“En tiempos de crisis unos lloran
y otros venden pañuelos…”
Antes de la anulación de las elecciones del domingo había empezado a escribir un artículo con el título de “¿Que hay de nuevo?” pero, como saben, todo cambió de color.
Serían las 2 de la tarde cuando observé que los y las analistas caminaban por el camino del lado, pues casi tres horas después insistían en los achaques de “electoralitis aguda” como si todavía no cayeran en cuenta de que no habría elecciones. Periodistas y enterados -casi todos intelectuales agónicos- persistían en concentrarse en el tema de las encuestas (fallaron TODAS) y en cuándo se realizará la elección suspendida con opiniones tan disparatadas como proponer unir las tres elecciones en mayo y que nadie en sus cabales repetiría ahora.
Para el mundo intelectual y para los políticos democráticos lo ocurrido es una invitación a ver las cosas con otra perspectiva, a verlo como un eslabón más de esta cadena que no acaba de romperse y que no se cansa de evitar la democracia. ¿O es que alguien podría sentirse más joven viviendo como si aun estuviéramos en el 1994?
Pero, en fin, tratando de observar los últimos sucesos con el acento en que lo importante es que haya democracia y no solo elecciones, deberíamos mirar lo ocurrido con algo de la experiencia histórica en mente: no hay futuro ni presente sin pasado y si puede resultar tragicómico retornar al 1994 mucho peor sería retornar al 1963.
“Hoy, todo apuntaba a una contundente e histórica victoria de nuestras fuerzas”, eso es bastante parecido a Peña Gómez durmiendo siesta esperando que caiga un mango que como todos saben no cayó. Nadie insistió en conocer el nombre de los responsables de dos hechos bochornosos: el fraude electoral y el cambio del texto de los acuerdos para superar la crisis. Esa señaladísima experiencia pone en duda la conveniencia y la eficacia de este tipo de acuerdos en plena efervescencia de una crisis.
La historia nos dice que es improbable que conozcamos los nombres de los responsables de las acciones que provocaron la suspensión de las elecciones. Lo que resulta completamente innegable es que constitucionalmente la Junta Central Electoral es la responsable de la realización de las elecciones: “Artículo 212.- Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral es un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa, presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será́ organizar y dirigir las asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes.”
Entonces, si se desea una salida institucional ese artículo 212 marca el punto de partida y el camino. Para recorrerlo sería necesaria una nueva Junta, puesto que la actual no pudo. Solo desde allí, desde una nueva Junta se podría organizar el proceso electoral pendiente y la salida a la crisis política.
Para entender este embrollo es preciso recordar también que cuando se nombró a esta Junta Reinaldo Pared tuvo que aclarar que “aunque Castaños Guzmán figura en la lista del Partido Revolucionario Moderno (PRM), fue propuesto primero por monseñor Agripino Núñez Collado, y cuenta con el aval del presidente Danilo Medina y el presidente del PLD, Leonel Fernández a quienes Pared consultó.” (https://cdn.com.do/2016/11/11/julio-cesar-castanos-acepta-presidir-la-jce/) Ese antecedente ayuda a entender las actitudes frente a la Junta. En un país donde la impunidad es también política resulta casi imposible que los que apoyaron el nombramiento ahora reconozcan que se equivocaron. Por el contrario, optan por elegir la errática búsqueda de posiciones que les den algunas ventajas y en lugar de propiciar el avance democrático, hacen que siga siendo cada vez más remoto.
Veamos. Alguien con una pizca de amor a la soberanía -especialmente si es latinoamericano- no puede pedir la mediación de la OEA. En primer lugar, entre otros, por 1965; en segundo lugar porque la OEA no está aquí como mediadora, sino como observadora; y en tercer lugar porque por más que he buscado, no he podido encontrar un solo caso en que la OEA haya solucionado o participado en la solución de alguna crisis política en el continente.
Estamos frente a una crisis del sistema político, especialmente respecto a la organización de los poderes públicos, a sus interrelaciones, a su capacidad de cumplir con sus funciones y salir de la crisis no va a ser fácil si no se asumen los desafíos con una voluntad transformadora, progresiva y democrática, especialmente respecto de asumir cómo la cultura política (que es parte del sistema político) hace todo más difícil. Así las cosas, se debe entender que la responsabilidad es de los partidos políticos que son los que estimulan el funcionamiento de las instituciones. Es la hora de que las instituciones funcionen y nada tienen que hacer en este esfuerzo los grupos de presión, ni “aquellos que hacen política fuera de los partidos”, mucho menos aquellos con conflictos de intereses por sus fuentes de financiamiento extranjero.
Triste y nuevamente, la evolución de la crisis parece no apuntar a los responsables de incumplir sus obligaciones constitucionales sino a buscar acomodos menores dentro de un reordenamiento político demasiado parecido a un bloque de infeliz memoria en República Dominicana: los cívicos, un sector de la jerarquía católica, los poderes fácticos, un sector del gran empresariado y la embajada. Todo supongo muy monitoreado por el abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani. Detectarlos no es difícil (siga el dinero), ni despejar la incógnita de quién es el brazo político de este intento de resucitar el bloque de 1963 que en estos tiempos de neoliberalismo salvaje son una apuesta al fracaso de la construcción democrática, un fracaso frente a una sociedad que está cerca -por razones etáreas, no por diazepanes- de tener que experimentar en su pensión propia lo que significan las AFPs, o la falta de educación pública o de asistencia de salud. Eso es lo que viene, lo sabemos los chilenos y ya pusieron reversa los argentinos y observen a Perú, a Panamá, a Ecuador…
La reconstrucción de un bloque similar al de 1963 en el marco del neoliberalismo hegemónico y dirigido por políticos que en realidad son empresarios de gran fortuna -herederos-, cuestionará lo poco que queda de Estado en la República Dominicana. Desde la función estatal eso representará la ausencia total de la plena vigencia de los derechos humanos y de su exigibilidad, asunto que debería ser motivo principal de la acción política.
Y lo peor, que como ha sido tantas veces denunciado, sin alternativa.