Como siempre suele suceder, ante el asomo de un aumento de la criminalidad, las autoridades hacen gala de sus talentos a la hora de promover políticas públicas "eficientes" en materia de seguridad ciudadana.

En este caso, otra vez le toca el turno a los patrullajes mixtos. Es decir, a la militarización de la labor policial, una labor eminentemente preventiva. Y como para calmar las posibles reacciones desfavorables de la opinión pública, en una de sus declaraciones públicas el vocero de la entidad policial señalaba que los militares que estarían patrullando en las calles con los agentes policiales, han sido "debidamente" capacitados en materia de prevención del delito.

Es penoso darnos cuenta una y otra vez de que lo que en definitiva no se quiere encarar, y este tipo de políticas lo demuestra, es la impostergable reforma de la Policía Nacional, la cual se viene debatiendo desde hace ya varios años.

¿Cuántas veces más se repetirá que las políticas de seguridad ciudadana deben estar íntimamente ligadas a un proceso de reforma y/o adecuación de la institución llamada a ponerlas en práctica en primer orden? Aquí se incluyen programas intensivos de formación para el personal policial en diversas materias: atención al usuario, victimología, técnicas de investigación, filosofía comunitaria, entre otras, que permitan contar con instituciones eficientes, efectivas y responsables.

Por su parte, desterrar la indiferencia hacia el personal policial es tan importante como combatir la corrupción a lo interno. Para ello, es necesario crear incentivos profesionales y de bienestar adecuados con miras a mejorar sus condiciones sociales. Un policía de calle no puede seguir ganando entre 5,000 y 7,000 pesos al mes. Por demás, nuestro personal policial, salvo muy escasas excepciones, se encuentra precariamente dotado, desinformado sobre su misión y funciones, poco motivado y sin esperanzas de crecimiento institucional.

La definición, conjuntamente con los ciudadanos, de una agenda de seguridad ciudadana, a través del establecimiento de foros locales, y la posterior medición de resultados, es una herramienta muy válida que no debemos rechazar. De hecho, en la mayoría de los países de la región que han impulsado procesos de reforma policial, se ha optado por el modelo de policía comunitaria, dando participación a la comunidad en la gestión de sus problemas de seguridad y generando un mayor acercamiento entre policía y ciudadano.

Lo que ha primado hasta hoy día, ha sido una concepción de seguridad que se fundamenta en la represión y la mano dura que no considera las causas y consecuencias del ciclo de la violencia. Por tanto, se trata de respuestas ineficientes e incapaces de hacer frente al problema, que lo que hacen es debilitar la imagen y la confianza del policía de cara a la sociedad.

La seguridad ciudadana es un derecho de todos y un deber del Estado. Pongámosle prioridad a este tema prioritario, en vez de buscar salidas fáciles a un problema, por demás, bien complejo.