La Constitución dominicana en su artículo 142, establece “el Estatuto de la Función Pública, como el régimen de derecho público basado en el mérito y la profesionalización para una gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. El Estatuto determinará la forma de ingreso, ascenso, evaluación del desempeño, permanencia y separación del público de sus funciones”
El Presidente Danilo Medina, firmó el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad, donde se comprometió como: “Asegurar que el servicio exterior de la República Dominicana transitará el camino de la profesionalización de las funciones diplomática y consular. Constituirá una prioridad apoyar la carrera diplomática y la racionalización de los nombramientos en el exterior”
El Ministerio de Relaciones Exteriores, es el organismo estatal que, según la constitución de la República Dominicana, se encarga del manejo de las relaciones internacionales así como de la ejecución de la Política Exterior diseñada por el Poder Ejecutivo, con la misión de impulsar una Política Exterior en beneficio de los intereses del país y sus nacionales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, actualmente está regulado por la obsoleta, violada e incumplida Ley Orgánica 314 del 6 de Julio de 1964, con grandes evidencias sobre su precaria aplicación, sus problemas persisten y se profundizan con la ausencia de un estructura de recursos humanos profesionalizada, con una gestión politizada, caracterizada por el clientelismo y el patronazgo.
El Ministerio de Relaciones Exteriores continúan actuando de espalda y al margen de los principios Constitucionales y de la propia Ley de Función Pública, violentando los procedimientos para el ingreso al servicio público, el cual debe estar fundamentado en el mérito, la idoneidad y la capacidad para desarrollar las funciones pública bajo se responsabilidad o ámbito de competencia.
En el gobierno del Presidente Danilo Medina, prevalece el sistema clientelar en la designación de los funcionarios con responsabilidad en el servicio exterior, situación que impide cumplir con su rol y que los dominicanos y dominicanas confesemos que el país cuenta con un servicio exterior, sin política exterior, para garantizar la defensa de los interés y objetivos nacionales, la soberanía nacional, la seguridad nacional, el desarrollo nacional.
El artículo 6 la Ley 314, establece que: “Corresponde al Presidente de la República nombrar de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Constitución y en la presente ley al personal de la Secretaría (Ministerio) de Estado de Relaciones Exteriores”.
El Ministro de Relaciones Exteriores no tiene la potestad de designar ni de destituir, a ningún servidor público en el servicio exterior, dicha responsabilidad y facultad está reservada con exclusividad para el Presidente de la República.
La ausencia de voluntad para sanear el servicio exterior y para implantar la Carrera Diplomática y Consular, que permita la profesionalización, que reduzca el clientelismo y el patronazgo, es responsabilidad exclusiva de Presidente de la República, que puede iniciar instalando controles y cumpliendo en la Ley 314 Sección IV titulada “Requisitos para ingresar en el servicio exterior, obligaciones y sanciones”.
La sociedad dominicana debe demandar e impulsar sus mayores esfuerzos para radicar el clientelismos y el patronazgo de la estructura de la administración pública, ambas practicas ampliamente extendida e institucionalizadas e interiorizada por una clase política voraz, depredadora de los recursos público y con poca intención de racionalizar los mismos, su modo de operar es vía la prebendas, los favores, la protección de particulares, la búsqueda de ventajas y la distribución de los bienes del Estado entre sus acólitos y cómplices de la red clientelista y delictiva.
La República Dominicana no contará con un servicio exterior profesionalizado, mientras las instancia pública se distribuyan, se repartan como parte del botín político, a cambio de votos, en una “institucionalidad” política de aposentos o alcoba donde negocian violaciones, ilegalidades e intercambio de favores, dádivas, trato privilegiado a cambio de aquiescencia y apoyo político para perpetuarse en el poder y alimentar sus redes para el enriquecimiento ilícito y la complicidad política.