de la inseguridad es compleja y multisectorial en sus determinaciones. En consecuencia, tomará tiempo resolver con cierta eficacia los problemas que ello acarrea: generalización del delito, clima de inseguridad pública, etc. Lo que en todo esto preocupa es que las autoridades parecen creer que con un poco más de tiempo, un mayor patrullaje de las fuerzas del orden (policías y militares), unido a algunos programas dirigido a jóvenes y a los barrios populares afectados, se estaría resolviendo el asunto.

El propio Presidente estaría de acuerdo  en que el tema de la inseguridad, por la complejidad de factores y problemas que en él convergen, no sólo acarrea tiempo la obtención de buenos resultados de los programas, pues ese posible éxito a su vez depende  de otros asuntos aparentemente muy alejados. Por ejemplo, el asunto de las políticas hacia la juventud, los temas educativos, y sobre todo el asunto del desempleo, en particular del que afecta a los jóvenes recién vinculados al mercado laboral, que no decir de la pobreza. Con un nivel de complejidad tal de asuntos inter-relacionados, es natural que las políticas de seguridad ciudadana tomen su tiempo para producir buenos resultados.

Por todo lo dicho, en lo que a mí respecta, hubiese preferido que se le planteara a la gente las cosas en su verdadera dimensión y no crear espejismos. Pero lo que realmente preocupa del discurso no es la pobreza de los logros que en materia de seguridad de hecho el propio Presidente plantea con una prudente franqueza, sino la cortedad de miras al asumir el problema como un asunto esencialmente técnico-instrumental. A esto se agrega que, en asuntos colaterales al problema, los logros sean igualmente magros. Me refiero a la juventud y a los programas de desempleo. Veamos esto último.

El Presidente plantea como gran logro la creación en el 2013 de 100 mil nuevos empleos brutos en el sector formal de la economía; pero si se tiene en cuenta los efectos netos, que pondera la desaparición de empleos en el mismo período, el impacto de los nuevos empleos debe ser menor. A ello se agrega que estos  nuevos empleos formales no necesariamente son muy productivos, ante la evidencia de que una parte importante los ha absorbido el sector público. Sumemos a esto el talón de Aquiles del mercado laboral: el tamaño del sector informal que es el principal absortor de empleo. Este escenario lo que establece es que en el país, paralelo a las altas tasas de crecimiento del producto, lo que ha estado creciendo es el empleo precario, que engrosa las filas de la actividad informal.

Con esos resultados es natural que la pobreza se haya reducido en términos muy pingues, la desigualdad y la concentración del ingreso aumentado y la competitividad general de la economía se haya, si no estancado, crecido de manera exigua. Nada de esto asume el discurso del Presidente, asuntos todos que definen los problemas realmente relevantes. Si las cosas son como me temo que son, los indicadores que muestra el Presidente en su discurso en materia de empleo más que entusiasmarnos deben preocuparnos. Cierto es que en esto el Estado no es el único ni el principal agente económico dinámico, pero precisamente por ello es que el asunto se plantea difícil, ya que asistimos a un modelo de crecimiento donde el llamado empresariado privado es poco dinámico en su sector moderno y competitivo.

Y es aquí donde precisamente aparecen los silencios del discurso presidencial. Ante un panorama laboral desolador como el que acabo de describir de manera muy apretada, los silencios aludidos deben preocuparnos. Por lo pronto, en todo el discurso presidencial no hay una referencia directa al tema de la pobreza, tratado directamente en el último informe del Banco Mundial en su verdadero dramatismo: el país crece a tasas significativas, e incluso crece el ingreso pércapita, pero la desigualdad social en vez de reducirse aumenta y la pobreza parece estancarse en el mejor escenario. Como se sabe, en medio de este escenario se ha planteado la necesidad de una reforma del código Laboral que ciertamente en muchos aspectos requiere su reforma, pero la que se plantea ataca precisamente aspectos que harían más difícil  la ya precaria situación del trabajo, en asuntos vitales como la cesantía, la seguridad laboral y social. Se envía entonces un mensaje con el silencio del primer mandatario, el cual debemos interpretar. ¿Se trata de evitar un conflicto con los empresarios, pues el ejecutivo apoya las conquistas de los trabajadores expresadas en el código laboral? ¿Es que el Presidente está a la espera de los informes que se han pedido a la comisión especialmente designada para estudiar la reforma laboral? ¿Es que el Presidente está de acuerdo con la reforma, tal como la plantean los empresarios?  Hubiese sido más esclarecedor tomar el toro por los cuerdos y no evitar la discusión.

