El modus operanti para el financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, está regulado mínimamente a partir del artículo 45 de la Ley Electoral Dominicana No 275-97, el mismo es un sistema mixto, el cual admite el financiamiento público y el financiamiento privado.
El Financiamiento público comprende las actividades permanentes de los partidos políticos así como las campañas electorales, clasificando los aportes en 0.25 % de los ingresos nacionales para los años electorales y 0.5 para los años no electorales, el financiamiento público y privado de dichas entidad, está rodeado de opacidad y secreto.
El Proyecto de Presupuesto General del Estado para el año 2015, contempla una asignación de RD$805,043.460 para los partidos políticos, de igual manera se indica que en relación al sistema tributario y el proceso para la estimación del gasto tributario, los tipos de impuesto, donde identificamos que una carga importante de los fondos de los partidos políticos provienen de los impuestos sobre los hidrocarburos gravados con un impuesto específico y un impuesto Ad Valorem.
Además el referido Proyecto de Presupuesto 2015, establece que: “El ISC específico sobre hidrocarburos se establece en la Ley No. 112-00 sobre Hidrocarburos y sus modificaciones, el cual es utilizado fundamentalmente en el pago del servicio de la deuda externa dominicana, el fomento de programas de energía alternativa y aportar ingresos a los partidos políticos”.
El sistema de financiamiento de los partidos políticos, además de la asignación de los recursos público también gozan de financiamiento “indirecto”, presumimos que también reciben aportes ilegales e ilegítimos producto del crimen internacional organizado, del narcotráfico, de la corrupción y el lavado de activo, si consideramos que no existe un tope, ni controles efectivos para los aportes privados a las campañas electorales, fomentando la práctica del rentismo.
Los partidos políticos como destinatarios de fondos públicos son sujetos obligados al cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información, para garantizar el principio de publicidad de la gestión de los recursos financiero, disposición violentada de manera expresa por todas los partidos políticos en la República Dominicana, de manera especial, la ilegalidad que promueven toca al Reglamento de Aplicación de la referida Ley, que establece: “En el caso de los partidos políticos constituidos o en formación, la información que debe ser divulgada incluirá el origen y destino de todo su patrimonio, así como la identidad de sus contribuyentes públicos y privados”.
Los partidos políticos están de espalda de los requerimientos de transparencia y rendición de cuentas, aún persisten en operar bajo criterios de ilegalidad, opacidad y manejos oscuros de los asuntos de interés colectivo, transgrediendo todas las exigencias de rendición de cuentas y transparencia, sin importar los fundamentos Constitucionales y las disposiciones normativas.
En el país se evidencia escasos mecanismos de control del financiamiento políticos, en la práctica la supervisión que ha ejercicio la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas sobre el manejo financiero de los partidos políticos, ha estado sujeta a la recepción de informes y escaso sistema de consecuencia cuando se evidencia irregularidades en la administración de los recursos en los partidos políticos, los cuales no han sido objeto de ningún seguimiento riguroso.
Los partidos políticos lo podemos clasificar como “entidades de interés público”, entonces podemos inferir que toda persona natural o jurídica tiene el derecho a conocer sobre su accionar y fiscalizar los recursos que disponen estas organizaciones, entidades que están obligadas a transparentar sus acciones y ponerla al escrutinio de los ciudadanos/as.
En relación al financiamiento de los partidos, queremos, debemos y tenemos el derecho a saber, ¿Quién financia sus actividades? y ¿En qué actividades disponen de estos recursos? ¿Cuánto ha sido el aporte económico privado a la campaña de un candidato? ¿A cuales interés legales o ilícito responde, quien financia la campaña? ¿A quién se le retribuyen favores políticos?
En el país hace 14 años se discuten distintas propuesta para regular los partidos y las agrupaciones políticas, recientemente el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) deposito en el Congreso Nacional una nueva versión, a la cual nos vamos a referir, por las inconsistencias, debilidades y ausencia para robustecer un nuevo sistema de control del financiamiento político en la RD.
Primero debo indicar que en una ley de partidos político los capítulos para regular el financiamiento, debe considerar de manera medular, imposibilitar y frenar que grandes poderes económicos, el crimen internacional organizado, las mafias y carteles capturen o se asocien con los partidos y candidatos, de ahí la importancia de frenar la entrada del dinero sucio en el sistema político.
La regulación que adopte el país para controlar el financiamiento políticos, debe incluir, de manera expresa, que están ausente en el proyecto de ley de partidos introducido por el PLD, los límites del gasto de la campaña o de los candidatos, prohibición o regulación del financiamiento privado, estableciendo topes a las contribuciones, no indica las disposiciones para definir ¿Quiénes puede contribuir? ¿Quiénes puede recibir? ¿En qué momento pueden financiar? ¿Qué monto se puede dar y recibir?, ni incluye las disposiciones el control del acceso a los medios de comunicación de masas, tanto gratuito como pagado, no incluyen medidas de tarifas cobradas, ni mecanismos para monitorear la intervención económica de los propietarios de medios en la política o la prohibiendo cualquier aporte por parte de funcionarios públicos.
Claro, no estamos muy convencido que la aprobación de una nueva Ley de Partidos resolvería el problema de la falta de transparencia y control en el sistema de partidos, consideramos que en nuestra vida institucional en los actuales momentos y los actores que se pretende regular, la existencia de una ley no importaría mucho, igual será violada como ocurre en la actualidad con el ordenamiento legal vigente.
Los millones que se pierden….. ¿ Para qué financiar los partidos político?