Las organizaciones partidarias son indispensables para el sistema democrático y para su desarrollo necesitan recursos que satisfagan los costos de la competencia electoral. A la par es necesario reforzar y ampliar la cobertura de la orientación a los ciudadanos sobre el control activo que pueden ejercer en el financiamiento politico, dar a conocer los mecanismos de transparencia exigibles y las vías para reclamar informacion sobre el manejo de los fondos captados por los partidos políticos.
Es un hecho que el dinero que emplean los partidos políticos en campañas proselitistas y el mantenimiento de su estructura física y humana es un asunto relevante, no sólo por las cantidades implicadas o por sus fuentes de origen, sino porque los sistemas de partidos políticos se han vuelto la columna vertebral del estado democrático, como explica Angelo Panebianco en en su libro Modelos de Partido. Es en este contexto que surge la regulación del financiamiento de las organizaciones políticas y campañas electorales.
A pesar de la importancia que tiene el dinero en la política, en muchos países ha surgido un descontento generalizado con respecto a los partidos políticos y a quienes ejercen la actividad política partidaria, debiéndose principalmente a la insatisfacción ciudadana con la forma en que los actores políticos administran los fondos captados, provocando un impacto negativo en la calidad de la democracia.
Ese malestar ciudadano ha incidido en el aumento de la percepción de corrupción y en la desconfianza en las organizaciones políticas, así lo refleja el Barómetro Global de la Corrupción (2005 y 2013) auspiciado por Transparencia Internacional, donde la variable “percepción de la corrupción” en los partidos políticos es generalizada e incluso supera la de los ámbitos judiciales y policiales. En República Dominicana, los encuestados consideran a los partidos políticos como las instituciones más corruptas de la sociedad.
La situación descrita genera un sentimiento colectivo de impotencia ante lo complejo que resultaría solucionar las conductas ilegales presumidas en unos casos y confirmadas en otros. Sin embargo, la sociedad civil tiene la posibilidad de incidir, e incide, de forma positiva en la transparencia del financiamiento político y en el combate a la corrupción, asumiendo un rol de veedor social y de esta manera complementar el control estatal.
Los ciudadanos dominicanos pueden denunciar las violaciones al marco normativo en materia electoral y de partidos, Leyes 33-18 y 15-19, incentivar que se realicen investigaciones en torno a los casos sospechosos de financiamiento con fines corruptos y exigir que se transparenten los gastos de las campañas políticas y los gastos corrientes de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos. En fin, el control ciudadano contribuye en la vigilancia y denuncia de tales actos, fortaleciendo el sistema de control financiero.
Otro papel que debe desempeñar la ciudadanía es la de vigilar que el o los órganos competentes cumplan su función de fiscalización, vigilancia o judicialización. Por consiguiente, en el caso de la Junta Central Electoral, con ciertas inconsistencias, se fuerza a mejorar el desempeño en atención a los reclamos de ciudadanos particulares, de los propios actores políticos y de los medios de comunicación.
La sociedad civil puede utilizar estrategias innovadoras para dificultar que los actores políticos se valgan de los vacíos legales o se aprovechen de otro modo de financiamiento irregular. Una opción es implementar acciones focalizadas en la creación de base de datos que transparenten los ingresos y egresos de las organizaciones partidarias, pues a pesar del desarrollo de las plataformas digitales que permiten difundir la información sobre este tema, la ciudadanía no tiene suficiente acceso a los datos sobre el financiamiento político. Para ser efectiva y eficiente esa labor de control deben abarcarse los períodos pre, peri y post electoral, haciendo hincapié en la última, al ser ese largo ciclo un reflejo de la financiación que se realizó en la contienda electoral.
Entendamos que los partidos políticos y entidades de similar naturaleza deben apoyar el fortalecimiento del régimen democrático constitucional y esa contribución tiene un precio, lo que no exime a la sociedad civil de ejercer su control ciudadano y velar porque los recursos sean utilizados para fines legítimos.