Durante el transcurso de los últimos tiempos hemos estado leyendo diversos comentarios sobre el recién exitoso lanzamiento de Cuba como destino caribeño del turismo internacional. El "Dragón del Caribe", como han empezado a llamar a la mayor de las Antillas, degradada en el transcurso del último medio siglo, se vislumbra como la más peligrosa competencia que en materia turística puedan tener los demás destinos del Caribe, al que pertenece nuestro país.
En diversos reportajes, que han aparecido últimamente tanto en medios nacionales como internacionales, los responsables de recuperar y poner en valor la Habana Vieja la han convertido en una empresa rentable, que financia su propia restauración y puesta en valor. Los autores de dicha empresa proclaman, que "el pago de los servicios prestados van dirigidos sobre todo al turismo, y cuantos mas beneficios obtengamos, más podremos invertir en las obras". ¡Que visión!
Pero esta condición no solo se presenta en la hermosa capital cubana. Lo mismo sucede, desde hace mucho mas tiempo, en el Viejo San Juan de Puerto Rico, Cartagena de Indias, Colombia, Willemstad, Curazao, y otros centros históricos, convertidos en destinos turísticos de la región del caribe.
En todos los casos, las autoridades responsables de intervenirlos se han dado cuenta de su importancia en el crecimiento económico y social de sus respectivos países, entendiendo que los problemas derivados de la conservación y restauración del patrimonio histórico-arquitectónico, no solo competen a los programas puramente culturales, como normalmente se piensa. Como lo determina el "Informe de la Reunión sobre conservación y Utilización de Monumentos y Lugares de Interés Histórico y Artístico", mejor conocido como "Las Normas de Quito" (1967), "La inclusión del problema que representa la necesaria conservación y utilización del patrimonio monumental en la relación de esfuerzos multinacionales que se comprometen a realizar los Gobiernos de América, resulta alentador en un doble sentido. En primer término, porque con ello los jefes de Estado dejan reconocida, de manera expresa, la existencia de una situación de urgencia que reclama la cooperación interamericana, y en segundo lugar, porque siendo la razón fundamental de la Reunión de Punta del Este el común propósito de dar un nuevo impulso al desarrollo del Continente, se está aceptando implícitamente que esos bienes del patrimonio cultural representan un valor económico y son susceptibles de erigirse en instrumentos de progreso".
Al referirse a la "Valoración Económica de los Monumentos", el citado informe dice: "Partimos del supuesto de que los monumentos de interés arqueológico, histórico y artístico constituyen también recursos económicos al igual que las riquezas naturales del país. Consecuentemente, las medidas conducentes a su preservación y adecuada utilización, no ya tan solo guardan relación con los planes de desarrollo sino que forman o deben formar parte de los mismos".
A partir de la formulación de la "Carta de Atenas" en 1932, muchos han sido los congresos internacionales en los que se ha debatido el tema patrimonio cultural y, muy particularmente, de los centros históricos, arqueológicos y naturales esparcidos por el Mundo. Pero, ninguno como el que se celebrara en la ciudad de Quito, Ecuador, en diciembre de 1967, y al que tuvimos la oportunidad de asistir, en nuestra condición de fundador y director de la Oficina de Patrimonio Cultural (OPC), ha puesto tan de cerca las manos sobre la llaga, en términos del aprovechamiento de ese recurso patrimonial, en cuanto a Ibero América se refiere.
Si Puerto Rico, Colombia, Curazao, entre otros, y últimamente Cuba, al igual que los demás pequeños países de la región caribeña decidieron, en su momento, abocarse de lleno a valorar en términos económicos sus recursos patrimoniales, se debió, primordialmente, a que entendieron el mensaje de las Normas de Quito, que no son más que el resultado de la voluntad de los Jefes de Estado de América que, convocados por la OEA, se reunieron en las australes playas de Punta del Este, Uruguay, del 12 al 14 de abril de 1967, con el propósito de unificar criterios tendentes a procurar el desarrollo de sus respectivos pueblos.
De manera, que nadie, ahora, puede darse el lujo de decir que ha descubierto la pólvora. La cacareada promoción de los treinta millones de dólares, que serían invertidos en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, nos produce estupor. Y no por la millonaria suma en cuestión, sino por lo que habrán de hacer los responsables de desarrollar los planes propuestos. Mucho cuidado con darnos por viejo lo nuevo, como dijera lapidariamente P. R.Thomson, hace algún tiempo.