El pasado 27 de febrero el presidente de la República rindió cuentas ante la Asamblea Nacional de sus primeros meses de gobierno. Dentro de los aspectos tratados en su discurso se refirió a una obra de infraestructura pública que, representa un gran peso económico para el país. El “peaje sombra” o los ingresos mínimos garantizados de la Autopista del Nordeste, donde el Estado se ha visto en la obligación de pagar hasta la fecha 26,835 millones de pesos y para este año 2021 se estimaría un pago de 7 mil millones de pesos por ese concepto.
Lo anterior representaría, conforme lo expuesto, casi el doble de su costo original, y “de seguir esta modalidad, al concluir, habríamos pagado casi 6 veces su verdadero valor. Esto es sencillamente inaceptable”. Finalmente, anunció que se buscará una solución, y que se está estudiando la vía legal para hacerlo.
Este mensaje tiene para mí, implicaciones de gran envergadura. No solo es positivo porque se readecuaría un contrato ineficiente y perjudicial para el Estado, sino también porque para futuros proyectos o inversiones que se puedan desarrollar en colaboración con el sector público y privado, es necesario sustentarse en estudios técnicos de prefactibilidad y factibilidad, analizando detenidamente las consecuencias y el impacto económico para el Estado, que al final implica que todos paguemos ese precio. Asimismo, los proyectos de alianzas público-privadas o concesionales requerirán necesariamente una debida distribución de los riesgos entre el sector público y privado, conforme a un criterio económico, en donde por lo regular el agente privado asume los principales riesgos operacionales y financieros.
Al mismo tiempo, espero que el mensaje influya en un cambio paradigmático en los proyectos de alianzas público – privadas y concesionales de que tienen que ser viables para el Gobierno, agentes privados y los usuarios. Los proyectos de infraestructura pública, servicios públicos y sociales deben traducirse en un beneficio para todos los ciudadanos y no sólo en beneficios económicos para los agentes privados y pérdidas para el Estado.
La búsqueda de una solución al contrato suscrito entre el Estado Dominicano, representado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la empresa Autopistas del Nordeste, C. por A., para la construcción de la carretera Santo Domingo-Rincón de Molinillos, bajo el sistema de administración del régimen de peaje, debe ser realizado con suficiente prudencia, sin apasionamiento ni populismo, pero sobre todo fundamentándose en un análisis técnico – jurídico. Debe ser realizado de la forma más transparente, participativa y pública posible a fin de evitar que se llegue a una solución perjudicial o como se dice popularmente, “que salga más cara la sal que el chivo”. Sobre esto tenemos experiencia, siendo uno de los primeros casos desafortunados, el de Icantrobas Vs. Estado Dominicano.
Por ello, se debe evaluar y analizar el cumplimiento y desempeño de las obligaciones puestas a cargo del contratista, a fin de determinar si existen causas justificadas de terminación. En todo caso, se deben considerar las consecuencias económicas de las posibles indemnizaciones por terminación anticipada que puedan aplicar, previo a adoptar cualquier medida, siempre siguiendo el debido procedimiento administrativo y contractual correspondiente. En fin, se debe realizar un análisis estratégico de las alternativas con las que cuenta el gobierno para lograr su objetivo.
A mi entender, la renegociación sería la vía más idónea y menos perjudicial para todos los actores de este proceso. Una renegociación efectiva pudiera ser una alternativa para buscar una solución satisfactoria para todos los intereses envueltos, sin perder el hecho de que existe una falla originaria en la estructuración del proyecto respecto de la sobreestimación de la demanda. Eso sería más efectivo y menos desgastante que iniciar procesos y acciones legales.
La renegociación requiere que el proceso sea realizado de buena fe entre los agentes privados y el gobierno. Algo que por lo general es complicado, aunque es posible. Si se parte del oportunismo no habría cabida a una renegociación razonable y efectiva. Pretender mantener las mismas condiciones en el contexto actual y la sobreestimación de la demanda es irrazonable e insostenible. Si no es posible lograr esa renegociación, el Estado tendría que activar las disposiciones contractuales sobre resolución de conflictos, que probablemente terminen en un arbitraje. Lo anterior, incluso, pudiera ser menos perjudicial para el gobierno que continuar con los pagos anuales por el ingreso mínimo garantizado. La autopista del nordeste es un ejemplo de que se pueden estructurar mejor los proyectos, en donde exista una mejor distribución del riesgo real al sector privado, ya que en este caso, no se asumieron prácticamente riesgos financieros y económicos. Por suerte, espero que con la aplicación de la Ley No. 47-20, sobre alianzas público-privadas sean cada vez menos la existencia de elefantes blancos.
En definitiva, las alianzas público-privado son necesarias y fundamentales para una recuperación económica y disminuir la brecha en infraestructura. En la medida que sean proyectos viables para todos los involucrados, agentes públicos, privados y los usuarios. El oportunismo público y privado debe cesar en República Dominicana, ya que ha sido una de las grandes desgracias en perjuicio de la evolución satisfactoria de importantes proyectos en infraestructura pública en nuestro país. El anuncio de la revisión del peaje sombra reduce el despilfarro y gasto público ineficiente del Estado, pero existen otros proyectos que también deben ser revisados o renegociados. Sigamos construyendo un Estado basándose en la equidad, transparencia y en una razonable colaboración público-privada para beneficio de todos los dominicanos.