Cuando no se ha planificado previamente los efectos que produce un hecho, se recurre a prácticas mediáticas insustanciales que traen como resultado recaer en el mismo episodio producto del error cometido varias veces. Este es elemento más común entre la violencia que se ejerce desde dentro y fuera de los hogares en Republica Dominicana contra de las mujeres. Así como la escasez de políticas públicas tendentes a detectar a tiempo, los niveles de riesgo a los que se enfrentan las mismas.
Evidentemente el Estado; no ha sido capaz de diseñar a corto, mediano y largo plazo, proyectos destinados a la prevención efectiva de la violencia contra las mujeres. Una violencia que muy a pesar de ser descubierta por el hecho consumado; genera un pasivo familiar y social que lastra el futuro de generaciones enteras. Por lo tanto; urge la elaboración de un programa efectivo, del cual resulte, de una vez y por todas, la disminución seria de los feminicidios y las garantías de una detección oportuna por parte del mismo Estado.
Los niveles a los que ha llegado la sociedad dominicana en materia de maltratos, violencia y crímenes de las féminas a manos de sus parejas, exparejas o pretendientes, debería; aunque hasta el momento el silencio es dueño del escenario, activar todas las alarmas y revisar la efectividad de los programas e instituciones destinadas a la protección de la familia. Instituciones que hasta este momento, no han dado a la sociedad las respuestas que amerita este tema. Un flagelo que se ha convertido en la epidemia dominicana de este siglo.
Este gobierno que no da pie con bola, ha perdido irremediablemente la batalla frente a la inseguridad ciudadana y la criminalidad. No obstante; saca las peores calificaciones en el abordaje de la violencia de género, como expresión material de una sociedad aparentemente enferma. Esto porque las entidades llamadas a intervenir de forma efectiva en el asunto, no han podido de manera conjunta, elaborar programas de intervención psicosocial focalizados a prevenir los hechos que generan sangre, luto y destrucción de los hogares cada día.
El error gravita en el empeño irracional de mantener un sistema intervención con enfoques reactivos y no establecer, mediante la realización de estudios sinceros, las medidas de prevención pertinentes a tales casos. Es por ello que asistimos escalonadamente a un escenario donde las victimas se multiplican. No solo por el número casos; sino por la incalculable cantidad de huérfanos que deja tal desgracia. Sin que ninguna entidad intervenga en aras de mitigar las dolencias psicológicas que arrastrarán de por vida los hijos y familiares de las víctimas.
El Estado tiene la irrenunciable obligación de desarrollar políticas que garanticen la preservación y protección de la vida. Debe velar permanentemente por la integridad física y moral de aquellos que por condiciones especiales se encuentren en desventaja frente a otros. Ese es el caso de tantas mujeres víctimas de un machismo enfermizo, arraigado en la psique del hombre criollo y prohijado por un Estado indolente que no ha querido utilizar las herramientas necesarias para poner fin a un dolor que se prolonga a través de los tiempos.
Una buena intervención temprana a las familias vulnerables y una eficaz educación, que cumpla un programa desde los centros educativos, la promoción del respeto a las mujeres y la aceptación como ente en condiciones de igualdad en los ámbitos sociales. Una enseñanza que se transmita de hijos a padres y que se promueva desde todos los ámbitos de la vida en sociedad. A sabiendas que. “La educación social bien entendida puede sacar siempre de un alma, cualquiera que sea, toda la utilidad que contenga”. –Víctor Hugo-. Disminuirá notablemente, el pasivo que deja a su paso la violencia contra la mujer y llevará paz a los hogares dominicanos.