Los partidos políticos dan la impresión de que al tema de la corrupción “le huyen como el diablo a la cruz”. Alianza Pais es el único que ha arremetido con estridencia en su contra, haciendo de su abominación de ese flagelo su blasón diferenciador. El líder del opositor PRM, por su lado, ha tronado algunas veces contra la impunidad y la corrupción, pero lo único que ha prometido es un Procurador General independiente. Frente a este incordio, el cual aparece entre los más graves que percibe el electorado, los partidos políticos hacen poco caso y el PLD ni se entera. Con la honrosa excepción de la APD, el resto de los minoritarios no parece darse por aludido.
La corrupción es una mayúscula retranca al desarrollo nacional porque corroe la institucionalidad democrática y degrada las fibras morales de la sociedad. En su edición de octubre del 2017, la encuesta Gallup-HOY reportó que el 89% de los dominicanos calificaba como “muy alarmantes” sus niveles. Ya en septiembre del 2018, esa encuestadora reportó que el 58% de los encuestados percibía “más manejo inadecuado de los recursos estatales que antes.” Pero en mayo del 2019, un 69% creía que el gobierno actual había fracasado en su lucha contra la corrupción. Y en la versión de enero de este año el 59% reportó que en el gobierno del PLD hay más corrupción que antes. En los dos últimos meses, la encuestadora Mark Penn posiciona el flagelo como el cuarto problema más importante del país, mientras la Greenberg le atribuye el principal impulso del voto opositor.
¿Quién pone caso en la presente coyuntura electoral? Greenberg reportó que “la corrupción es realmente la preocupación dominante y el tema que impulsa estas elecciones. Cuarenta y cinco por ciento dice que es una de las principales preocupaciones, 15 puntos más que en 2016. Y las preocupaciones sobre la corrupción han superado a las relacionadas con el crimen y el desempleo.” Sin embargo, la persistente prominencia del problema no concita una respuesta electoral contundente de parte de la partidocracia. Las veces que algunas voces de la sociedad civil le han reclamado producir un programa anticorrupción la petición ha caído en oído sordo.
De cara a esta “negligencia benigna” de la partidocracia, muchos jóvenes que votarán por el PRM creen que, aun si gana ese partido, no habrá el gran cambio prometido. Al país le conviene un cambio en el partido de gobierno, pero una gran parte de la juventud, presa de descreimiento, asume que la motivación principal de los perremeístas es llegar al poder para poder saciar sus apetencias pecuniarias. Perciben que quieren llegar al poder para lucrarse, no para engrandecer la república. Esa también es su percepción respecto a los partidos minoritarios y hasta de algunas instancias de la sociedad civil. Esta preocupante percepción sin duda se deriva de la practica clientelista que ha caracterizado la cultura política del país en la época postrujillista.
Estamos pues abocados a que un cambio de gobierno en el próximo agosto se traduzca en un gran desencanto nacional. Esto así no solo porque en sus ofertas electorales los partidos le dan la espalda a un problema tan medular para el desarrollo como es la corrupción, sino porque fenómenos tales como la Marcha Verde y el de las protestas juveniles ante la Plaza de la Bandera han generado una colosal deuda política. El espectro de esa marcada desilusión pone en entredicho la gobernabilidad en gestación. Si no se materializa un salto cualitativo de la práctica política, especialmente en materia de corrupción, podríamos vernos frente a un abismo insondable, especialmente si el partido que asuma en agosto adopta el odioso “borrón y cuenta nueva”.
La Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos establece claramente, en el Articulo 3, que estos “se organizan con el fin primordial de contribuir al fortalecimiento del régimen democrático constitucional, acceder a cargos de elección popular e influir legítimamente en la dirección del Estado en sus diferentes instancias, expresando la voluntad ciudadana, para servir al interés nacional y propiciar el bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad.” El quehacer cotidiano de los partidos minoritarios, sin embargo, se concentra en la primera parte de este enunciado, soslayando que su raison d’etre es “servir al interés nacional y propiciar el bienestar colectivo y el desarrollo integral de la sociedad”. Esto último es su deber patriótico fundamental y no priorizar esa causa representa una distopia con el patriotismo ausente.
De hecho, el Articulo 10 de la citada Ley indica que los partidos “presentarán al país sus declaraciones de principios, políticas y programas de conducción del Estado”. En el Articulo 13, acápite 5 se especifica que sus atribuciones incluyen: “Elaborar y ejecutar planes y programas políticos, económicos y sociales que contribuyan a solucionar los problemas nacionales en el marco de la transparencia, la honradez, responsabilidad, la justicia, equidad y solidaridad.” Sin embargo, la práctica política de los minoritarios tiende a limitarse a sus tácticas electorales y a sus aprestos de alianzas partidarias como forma de “acceder a cargos de elección popular” y a ocupar posiciones bien remuneradas de la administración pública.
Aunque con frecuencia sus pronunciamientos ocupan los medios de comunicación, los minoritarios casi siempre se concentran en proponer atajos o a sugerir medidas que la JCE debería tomar para facilitar su participación en los procesos electorales. Porque la prensa no los recoge, se desconoce si estos partidos han cumplido con lo que dispone el Articulo 24, acápite 3 de la referida ley: “Depositar en la Junta Central Electoral y juntas electorales el Plan de Gobierno Nacional y Local, a más tardar treinta días después de inscritas las candidaturas de los candidatos presidenciales y municipales.” Si han depositado esos planes, de cualquier modo, son culpables de no enarbolarlos en sus declaraciones publicas y de esquivar confrontaciones sobre sus propuestas de desarrollo.
Por eso es que los minoritarios tendrían una magnífica oportunidad para granjearse el favor del electorado si enarbolaran la bandera anticorrupción como su principal estandarte de lucha. Esto así aun en el marco de sus ya establecidas alianzas partidarias; esa conexión no les impide hacer propuestas propias. Con solo trabajar ese tema, por demás de cimera importancia para los votantes, llamarían la atención mucho más de lo que consiguen ahora. Si lo que reportan las encuestas sobre su actual nivel de empatía con el electorado es una guía, los minoritarios están emplazados a encabezar una cruzada anticorrupción so pena de desaparecer del escenario político nacional al no obtener el mínimo de votación requerida para conservar su personería jurídica.
A dos meses de las venideras elecciones los minoritarios disponen de las propuestas anticorrupción que ha formulado Participación Ciudadana. Restando solo dos meses para las elecciones, sin embargo, podrían centrarse en unas pocas. Por ejemplo, 1) el degradante nepotismo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, 2) ineficacia de la Cámara de Cuentas, 2) cultura clientelar propiciada por los “barrilitos” y “cofrecitos” del Congreso, 3) aplicación rigurosa de la vigente Ley de Regulación Salarial, 4) inexistencia de practicas fiscalizadoras del Congreso, 5) Ministerio Publico independiente y recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura, 6) reconversión de la Liga Municipal Dominicana en auxiliar de la Cámara de Cuentas en la fiscalización de los cabildos, y 7) creación de un mecanismo para participar en el examen de la Rendición de Cuentas que hace el Poder Ejecutivo ante el Congreso en febrero de cada año. Con propuestas serias sobre situaciones como esas los minoritarios podrían presentar su utopía al electorado y evitar la debacle de su desaparición.