El año que recién finaliza, como ningún otro, dejó experiencias negativas para el sostenimiento de la legalidad y la institucionalidad democrática en el país. En ese año, se acentuó la impunidad, desbordó la pasión de los morados por los recueros públicos, se incrementó la corrupción y mostró, hasta donde es capaz de llegar el danilismo con el fin de justificar y proteger sus acólitos. Se expuso  aunque no del todo, el deseo de un pueblo hambriento y sediento de justicia, luchando con determinación y en forma pacífica por la erradicación de del cáncer que corroe el aparato del Estado.

Haciendo un análisis superficial de los temas que por su notoriedad causaron asombro y provocaron reacciones en contra de este sistema podrido, podemos afirmar que el 2017, ha dejado en números rojos al país, todo por la ambición desmedida del poder. Para muestra, el caso de corrupción más impactante de todos los tiempos y el mismo que involucra a más de diez países de América Latina, y el que ha dejado en otros lares un saldo interesante de políticos procesados y encarcelados por su vinculación con los hechos delictivos. Me refiero a Odebrecht.

Aquí, el año que finalizó, el escándalo transnacional solo fue foco de distracción y manipulación, con el que se mantuvo entretenido al pueblo mientras los imputados; por lo bajo negociaban indulgencias con el gobierno, cómplice furtivo del hecho punible. Para oxigenar la opinión pública y sin la mínima intención de actuar en justicia, el peledismo gobernante sacó de debajo de las mangas el caso Diandino Peña y sus empresas de carpeta, hombre fuerte del leonelismo, utilizado como conejillo de indias para divertir la gente y bajar los ánimos caldeados de la sociedad que reclamaba justicia. 

El tiempo corría a toda prisa y antes de lo esperado otro caso impactó la sociedad. Todo un barrio con una historia de más 30 años había sido regalado por un altruista del gobierno a una compañía que tiene vínculos con un empresario-político o político-empresario. Al compás de aquello, un aumento significativo de los atracos, los homicidios, el narcotráfico, y las terribles muertes de mujeres desprotegidas a manos de sus parejas, la mortalidad materna e infantil, el hambre… la miseria, fueron el pan nuestro de cada día.

Antes de eso, un 14 de febrero y a plena luz del día, la corrupción administrativa se llevaba en sus garras la vida de dos comunicadores en San Pedro de Macorís. Allí nueva vez afloraba la venta irregular y mafiosa de terrenos pertenecientes al CEA, hecho por el que al igual que en muchos otros, nadie guarda prisión.

Cuando se pensaba que todo lo habíamos visto, salió a relucir la fuga espectacular de un interno, que de no ser por la torpeza de algunos actores, hoy estaríamos ajenos a lo sucedido. En este caso se evidenció la complicidad de todo un sistema que se suponía destinado a vigilar y garantizar el cumplimiento de la pena impuesta, al servicio de la trama que vino a confirmar que este régimen de justicia criolla, necesita una profilaxis profunda. Y sin embargo es otro caso muerto y sin aparente intención de resolver por las autoridades competentes. “El caso Quirinito”.

Varios días después del escándalo antes mencionado, un secuestro en el campus universitario de la primada de América dejó atónito al país, reflejando los tentáculos de una pandilla dirigida desde los sectores más cercanos al maestro de la orquesta. Las técnicas utilizadas por unos mercenarios,  para secuestrar y después asesinar al abogado Yuniol Ramírez, nos dice que en el Estado se ha estructurado una mafia, que hará lo que sea para seguir ordeñando la teta pública, no importa lo  que ello implique.

Ojalá que este año que comienza, haya un despertar de la colectividad y que se logre por medio de la razón, la cohesión que las fuerzas opositoras y la Sociedad Civil necesitan, para que de una buena vez y por todas, se creen las herramientas políticas que traigan el fin de la era de Danilo Medina. Para ello se debe hacer uso de lo que dice un escritor – es la frontera que divide entre el animal y el hombrela inteligencia y evitar, que haya otro balance desastroso para el desarrollo social, político, democrático y económico de nuestro país.