El Estado dominicano, como conjunto de normas, está estructurado formalmente para evitar las infracciones de sus ciudadanos y proteger como constituye dicho conjunto, de forma efectiva, el bien común. Así mismo, ser fiel garante de derechos fundamentales que le son inherentes e inalienables al dominicano. Concebido como tal, para marcar pautas de convivencia con el monopolio de la fuerza como plantea Max Weber, y evitar una anomia que perturbe la paz social.
La concepción de un hilo conductor entre la ley Formal y la ley Material como plantea Ferdinand Lassalle, extiende una responsabilidad ineludible para aquellos actores cuya función esencial es cumplirla y hacerla cumplir. El compromiso debe ser asumido como un sacerdocio, basado siempre en la prédica del ejemplo, enviando claras señales de que tanto mandantes, como mandatarios, están compelidos a ceñirse al estricto mandato de la norma.
La transparencia ha de ser entonces condición sine qua non para la administración de los poderes y recursos públicos en pos de instaurar un Estado modelo, capaz de establecer los sistemas permanentes de vigilancia y sanciones, que mitiguen los elementos que conforman el delito de desviación de recursos por parte de los funcionarios. Si esto se logra, podemos entonces aspirar a que haya una disminución de otros eventos que por sus características violentas, mantienen en vilo a la sociedad dominicana.
El fenómeno de la delincuencia, y lo saben aquellos cuya tarea es el estudio de la conducta del hombre y medio que lo rodea, no es posible medirlo sin establecer los patrones socioeconómicos y socioculturales que predominan en el espacio, siendo uno de los elementos constitutivos de mayor trascendencia, la desigualdad social. Originada fundamentalmente por la corrupción administrativa, actividad ilícita que se lleva entre las garras gran parte del dinero que debió ser invertido en programas de desarrollo humano, que eleven los niveles de vida de la gente común… la gente pobre.
La brecha social existente produce y es a su vez un ingrediente que crea al hombre marginal, notoriamente acorralado por las precariedades propias de su hábitat: hambre, insalubridad, desempleo, deserción escolar, falta de oportunidades y desintegración de la familia. Ante tal situación y la falta de políticas públicas enfocadas en enfrentar dichos males, adaptarse a un modus vivendi delictual los ayuda muchas veces, a paliar la desgracia que significa haber nacido en extrema pobreza.
En una introducción magistral, Víctor Hugo, plantea en el libro Los miserables: “Mientras a consecuencia de las leyes y las costumbres, exista una condena social que cree artificialmente infiernos en plena civilización, y enturbie con una fatalidad humana el destino, que es divino, mientras no se resuelvan los tres problemas del siglo: la degradación del hombre en el proletariado, la decadencia de la mujer por el hambre, la atrofia del niño por las tinieblas; mientras en ciertas regiones exista la asfixia social; en otros términos y desde un punto de vista más dilatado aún, mientras haya ignorancia y miseria sobre la tierra, libros de igual naturaleza que este podrán no ser inútiles”.
No quiero, ni mucho menos pretendo, ser un apologista de la delincuencia. Mi intención es analizar con cabeza fría, los escenarios que pueden conllevar a un ser humano en su lucha por la sobrevivencia, en un país donde el consumismo ha querido imponerse como ideología general, desprovisto de herramientas que les permitan acceder al aparato productivo, a convertirse en transgresor de la ley, virtualmente atrapado en la ignorancia y víctima de unos poderes que en vez de garantizarle una vida digna, los sumergen poco a poco al fondo de la miseria, que en sentido alguno se convierte en escuela del delito.
Los políticos dominicanos son totalmente responsables de las alteraciones sociales sufridas en los últimos años. La sociedad, sobre todo la que piensa, tiene que asumir un mea culpa por la indiferencia mostrada ante las prácticas dolosas de anteriores autoridades en el ejercicio de sus funciones. “Hace falta que la sociedad se mire conscientemente a sí misma y se horrorice” -Antón Chejov- y cooperar para que exista un régimen sancionador eficiente e imparcial como se hace ahora.
No podemos establecer culpas sin responsables, existe en la sociedad la necesidad de fomentar en el sistema un régimen donde los más perjudicados no sean siempre los que delinquen en menor escala, esos con los que este sistema ha sido extremadamente drástico, no solo sometiéndolos al orden, sino creando las atenuantes para convertirlos en malhechores y con ello poner un manto de impunidad a esos que llevaban varios lustros desfalcando sin piedad y sin castigo el Presupuesto Nacional.