Discutir acerca de la transición y del carácter del actual régimen político dominicano se va transformando en un asunto ineludible en el que resulta difícil no estar de acuerdo en la importancia de que la élite política y económica transparente sus intenciones respecto al hoy y al mañana del país. El futuro solo es posible definirlo si se tiene alguna claridad con respecto a los desafíos que depara el presente.
Hacerlo sin tomar en cuenta esos retos es perder olímpicamente el tiempo y tengo además la impresión de que solo desde allí se podría resolver el conflicto, absolutamente evitable, de las “primarias”.
Toda reforma al sistema electoral debe intentarse progresiva y eso también supone claridad acerca de lo que se quiere y desde dónde se parte para lograrlo. Es demasiado evidente que no se está jugando a construir democracia sino a impedir que gane “el otro” y desde parte de la la oposición a facilitarle el juego a quien se supone un adversario más fácil de vencer. En ese sentido, puede verse que en su andar el PRM ha demostrado una habilidad envidiable para elegir de quien perder: en eso andaban cuando fueron al palacio a promover las primarias abiertas y hasta Quirino fue visto en algún momento y en privado, con simpatías. Ahora están en otra cosa y quizás hasta esperarán con la avidez y la impericia de siempre un café en FUNGLODE.
Entonces, si a lo que se debe aspirar es a más y mejor democracia -régimen político absolutamente extraño y que espera ser construido luego de haber sido evitado durante 57 años- todo avance debe ser apoyado y las voces del odio que forman parte del mismo coro inconveniente de desprestigio (como si no fuera suficiente el que ya tienen) a los poderes del Estado, especialmente al legislativo. Cuando el Senado aprueba una ley no da un zarpazo, ni ignora los consensos que claman los grupos de presión, grupos religiosos conservadores y hasta reaccionarios como motivo para ejercer el cabildeo. La ley aprobada por el Senado sin duda debe ser revisada y con facilidad se lograrían acuerdos si se dejara camino abierto al diálogo democrático que consiste, en primer lugar, en el respeto a las instituciones que toman decisiones en función de sus facultades constitucionales, nada más y nada menos. Hay que hablar con franqueza, evitar las primarias sin hacer caer la ley de partidos no parece fácil, pues si hay algo que es necesario evitar con la misma energía para no insistir en el camino del exterminio de las instituciones son que se generen las condiciones para el soborno de legisladores ¿Me entiende?
El Informe sobre el proyecto de Ley de Partidos Políticos aprobado en primera lectura por el Senado que he podido consultar establece en su artículo 42 la obligatoriedad de la realización de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO, se llaman en Argentina). Creo que el conflicto se resuelve con ganancia para la aspiración democrática estableciendo la voluntariedad y que así la participación de los partidos sea el resultado de una decisión partidaria. Sería honesto advertir que los partidos, puestos en esa disyuntiva, si deciden no participar tendrán la contienda electoral mucho más difícil. De aprobarse así, el PLD resolvería el tema en su Comité Político y dejaría de obstaculizar la aprobación de la ley de partidos.
Las PASO argentinas han sido objeto de críticas especialmente de quienes son poco amigos de la democracia -votar dos veces, se gasta dinero, etc.-. Es verdad que las primarias obligatorias dejan el sabor de “votar dos veces” pero eso también se salva con establecerlas voluntarias. Respecto del gasto siempre ha sido el argumento de sectores que le huyen a la competencia y se trata de un argumento que tiene poco sentido común, pero que quiere tocar el sentido común. Si lo que importa es la democracia, luego de revisar estudios de reformas electorales en otros países, especialmente las PASO me parece interesante compartir con ustedes el análisis del Lic. Carlos Fara (Universidad Diego Portales de Santiago de Chile con el financiamiento de la IRDC de Canadá) quien nos ha dejado un estudio donde establece tres objetivos del proyecto legislativo que estableció las PASO en Argentina:
