La abrupta caída del gobierno de Evo Morales, el primer indígena presidente, tras una serie de desaciertos políticos que incluyeron un auténtico fraude electoral, es un capítulo penoso del macondismo latinoamericano, que sume a Bolivia en profunda crisis institucional, y deja una lección para políticos y gobernantes.
Es justo deplorar este final de un gobernante que había reivindicado la raza originaria, preterida durante los cinco siglos, aunque constituye más de la mitad de la población boliviana, y sobre el 90 por ciento sumado el mestizaje, que rescató también la riqueza de hidrocarburos, multiplicando siete veces sus ingresos, y auspició políticas de inclusión social, y redistribución que redujeron la pobreza a menos de la mitad. Sus 14 años de gobierno constituyen el mayor período de estabilidad político-social, crecimiento económico y prosperidad de Bolivia. No se le vinculó a la rampante corrupción latinoamericana ni fue un dictador ni persecutor de opositores.
Pero para ser rigurosos, lo ocurrido el domingo no fue un clásico golpe de estado, aunque con algunos de sus componentes, porque también hubo algo de autogolpe, derivado del abuso con que Evo quiso mantenerse a toda costa en el poder, manipulando la institucionalidad democrática, hasta incurrir en un escandaloso fraude electoral, minuciosamente documentado por una amplia y muy diversa misión de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Evo fue víctima del mesianismo y el caudillismo latinoamericano que constituye en insustituibles a líderes y gobernantes. Tras 14 años de gobierno, se buscaba a cualquier precio un cuarto período. Fue incapaz de promover sucesores, aunque tuvo colaboradores de alta categoría como su mismo vicepresidente Alvaro García.
Electo por primera vez en el 2005, con el 54 por ciento de la votación, auspició una nueva Constitución que le permitió reelegirse en el 2009; una cláusula transitoria establecía que sólo sería posible esa vez, pero luego se buscó una complaciente interpretación constitucional que le permitió una tercera elección en el 2013. No conforme, ya para el 2015 andaba en búsqueda de otra reforma constitucional, decidiendo someterla a un plebiscito, contando con la mayoría sobre el 60 por ciento de sus dos elecciones anteriores. Pero el electorado ya dio muestras de fatiga ante el relajo constitucional y el 51.3 por ciento le dijo que no. Apeló de nuevo a la interpretación y encontró jueces complacientes que dictaminaron que su derecho a la reelección estaba por encima de su Constitución. Candidato para la elección del 20 de octubre, buscando el cuarto período, Evo era consciente de la merma de su apoyo, marcado por el resultado del plebiscito y las encuestas. Tenía que ganar en primera vuelta, lo que era posible superando por 10 puntos al segundo, si lograba pasar del 40 por ciento. Al computarse el 81 por ciento, cuando sólo registraba 7 puntos de ventaja, se dejó de transmitir resultados por 16 horas, y al reanudarse quedó a centímetros de la meta, que alcanzó en el último 5 por ciento del escrutinio.
Tras dos semanas de protestas y violencia, a la defensiva ante la opinión pública nacional e internacional, Morales accedió a que una misión de la OEA realizara una auditoría técnica al proceso electoral, cuyo informe preliminar presentado el domingo es minucioso en detalles que configuran un fraude electoral. Se comprobó alteración y falsificación de actas, que parte del procesamiento se hizo fuera de los locales electorales, que resultados fueron redirigidos a un servidor no oficial, y graves fallos y abusos tecnológicos, en la cadena de custodia de los documentos electorales, en la integridad de las actas y en las proyecciones estadísticas. El 38 por ciento de 178 actas de la votación en Argentina presentaron inconsistencias, como mayor número de votos que de votantes.
El mismo domingo, cuando la OEA recomendó repetir la elección, Evo lo aceptó, lo que implícitamente era una aceptación del fraude electoral. Se multiplicaron las protestas y los actos de violencia y ahí llegó la recomendación militar de que renunciara. Lo hizo sin estar obligado, lo que hubiese podido evadir de haber mantenido el apoyo mayoritario.
Tras la documentación del fraude, correspondía que junto al anuncio de nuevas elecciones, Evo declinara repostularse, abriendo espacio a que otro de los suyos lo pudiera relevar, lo que pudo evitar su penoso final y el desastre institucional. Si no se puede justificar la petición militar, mucho menos el fraude electoral, pues ambas cosas quedan indisolublemente vinculadas. El relajo constitucional y la adicción al poder fueron las causas mediatas e inmediatas de este penoso final. Frente a Evo, como ante Maduro, Daniel Ortega o Danilo Medina, hay que sustentar los valores democráticos y el rechazo al abuso del Estado y el fraude electoral. Aunque duela.-