La decisión presidencial de observar el Código Penal fue penosa. Sin embargo, el pueblo dominicano se dio cuenta que los promotores de la despenalización del aborto se quitaron la careta.
La observación presidencial refleja la voluntad, no sólo de despenalizar el aborto en ciertas circunstancias, sino de llevar al país en un futuro a la completa legalización del mismo. De ser un país que criminalizaba el aborto en todas las circunstancias, pasaríamos a ser una nación que no lo penaliza, convirtiéndonos de esta manera junto a Cuba en los únicos países de América Latina donde el aborto es totalmente legal.
Fue lamentable que el Presidente de la República no entendiera que el aborto es una de las injusticias del Occidente actual y es el tema crucial de nuestra época. En primer lugar, porque el derecho a la vida es la base de todos los demás derechos humanos. Si este derecho no permanece intacto, ningún derecho puede ser garantizado.
Fue lamentable que el Presidente de la República no reconociera que la defensa de la vida y del no nacido ha sido un elemento central de la identidad de naciones como la nuestra, fundadas sobre bases cristianas. Nadie le pudo hacer ver al Presidente que, con su decisión de observar el Código Penal y abrir las puertas a una futura legalización del aborto, se le dan razones a la nueva ética post-moderna, secularizante y relativista, enquistada en los organismos internacionales, para que promueva en nuestro país la eutanasia y la investigación embrionaria.
Nuestro Presidente no entendió que la legalización del aborto es una forma de violencia íntima que se ampara en la democracia, no como declaró la diputada Guadalupe Valdez, que la prohibición del aborto es una forma de violencia contra la mujer. Cuando se aprueba el aborto en un país, la voluntad de poder de los fuertes tiene la fuerza de ley para matar a los débiles. En la República Dominicana, se pretende convertir el vientre de la mujer en el lugar más inseguro del mundo, cuando debe ser un refugio intocable.
Ahora, el Código Penal vuelve a las cámaras legislativas, donde necesita las dos terceras partes de la matrícula de cada cámara para imponerse al veto presidencial. Los diputados y senadores disponen de dos legislaturas para conocer las observaciones del Poder Ejecutivo. En caso de que no lo hagan, se considerará válido el veto presidencial y la criminalización del aborto desaparecerá en el país.
Es deber del Presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, tan pronto reciba la observación presidencial del proyecto de Código Penal, agendar la discusión del mismo en la próxima sesión, de conformidad al Artículo 102 de la Constitución, a los fines de que el mismo sea conocido en una única lectura para luego ser remitido al Senado.
Aspiramos a que los diputados y senadores tomen en cuenta lo decidido por ellos mismos al momento de aprobar el Artículo 37 de la Constitución. No hay forma de desproteger a los no nacidos.
En caso de que los legisladores decidan acoger el veto presidencial y convertir al país en terreno fértil para el aborto, la batalla se trasladará al Tribunal Constitucional. La guerra cultural no ha terminado.