Muchos sectores de opinión en el país han desatado una andanada de comentarios críticos, ante el hecho de que el discurso no discute asuntos centrales como el de la corrupción en el sector público y la impunidad que de hecho el sector justicia de alguna forma produce.  Todos esos silencios parecen converger en un punto: las incertidumbres de la propia agenda de gobierno que parece moverse en direcciones muchas veces encontradas; se trata de una lógica política que se apoya mucho en el estado de la “opinión pública”, más que en la convicción sobre los temas de la propia agenda. En un esquema de ese tipo, tal parece que todo se sacrifica en aras de mantener las altas tasas de aceptación que el Presidente tiene. Eso es evidente en el tema de Loma Miranda. Las evidencias respecto al daño que podría hacerse al país de explotarse esa loma son abrumadoras, así como la masiva opinión que favorece la misma sea declarada parque nacional. Contra ello conspira el atractivo de un ingreso de más de 600 millones de dólares que anualmente el Estado recibiría de ser explotada la Loma Miranda. Esa tensión no resuelta conduce al silencio, que sin embargo dificulta más las cosas, al final de cuentas.

Lo de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC) en sus dramáticas consecuencias desnacionalizadoras para miles de dominicanos descendientes de inmigrantes haitianos es quizás el ejemplo más dramático de la tensión señalada. Sin embargo, en este caso hay indicios de por dónde realmente se encuentran los términos reales del conflicto desatado.

El Presidente ha asumido que la sentencia en sus lineamientos generales debe acatarse y ha sido acatada. La prueba es que el decreto que establece el plan regularizador de inmigrantes irregulares se ha hecho, se ha creado al menos formalmente el Instituto Nacional de Migración.  Pero también en el mismo plan de regularización aprobado por el Consejo Nacional de Migración se ha establecido que en el caso de los miles de personas hijos de inmigrantes nacidos en el país cuyos padres son inmigrantes irregulares (en su mayoría haitianos) se procedería a definir un mecanismo especial de naturalización rápida que resolvería la situación de vulnerabilidad ciudadana y potencial apatridia a que la sentencia condena a este grupo de dominicanos.

El Presidente se ha comprometido a presentar una ley especial que materialice esta propuesta y prometió, como él mismo indica en el discurso, a organismos internacionales que presentaría al Congreso en un plazo breve una iniciativa de ley de ese tipo. El Presidente no presentó a la Asamblea Nacional la propuesta, pero anunció que lo haría en un plazo futuro (que debe presumirse corto). Sin embargo, el Presidente de la Asamblea nacional, Reinaldo Pared, en su discurso hizo una oda a la sentencia del TC que despertó aplausos de pie entre los asistentes al acto. El Presidente, sin embargo, al referirse al tema lo que hizo fue ponderar con justa razón los encuentros y diálogos con las autoridades haitianas y anunció que próximamente sometería una iniciativa de ley de naturalización. No se refirió a la sentencia del TC, sino a una de sus consecuencias y lo hizo cautamente, vale decir, con prudencia y buen juicio. Lo que aquí se destaca son dos posturas que por la vía del silencio indican dos tomas de posición: la del Presidente de la Asamblea Nacional que erróneamente califica la sentencia como una acción patriótica solucionadora de los problemas migratorios, la del Presidente de la República que sin estridencia anuncia que en efecto introducirá una iniciativa de ley que busca resolver un problema que dicha sentencia ha provocado a miles de dominicanos hijos de inmigrantes irregulares.