1. Democratizar los partidos políticos y propiciar la participación ciudadana;
2. Reestructurar el sistema de partidos y simplificar la oferta electoral;
3. Dotar de transparencia y equidad al sistema electoral.
Fuera de estos objetivos manifiestos, Fara otorga dice que las PASO son un ”intento de saldar la falta de un régimen común en lo que respecta al proceso de selección de candidatos, buscando “relegitimar a los partidos políticos desde fuera, desde el Estado.” Para eso, el Estado pasó a asumir los costos operativos relacionados con la organización de las primarias abiertas garantizando a todos los pre-candidatos condiciones de competencia equitativas. Concomitantemente, se ha buscado superar la llamada “ley de hierro de las oligarquías” (R. Michels) según la cual las elites partidarias tienden a perpetuar su dominio en el tiempo.”
Si el estudio tiene algo de acierto, no cabe duda que es mucho más democrático tener primarias que no tenerlas.
Uno debe estar siempre consciente de sus limitaciones e incapacidades y confieso que no alcanzo todavía niveles de pericia comprensiva que me indiquen que existe relación entre la reelección o repostulación y las primarias abiertas. El artículo 52-2 del Proyecto de ley aprobado por el Senado deja fuera de la posibilidad de participar en primarias al actual presidente de la República: si aspira a re postularse debe reformar la Constitución y eso no tiene nada que ver con la ley de partidos ni con las primarias. Claro que estaría obligado a que la reforma constitucional se apruebe antes del plazo establecido para inscribir candidatos a las primarias, si su partido decidiera participar en ellas.
Por demás, hay dos cuestiones que no debieran ser ignoradas en la ley respecto de las primarias. Lo primero es darle la posibilidad de participar a las alianzas o pactos y que los votos les sean contados como alianza. No existe razón para que esta posibilidad no se incorpore e incluso desde el punto de vista operativo puede ser considerado como elemento facilitador. Imagine, por ejemplo, que concurren aliados el PRM y el Frente Amplio cada uno con un candidato, si las primarias son abiertas habrá ciudadanos que irán a marcar el candidato y no el partido, si son independientes.
El segundo elemento que a estas alturas del juego (con lo que sabemos) debiera considerarse es que en el Párrafo II del artículo 42 se establece la precupación por que un elector pueda votar por más de un partido. Es de vital importancia para el carácter democrático de las primarias que se establezcan procedimientos que impidan que un elector que milite en un partido pueda votar por candidatos de otro partido, allí está el secreto de una primaria que promueva la participación de la ciudadanía.
Sin duda se debe seguir revisando la propuesta legal que por decisión constitucional verá o no la luz en el poder legislativo. Por ejemplo, respecto del financiamiento que aprentemente sufrió un retroceso entre la primera y segunda lectura en el Senado. Hay que seguir dándole más vueltas al tema de la propaganda pues es muy positivo restringirla, especialmente aquí en que el despliegue es francamente impresentable, pero… las restricciones juegan a favor de los que desempeñan el cargo y en contra de quienes aspiran a ejercerlo por primera vez.
Es la hora de las confianzas en la posibilidad de una institucionalidad donde como diría el ex presidente Lagos “las instituciones funcionen” y para que funcionen hay también que hacerse preguntas incómodas. Por lo general ese tipo de preguntas traen al primer plano prácticas incompatibles en los regímenes democráticos: si como parece, el proceso electoral incluirá primarias ¿Cómo entender que la Junta Central Electoral esté presidida por un funcionario que ha sido adalid de la oposición a esta modalidad de selección de candidatos a cargos de elección popular?
Ahora solo queda hacer esfuerzos que mejoren la representación, la participación, la construcción democrática. Esos son en mi opinión los parámetros con que se deben evaluar las iniciativas legales que están en discusión en el poder legislativo. Otra forma de evaluación no tiene otro modelo que el Partido Dominicano y otra intención que impedir la suspensión de esta continuidad oprobiosa que clama desde hace más de medio siglo por una ruptura.