Cada vez el cuidado de la salud ocupa un lugar más importante a nivel social, familiar y económico, debido a que la población envejece, la demanda se expande y el costo aumenta. Hoy el gasto en salud ronda el 6.0% del PIB, un nivel importante, pero insuficiente, que irá aumentando durante las próximas décadas. Se trata de una actividad tan importante que no puede ser subestimada ni en términos clínicos, ni económicos. Quiérase o no, el derecho universal a la salud depende de una correcta combinación de eficacia y eficiencia.
A partir del 2001, la Ley 87-01 estableció como meta nacional garantizar, a toda la población, un Plan Básico de Salud (PBS), mediante un financiamiento pre pagado per cápita, sin importar su nivel de ingreso ni su condición social. Para alcanzar este compromiso los recursos humanos, además de una sólida formación y experiencia clínica, deben contar con capacidad para maximizar el uso de los recursos, definiendo protocolos con los procedimientos más costos efectivos, es decir, de mayor impacto y menor costo posible.
La formación de los recursos humanos guarda una estrecha relación con el objetivo de la política de salud. Los esquemas pre pagados obedecen a una lógica diferente. En tal sentido, resulta imperativo redefinir el perfil de los recursos humanos en salud, y los respectivos planes de estudios, para adecuarlos a los nuevos requerimientos de un sistema de protección universal.
Cuando el Estado no garantiza el derecho de toda la población a la protección social, como ocurrió durante siglos, la formación del médico se orienta a los segmentos de medianos y altos ingresos, lo que explica el énfasis en la eficacia (impacto), y la poca atención a la eficiencia (costo) de los tratamientos. Por default, el Estado se hace cargo de la mayoría de la población, ofertando servicios insuficientes, discontinuos y de baja calidad.
Por el contrario, los conocimientos y habilidades resultan más complejos cuando la política de salud está comprometida a garantizar servicios oportunos y de calidad a toda la población. En adición a una sólida formación clínica a partir de la atención primaria, es necesario el conocimiento y el dominio de técnicas sobre el uso más adecuado de los recursos disponibles. En un escenario de aseguramiento universal, los fallos en la eficiencia implican costos sociales mayores para un Estado, y/o atención desigual y excluyente.
Una de las ventajas del aseguramiento per cápita es que define y transparenta el límite de los recursos disponibles, induciendo a una mayor racionalidad. En cambio, en los sistemas no universales la preocupación por la eficiencia se desvanece, dado que los servicios están orientados a los grupos de ingresos medios y altos. El ejercicio de la medicina se realiza bajo el erróneo criterio de que “la salud no tiene precio”.
En nuestro país existe una gran contradicción entre una meta nacional basada en la universalidad de un PBS único, y la vigencia de prácticas profesionales y formación de los recursos humanos orientados a minorías. Lógicamente, esta disociación explica una mediatización de la protección Social, donde los avances cuantitativos superan con creces los cambios en el modelo de atención previstos en la Ley 87-01, generando resistencias, tensiones, inflación, marginalidad, y desde luego, insatisfacciones colectivas.
Abrigamos la esperanza de que las autoridades nacionales competentes asuman esta responsabilidad y convoquen a todos los sectores involucrados a consultas para definir el perfil profesional y la cantidad de los recursos humanos en las distintas disciplinas de la salud, tomando como punto de partida las nuevas políticas y compromisos establecidos en las Leyes 42-01 y 87-01.