Recientemente, se ha iniciado un debate en torno a la propuesta de reforma fiscal incluida en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2021, pues gran parte de la población ha manifestado su rechazo al aumento o creación de nuevos impuestos, a pesar de existir una necesidad impostergable de aumentar los ingresos del Estado dominicano producto de las secuelas del COVID-19 y del déficit que se venía arrastrando. Tomando en cuenta el gran dilema en el que nos encontramos inmersos como nación, estaremos exponiendo, puntualmente, nuestras consideraciones técnicas sobre la referida propuesta de reforma fiscal incluida en el proyecto de ley, a fines de aportar ideas al debate.
Globalmente, la recaudación de impuestos se ha visto dramáticamente afectada con el cierre de innumerables comercios y el aumento de la tasa de desempleo. Los gobiernos han cancelado y, en otros casos, han pospuesto algunas medidas fiscales que estaban en agenda para mantener a las empresas solventes. En efecto, se perfila que, al menos, dentro de los próximos dos años los gobiernos, a nivel mundial, estarán gastando mucho más y recaudando menos de lo que se había anticipado. De manera que deberán identificar, muy cuidadosamente, nuevas fuentes de ingreso.
En nuestro caso específico, el Estado dominicano ha tenido que articular un plan de acción para la generación de ingresos que ha conllevado formular una propuesta de reforma fiscal en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2021. Entre las propuestas establecidas en el proyecto de ley, las cuales se prevé que sean de aplicación transitoria en el año 2021, se encuentran las siguientes:
Revisando estas medidas, se ha interpretado que la clase media sería la más afectada. Una de las más controversiales es la eliminación de la exención del salario de Navidad. También ha llamado mucho la atención la iniciativa de gravar los servicios digitales, pero la realidad es que hay una tendencia mundial que persigue gravar estas operaciones; lo que el Estado debe evaluar es aplicar un gravamen a las empresas de estas plataformas generadoras de riquezas más que a los usuarios per se. Otra que ha desatado una gran cantidad de críticas es el gravamen que se quiere imponer a operaciones en moneda extranjera, de la cual no se espera mucha efectividad en la recaudación, pues sería muy sencillo esquivar este impuesto con tan solo optar porque la operación se procese en pesos dominicanos, se pague en efectivo o transferencia, o se pague con una tarjeta de crédito de un banco no regulado en la República Dominicana.
En nuestro concepto, los impuestos a aplicar deben ser sostenibles, que no deterioren la situación económica actual, y siempre en respeto al principio constitucional de capacidad contributiva. A tales efectos, internacionalmente se está considerando la imposición a la riqueza y las operaciones que se ejecutan a través de plataformas digitales (la cual se está discutiendo en República Dominicana, como parte de la reforma que se pretende incluir). A nuestro juicio, localmente, se podrían tomar otras iniciativas, tales como extender la aplicación del Impuesto a la Constitución de Sociedades al capital asignado de sociedades extranjeras, crear la figura de “inversión del sujeto pasivo” en el ITBIS, a fines de recaudar el impuesto cuando no residentes fiscales prestan servicios puntuales en el país, entre otras. Asimismo, para aumentar la recaudación entendemos que se debe reforzar la aplicación de la legislación vigente en toda su extensión. Verbigracia, formalizar un proceso para gravar las ganancias derivadas de las ventas indirectas de acciones, instaurar un mecanismo simple para completar el pago del ISR para personas físicas que han sido objeto de retención de solo un 10%, así como muchas otras que disminuyan la facilitación de la evasión fiscal y la planificación fiscal agresiva.
Siendo sensatos, ha de concluirse que ahora no es momento de atacar, sino de unirnos como dominicanos para aportar con soluciones inteligentes, en el marco de críticas constructivas. Recordemos el viejo adagio que reza: “solo llegas más rápido, pero juntos llegamos más lejos”. Para construir el país que queremos, debemos aportar con ideas y, por supuesto, con las cargas sociales también. No hay un buen ciudadano que no sea buen contribuyente. Exigimos transparencia al Estado y a nuestros funcionarios, pero debemos preguntarnos, ¿y nosotros realmente somos transparentes con el Estado y estamos comprometidos con aportar?