A mi parecer el Presidente ha mantenido su coherencia y en esto la sociedad civil debe esperar a que la iniciativa del Presidente se materialice. De hacerse el Presidente estaría asumiendo una toma de posición que a mi juicio podría abrir un conflicto con las fuerzas conservadoras de su gobierno, sobre todo con algunos de sus aliados políticos, pero fortalecería el Estado de derecho y evitaría un serio conflicto internacional. Si no presenta iniciativa alguna quedaría mal parado ante la comunidad internacional y el conflicto internacional se profundizaría, al tiempo que el Estado de derecho se debilitaría. Habrá entonces que esperar con prudencia los días venideros.

Como el Presidente se refirió también en su discurso al pacto eléctrico y al educativo, dejando de lado de manera discreta y elegante el asunto central del pacto fiscal, vale la pena pensar de manera general la política de pactos, que parece articular la mirada o visión presidencial del vínculo Estado/sociedad y, en consecuencia, su estrategia de gobierno.

La política de pactos que desde la campaña electoral promovió el Presidente parece encaminarse a fortalecer un modelo corporativo de relación entre Estado y Sociedad, a propósito de lo que la presente administración aprecia como “las prioridades” del desarrollo: energía, educación e ingresos/inversión (política fiscal) del Estado.

Esa lógica corporativa se propone construir “espacios” donde diferentes sectores o grupos de interés estarían presentes en diálogo con el gobierno central. En lo aparente se trata de un esquema inobjetable, más aún, se trata de un encomiable esfuerzo.

Sin embargo, hay algunos reparos que debemos contemplar. Las mesas de discusión a través de mecanismos como el Consejo Económico y Social (CES), no integran una representación democrática de la ciudadanía, sino más bien la representación de grupos de interés y un sector del Estado (gobierno central, sindicatos, grupos empresariales, mediados por la iglesia católica a través de Monseñor Agripino Núñez Collado). Por definición, lo que en esta instancia se discute no puede de suyo ser vinculante, pues no representa poderes decisionales del Estado, aunque como figura aparezca incluso en nuestra carta magna. En ese sentido, llama la atención algunos puntos: los acuerdos a los que pueden llegar estos grupos de intereses no pueden asumirse como compromisos del Estado, sino como compromisos morales del Poder Ejecutivo; la única instancia que en la esfera del Estado representa con calidad representativa en la esfera del Estado  los diversos sectores político/ciudadanos, el Congreso, no está representado en el mecanismo de consulta.

Esto habla bien claro de la baja calidad de nuestra democracia, sobre todo de sus carencias: el Congreso, que es la instancia donde la sociedad se hace representar políticamente en el Estado, se torna organismo a la deriva a la hora del debate nacional de los temas centrales del desarrollo; el Poder Ejecutivo asume el espacio del debate que en una democracia efectiva sostendría el poder congresional; grupos de intereses particulares son los que dialogan con el Estado (vale decir, el Poder Ejecutivo), en torno a los problemas generales; los partidos están ausentes del diálogo nacional que requeriría el debate de esos problemas centrales.

Ante el cuadro descrito, los lazos entre Estado y Sociedad se hacen entonces particularistas y las soluciones propuestas, por vía de consecuencia, expresan de alguna forma no el interés general sino, al menos inicialmente, el interés de las  corporaciones que dialogan, incluida la propia instancia ejecutiva del Estado. Sólo como producto derivado, las discusiones y acuerdos así establecidos devienen asuntos de interés mediático, que resulta el espacio funcional para construir la imagen del debate general ausente.  Lo descrito es una operación casi mágica de gimnasia democrática como espectáculo y objetivo mediático. Pero esa es la democracia que tenemos de la cual es producto precisamente el discurso del Presidente Medina del 27 de febrero pasado.