El proyecto de ley, que modifica la ley No. 154-13, de Presupuesto General del Estado 2014, sometido por el Poder Ejecutivo a través del Senado de la República, demuestra una vez más la falta de planificación y transparencia en el manejo de los recursos públicos por parte del gobierno.
Igualmente, con el citado proyecto se reafirma la convicción del Ejecutivo que puede violar durante el año entero la ley de presupuesto que aprueba el Legislativo, ya que al final puede hacer que le “admitan” los gastos ilegales ejecutados, aprovechando la mayoría absoluta congresional del PLD.
El pasado 9 de septiembre, titulamos nuestra opinión en este medio: “Gobierno con problemas de financiamiento”, lo que llevó a un viceministro de Hacienda remitirme un correo electrónico donde me decía: “cometes un error en decir que el financiamiento va mal cuando los datos indican que van bien”.
Hoy mi artículo cobra la fuerza de que no especula, ni tenia errores en mis cálculos.
Faltando un mes para cerrar el año, mediante los artículos 4 y 5, del proyecto de ley, se solicita la autorización para que el Poder Ejecutivo, a través del ministerio de Hacienda, modifique las fuentes de financiamiento, donde se sustituyen RD$14,582.48 millones, que serían obtenidos de los organismos multilaterales para apoyo presupuestario y que no han sido desembolsados, fundamentalmente del Banco Mundial como habíamos dicho en septiembre, por un aumento del endeudamiento con Petrocaribe en RD$6,216 millones, y nuevas deudas con la banca comercial y bilateral por RD$8,366.48 millones.
Es preciso anotar que existen contradicciones entre los artículos 4 y 5, ya que las cifras no coinciden.
Al someter esta modificación se viola la Constitución, ya que en el caso de la banca comercial y bilateral una vez firmados los acuerdos de préstamos deben ser remitidos al Congreso Nacional para su ratificación, lo cual no se especifica en el proyecto de ley. En el caso de Petrocaribe, el procedimiento es automático y no necesita aprobación.
De igual manera, en el artículo 6, se pretende ocultar una operación a todas luces ilegal y contraria a la Constitución, cuando se dispone que: “se aprueba sustituir las apropiaciones presupuestarias de recursos externos del ministerio de Obras Públicas, correspondientes a los Proyectos: Boulevard Turístico del Este, Circunvalación de La Romana y Circunvalación de San Pedro de Macorís, para ser asignadas al Proyecto Ecovías Santiago”.
El monto involucrado para este proyecto Ecovías Santiago, no presupuestado originalmente y que al parecer se ejecuta al margen de la ley y sin registros en el SIGEF, es de RD$1,968.32 millones.
Y de seguro, veremos muy pronto algún nuevo proyecto de conversión de deudas no contempladas en el presupuesto.
En cuanto a las reformulaciones de los presupuestos de diferentes ministerios, donde se involucra un monto de RD$6,647.64 millones, surgen grandes interrogantes sobre la forma de planificar y presupuestar por parte del Poder Ejecutivo, así como el poco o ningún estudio y discusión de cada partida en el Poder Legislativo.
A la Presidencia de la República se le disminuye un monto de RD$1 mil 650 millones, reduciendo RD$1 mil 281 millones del programa Servicio Integral de Emergencias, que originalmente se le presupuestó un monto de RD$2 mil 500 millones; y a la OISOE, en la actividad Construcción y Reconstrucción de Carreteras, se le reducen RD$369 de un monto original aprobado de RD$526, a pesar de que administrativamente y de forma ilegal se había elevado a RD$1 mil 238 millones.
En Administración de Obligaciones del Tesoro, correspondiente al subsidio de la CDEEE, que al 30 de noviembre había ejecutado una suma de RD$34 mil millones de un total presupuestado de RD$43 mil millones, y que se habla de un atraso con los generadores de más de 600 millones de dólares, se le reduce inexplicablemente en RD$2 mil 812 millones.
Estas disminuciones son transferidas a otras dependencias gubernamentales, siendo significativo el aumento al ministerio de Relaciones Exteriores, en especial la suma de RD$968 millones destinados para el programa de Aplicación de la Política Exterior y Comercial del País, aumento equivalente al 19 % de su presupuesto original aprobado, cuando apenas falta un mes para terminar el año y donde se sabe existe un vulgar gasto clientelar.
En cambio, en el ministerio de Salud Pública, al programa de Atención a la Salud de las Personas, se le hace un aumento de RD$970 millones, equivalente a un 5 % de incremento con relación a lo aprobado.
Un aumento que no puede ser explicado son los RD$73.8 millones para el ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, cuya ejecución proyectada para final de año es de alrededor RD$1 mil 600 millones, equivalente al 54 % de su presupuesto original. ¿Para qué se le incrementa?
De igual manera podríamos analizar, partida por partida reformulada, y concluir preguntándonos: ¿Para qué una ley de presupuesto? ¿Dónde está la prioridad, la calidad del gasto? ¿Cuál es la institucionalidad democrática en este país?
Volvemos a insistir con este proyecto de modificación a la ley de Presupuesto General del Estado, que es responsabilidad del Congreso Nacional legislar en materia presupuestaria en estricto apego a la Constitución de la República y a las leyes del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE), que no puede seguir siendo un “sí, señor presidente, como usted ordene, haga lo que quiera que al final de año se lo legalizamos”.